CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el apoyo de Morena y aliados, la Cámara de Diputados dio luz verde para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga respaldo legal para congelar cuentas de usuarios en procesos judiciales que se inicien en México y no únicamente por procedimientos emprendidos desde el extranjero. La reforma fue planteada con la intención de subsanar cualquier acción de inconstitucionalidad, tomando en cuenta que en 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el amparo a una empresa contra el bloqueo de cuentas por parte de la UIF, por considerarla inconstitucional. El ponente fue el magistrado con licencia Eduardo Medina Mora. Con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones, los legisladores avalaron la minuta que llegó del Senado de la República y que reforma la Ley de Instituciones de Crédito, la cual contempla que cuando haya indicios de posible lavado de dinero o financiamiento de terrorismo se pueda actuar. Con ello, la UIF que encabeza Santiago Nieto se fortalece. Hace un mes, cuando estuvo en San Lázaro, Nieto solicitó el apoyo de los legisladores para poder emprender acciones contra el lavado de dinero y, en ese sentido, pidió darle todas las facultades. Las fracciones de oposición --PAN, PRI, MC y PRD-- calificaron de inconstitucional la modificación y señalaron que viola la presunción de inocencia, lo que vulnera los derechos humanos. Ese papel, subrayaron, le corresponde al Ministerio Público, quien tiene que investigar la presunción del delito. La reforma plantea el establecimiento de un proceso de audiencia para que quienes se vean afectados presenten pruebas de que sus cuentas provienen de acciones lícitas y eviten así el congelamiento. Al argumentar en contra de la reforma, la panista María de los Ángeles Gutiérrez pidió a Morena y aliados rectificar porque, sostuvo, se trata de una violación de derechos humanos. “Estamos obligados a votar en contra, ya que no podemos convalidar las prácticas inconstitucionales de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si bien puede ser saludable el que se aclare el procedimiento de aclaración de la situación jurídica de las personas que se encuentran en la lista de personas bloqueadas, no podemos incurrir en el despropósito de normalizar los abusos que se están realizando hoy en día”, soltó. Por su parte, la priista Mariana Rodríguez manifestó que con la modificación se pretende convalidar un procedimiento de facultades para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que la SCJN consideró inconstitucional, porque está excediendo facultades, está invadiendo la esfera del Ministerio Público y, además, vulnera varios principios constitucionales, como la presunción de inocencia --columna vertebral del sistema acusatorio y oral-- y el debido proceso. “Esto es dotar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de facultades que la Constitución no le ha dado, para poder continuar controlando a las personas que tengan un dicho diferente a través del procedimiento penal y que estén en contra de lo que se haya estado planteando por el gobierno”, señaló. En defensa del dictamen, el morenista Benjamín Huerta dijo que el objetivo es unificar los criterios de los órganos judiciales con el sistema jurídico mexicano, lo que ayudará a implementar las políticas públicas del presidente de la República. “Se facultará a la Secretaría de Hacienda para introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que está relacionada con los delitos de la materia, sin vulnerar derechos fundamentales, ya que se seguirá siempre un procedimiento que respeta la garantía de audiencia de las personas bloqueadas, así como sus demás derechos procesales de defensa. Además de impedir la comisión de actos ilícitos, evitaremos la interposición de juicios de amparo, en tanto que la medida cautelar será completamente constitucional”. Al discutir las reservas planteadas por la diputada de Morena Lidia García para eliminar la aplicación de extinción de dominio sobre las cuentas congeladas, algunos de sus compañeros se sumaron y lograron 225 votos a favor contra 223 en contra. Las dudas sobre el tiempo estimado para votar generaron reclamos por parte del coordinador de Morena, Mario Delgado. El morenista subió hasta la mesa directiva que encabeza la panista Laura Rojas para reclamarle que diera tres minutos y no cinco para la votación. Ahí empezaron los jaloneos entre diputados de Morena y de la oposición. Ante el desorden, la presidenta llamó a un receso.