CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) alertaron sobre los “altos números de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales” en el continente americano. De igual manera, reprobaron los “ataques, amenazas, hostigamientos, actos de intimidación y campañas de estigmatización que impactan negativamente en su actividad”. En un comunicado conjunto, los organismos condenaron “los altos niveles de impunidad" que rodean los asesinatos de defensores en la región” y la falta de garantías para ejercer su labor. Por ello, llamaron a los Estados del hemisferio a “tomar acciones urgentes para investigar actos de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”, y considerar entre sus líneas de investigación “la hipótesis de que la violencia pudo haber sido cometida en conexión con la labor de defensa de los derechos humanos”. La CIDH y la ONU-DH hicieron una revisión de mayo a septiembre sobre las condiciones en las que realizan su labor de defensa activistas de distintos rubros en el continente americano, y manifestaron “su preocupación por la continuidad y en algunos casos el agravamiento de los patrones de violencia y criminalización” de los defensores. En el caso de México, destacaron que a septiembre de este año se habían registrado 15 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, entre ellos el del biólogo José Luis Álvarez Flores, “defensor del medio ambiente sano, que previamente había recibido amenazas debido a sus denuncias sobre la explotación de recursos naturales en la región de Chiapas y Tabasco”. La CIDH y las representaciones de la ONU-DH resaltaron la situación preocupante de Colombia, donde de enero a la fecha han sido ejecutados 63 activistas, y están en proceso de verificarse 43 asesinatos más, “donde se presume que la víctima era defensor o defensora”, resaltando que “varios de estos asesinatos se habrían producido en contra de personas que defienden la tierra y el territorio por denunciar la presencia de grupos armados y/u oponerse a economías ilícitas”. En Honduras, los organismos destacaron la muerte de cuatro personas en el contexto de la represión de fuerzas de seguridad a manifestaciones y paros convocados por el sector salud y educación, además de que habría registro de otros 10 casos de personas defensoras del medio ambiente, de los derechos de las personas LGBTI y de pueblos indígenas. En Brasil, dieron cuenta de las muertes de cuatro defensores de la tierra entre junio y julio. Y en cuanto a los hostigamientos, intimidaciones y amenazas, los organismos destacaron que, en México, entre el 20 y el 23 de julio, “efectivos de la Policía Federal, Policía Municipal, Policía Militar y Guardia Nacional habrían realizado acciones de inspección de migrantes a las puertas de la Casa del Migrante de Saltillo, en Coahuila, pese a que ello estaría prohibido por la Ley de Migración”. El comunicado indica que, “frente a los reclamos por la supuesta arbitrariedad de esta operación, efectivos de las fuerzas de seguridad habrían procedido a tomar fotos y grabar con sus dispositivos a personal de la Casa”. Entre mayo y septiembre de este año, agrega, se registraron casos individuales y colectivos, y agresiones atribuidas en su mayoría a agentes estatales en Brasil (tres), Colombia (al menos 12), Cuba (dos), Haití (tres), Guatemala (tres), Honduras (cinco), Nicaragua (tres), Perú (uno) y Venezuela (cinco). En cuanto a la criminalización, la CIDH y la ONU-DH expresaron su preocupación por esa práctica contra defensores de derechos humanos, por la que “se les somete a procesos penales sin fundamento con el objetivo de obstaculizar sus labores y desacreditar sus causas”. Este año, el grupo de defensoras de personas migrantes han sido “indebidamente investigadas por supuestos delitos, incluyendo el tráfico de personas”, además de que enfrentan restricciones para reunirse con las personas que defienden; han sido blanco de amenazas y hostigamientos, “en ocasiones a través de acusaciones formales que invocan trasgresiones a la ley”, con la imposibilidad de mantener contacto telefónico y restricciones de movilidad. Entre los casos emblemáticos mencionaron el del profesor Scott Warren, miembro de la sociedad civil “No more Deaths”, acusado de delitos graves por refugio a migrantes en Ajo, Arizona. De México, se mencionó a la defensora de comunidades indígenas despojadas de tierras, Estela Ángeles Mondragón, quien “se ha vuelto blanco de una campaña de desprestigio y de criminalización”, mientras que de Brasil se resaltó el caso del desalojo violento por parte de la Policía Militar de 140 familias de defensores de territorio residentes en la Comuna Marisa Leticia, organizados por el Movimiento Sin Tierra. En Guatemala están en riesgo defensores de la lucha contra la impunidad y la corrupción, así como exfuncionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), recientemente disuelta; en Nicaragua fue declarada culpable de obstrucción de funciones una integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, María Oviedo, y en Cuba, el comunicador social Roberto Quiñones fue sentenciado a un año de prisión por el delito de resistencia y desobediencia. Los organismos se refirieron a los discursos de difamación y deslegitimación contra ambientalistas en Brasil y Bolivia, y a los actos de deslegitimación y restricción del trabajo de defensoras y defensores en Venezuela. La CIDH y la ONU-DH urgieron a los Estados a combatir la impunidad en los casos de violencia contra los defensores, tomando como línea de investigación la labor de defensa como una probable conexión de los hechos violentos, además de que “dichas investigaciones deben ser emprendidas con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial”. Asimismo, recordaron el deber de los Estados de garantizar “un ambiente adecuado y libre de obstáculos” para que los defensores ejerzan su labor, por lo que deben “implementar políticas integrales de protección destinadas a personas defensoras de derechos humanos, con especial énfasis en la prevención, protección e investigación de agresiones en su contra, teniendo en cuenta los enfoques diferenciados de quienes defienden la tierra, el territorio, el medio ambiente sano, los pueblos indígenas, afrodescendientes y personas campesinas, al igual que de las personas LGBTI”.