CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes de una misión de observación internacional en materia de libertad de expresión lamentaron la falta de compromiso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para acabar con la impunidad en los homicidios y desapariciones de periodistas en el país, y para poner un alto a la estigmatización que ha incrementado el riesgo del ejercicio periodístico. En conferencia de prensa para dar a conocer resultados de su visita a México, miembros de 17 organizaciones internacionales y regionales de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el nivel de violencia contra la prensa, lo que –subrayaron-- contrasta con la reducción de los ataques a periodistas a nivel mundial. Emmanuel Colombe, de Reporteros sin Fronteras (RSF), fue el encargado de leer el informe de las primeras conclusiones de la misión de observación, destacando su preocupación por “la falta de compromiso que ha mostrado el Estado mexicano para resolver la grave crisis en materia de libertad de expresión, así como para reconocer la gravedad del problema”. Tras señalar que México se convirtió en el país “más mortífero del mundo” para los periodistas, resaltó que 99% de los homicidios y las desapariciones no se esclarecen, en tanto que no hay garantías para ejercer el oficio “sin temor a represalias, amenazas, violencias e intimidaciones”. La misión lamentó que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz manero, no aceptara reunirse con la misión, que fue recibida por funcionarios sin capacidad de formalizar compromisos. Es así que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), encabezada por Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, “no se comprometiera a reducir 2% anual la impunidad en crímenes contra periodistas, ni crear una mesa de trabajo para dar seguimiento a los casos de periodistas desaparecidos”. Sobre el trato dado a los reporteros por parte del gobierno federal, se retomó la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a los activistas que participaron en la conferencia mañanera de este miércoles, negando que utilice “un lenguaje que estigmatice a los periodistas”. Sin embargo, los integrantes de la misión destacaron que la estigmatización del gobierno de López Obrador a los medios y a los periodistas “es una de las mayores preocupaciones, ya que aumenta las condiciones de vulnerabilidad de las y los periodistas, sobre todo de quienes se encuentran en el interior de la República”. En ese sentido, los activistas internacionales expresaron que “preocupa el intento de camuflar como derecho de réplica el agravio y la descalificación en lugar de abonar a un debate abierto y plural”. “Esta postura es irresponsable y peligrosa en un país como México, donde al menos 10 periodistas han sido asesinados en lo que va de este año y las agresiones en su contra van en aumento”, leyó Colombe. La coalición de organizaciones apreció el compromiso de López Obrador de que “no serán usados sistemas de espionaje en su gobierno y que se garantizará el derecho de las víctimas de espionaje de gobiernos pasados para conocer qué información fue obtenida”. Por lo pronto, la misión arrancó algunos compromisos al gobierno federal, como reuniones semestrales con la FEADLE para revisar la aplicación del Protocolo homologado de investigación por ataques cometidos contra la libertad de expresión; instalar una mesa de trabajo para la implementación de las 104 recomendaciones al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas que formuló la oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (ONU-DH), y elaborar una plataforma para “consultar cada recomendación emitida por organismos internacionales y el estatus en que se encuentran”. Con legisladores de distintas bancadas, el compromiso establecido fue “trabajar con la sociedad civil para impulsar cambios legislativos”. Rachel Kay, de International Freedom of Expresion Exchange (IFEX), destacó que organizaciones internacionales mantienen una preocupación por el lenguaje expresado en el gobierno de López Obrador, ya que “la estigmatización de periodistas incrementa el nivel de riesgo, lo cual es muy peligroso”, sobre todo en un país como México, con altos niveles de violencia generalizada. La defensora destacó que la situación del país movilizó a representantes de 17 organizaciones, originarios de nueve países, que trabajaron en colaboración con agrupaciones locales, como Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), Artículo 19, Propuesta Cívica y Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), así como agrupaciones locales de periodistas, para conocer de primera mano la situación en la que trabaja el gremio. Luego de relatar que integrantes de la misión acudieron a la conferencia matutina del presidente López Obrador, quien ante los cuestionamientos de los defensores se negó a admitir que estigmatice a la prensa, Kay resaltó que la coalición de organizaciones se entrevistó con la vocería presidencial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Cancillería, así como con representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y senadores, quedando pendientes reuniones con diputados y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Lucía Lagunes, de Cimac, expuso que la violencia contra los periodistas es aún más agresiva en el caso de mujeres, por lo que condenó los “ataques sexistas, que son también un atentado contra la libertad de expresión”. La defensora lamentó que persistan los “discursos de odio en las redes sociales, lo que pone en riesgo a las mujeres periodistas, para lo cual no hay ninguna justificación”. Silver Meza, integrante de Iniciativa Sinaloa, reprobó que en ciudades con altos niveles de violencia “los periodistas estamos cansados de exigir justicia”, además de que estos escenarios “aumentan la incertidumbre y la precarización del trabajo”. Originario de Culiacán, Meza resaltó que los periodistas a quienes toca reportar lo que sucede en ciudades con presencia del poder del crimen organizado, enfrentan “una situación más compleja”, que debería se tomada en cuenta por el Estado para garantizar el ejercicio periodístico. Entre las organizaciones que enviaron representantes a México para realizar la misión de observación destacan, además del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) e International Media Suport (IMS), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Freedom House, Global Forum for Media Development (GFMD), Gulf Center for Human Rights (GCHR), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Internews, International Press Institute (IPI), International Women´s Media Foundation (IWMF), Palestinian Center for Development and Media Freedom (MADA), PEN America, Free Press Unlimited (FPU) y World Association of News Publishers (WAN-IFRA). Tras dar a conocer el informe, los activistas se trasladaron al Espacio de la Palabra, donde colocaron una ofrenda a los 10 periodistas asesinados este año. Jan Jarab, representante de ONU-DH, reconoció que el fortalecimiento del Mecanismo de Protección es necesario para que “la labor periodística goce de plena protección”, pero igual lo es el cambio cultural para que sea también “reconocida y protegida de esta violencia y amenazas, en todas sus formas, incluidas las demandas civiles exorbitantes que hemos evidenciado en los últimos años, cuando los hombres poderosos, empresarios y políticos, demandan a los periodistas para acallar la discusión pública”. Jarab reconoció que los periodistas en México “enfrentan una situación hiper compleja” al enfrentar intereses políticos, económicos y de la delincuencia organizada, de manera que “arriesgan su vida y no debería ser así”. En nombre de los periodistas, Verónica Espinosa, corresponsal de Proceso en Guanajuato, advirtió que, además de su trabajo cotidiano, muchos comunicadores han tomado calles para protestar, han trabajado en el diseño de leyes y mecanismos, pero la violencia contra el gremio es imparable. “Hemos hecho mucho, y al final siempre nos queda siempre hacer periodismo libre, el mejor periodismo. Este país nuestro lo necesita más que nunca; poner fin a la impunidad es obligación del Estado, el silencio no es opción”, sentenció.