Antes de viajar a Chile para representar allá a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab enumera en entrevista los avances, escasos pero importantes, que en la materia se han logrado durante su gestión en México. Destaca, por ejemplo, que la oficina de ONUDH consiguió documentar las anomalías en las investigaciones y actuaciones oficiales en casos de desaparecidos, pese a las tensiones e incluso amenazas de la administración de Enrique Peña Nieto. Y aunque lamenta no saber cuándo ni en qué medida se resolverá el caso Ayotzinapa, reconoce que la voluntad del actual gobierno le da mayores oportunidades a la verdad. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Después de tres años y medio de estar al frente de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), Jan Jarab dejará el país el próximo domingo 24 con la convicción de que “la inmensa montaña de desafíos” en esa materia aún no se supera, pese a los avances registrados, sobre todo en el campo legislativo. Con la representatividad de la oficina regional ONUDH en Santiago de Chile en puerta, Jarab hace un recuento de su gestión en México, a donde llegó en un ambiente convulso tras la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. En aquel entonces dijo que se abocaría a “documentar, para conocer de primera mano lo que está pasando, estar al lado de las víctimas y tener un rol público”, sin dejar de lado el aspecto diplomático que implica informar al Estado de sus conclusiones. En entrevista con Proceso en su oficina, Jarab narra cómo esa postura, definida en los primeros días de su encargo en México, se convirtió en una “fuente de tensiones” con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sobre todo en la documentación de los abusos cometidos para imponer la mal llamada “verdad histórica”. En junio de 2016, antes de dejar Bélgica, donde se encuentra la oficina regional europea de la ONUDH, Jarab vio en un noticiario televisivo la represión contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esas imágenes lo alertaron de que “las cosas terminarían mal”, situación que confirmó el 19 de ese mes, con “la tragedia de Nochixtlán”. Para Jarab, la represión en Oaxaca “fue la primera prueba de fuego” porque con seis días al frente de la ONUDH decidió enviar una misión de documentación y emitió un comunicado en el que exhortaba a una investigación exhaustiva de los hechos. La presencia de personal de la ONUDH en Nochixtlán, “en cierta manera sí determinó la manera de actuar de la oficina en estos tres años y medio, la decisión de tener un rol activo, una postura que intentamos mantener, aunque con el gobierno anterior esto fue fuente de tensiones”, apunta. Jarab, de 53 años, médico, escritor y traductor, desde hace 20 años se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos primero en su país de origen, República Checa, y después en la ONU. En medio de la crisis de derechos humanos de México, la presencia pública del personal de la ONUDH se hizo más notoria en los últimos tres años y medio, particularmente en movilizaciones de familiares de desaparecidos, en las que funcionarios de la oficina de la ONU, incluido Jarab, suelen tomar la palabra. El gobierno de Peña Nieto mostró su intolerancia a la crítica en materia de derechos humanos cuando el relator especial sobre Tortura, Juan Méndez, concluyó, tras su visita en 2014, que en México la tortura “es generalizada”. Posteriormente, en abril de 2016, la autoridad mexicana prácticamente echó del país a los integrantes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para colaborar en el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Jarab reconoce que la ONUDH “documentó las violaciones de derechos humanos en el caso Ayotzinapa desde el inicio; no comienza con mi llegada ni mucho menos, principalmente las cometidas en la primera parte de la investigación realizada por la entonces PGR que encabezada (Jesús) Murillo Karam”, pero no se hicieron públicas en el informe Doble injusticia hasta marzo de 2018. Esta reportera tuvo acceso a una primera versión del informe a partir de una solicitud de información a la Procuraduría General de la República (PGR), que se publicó en septiembre de 2016 (Proceso 2121). Doble injusticia documenta 34 casos de presunta tortura de personas implicadas por la entonces PGR en la “versión histórica”, la cual establecía que los jóvenes habían sido calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas vertidas en el río San Juan. “Finalmente se publicó y me parece que hicimos no sólo un buen trabajo de documentación y de redacción de un informe, sino que era un acto de congruencia publicarlo, a pesar de la hostilidad del entonces gobierno de Peña Nieto que hasta amenazó con cerrar las oficinas si decidíamos publicarlo”, sostiene. Aunque se abstiene de dar detalles de las amenazas, Jarab comenta que se trató de “la reacción de todo el gobierno de Peña Nieto, que verdaderamente no quiso que hubiera duda sobre la versión oficial, la mal llamada ‘verdad histórica’; (sus funcionarios) la defendieron con todo”. Más allá de la buena voluntad A 11 meses del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con quien la ONUDH está colaborando a través de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, presidida por Alejandro Encinas, Jarab reconoce que el asunto engloba múltiples complejidades que superan “la buena voluntad de las nuevas autoridades”. Por ejemplo, dice, “estamos a la espera de un break through (una gran revelación), algo que nos lleve a una información nueva e importante, porque estamos ante una montaña de informaciones parcialmente verdaderas, parcialmente fabricadas, parcialmente sospechosas, y que abrir unas nuevas no es fácil; llegar a nuevas fuentes de información después de cinco años de una investigación tan manipulada no es nada fácil”. Apunta que si en el sexenio de Peña Nieto el mayor obstáculo era “el rechazo de las autoridades, hoy quienes intentan avanzar se están topando con esta herencia de una investigación en la que es muy difícil distinguir entre los elementos verdaderos y los fabricados”. Jarab, quien durante estos tres años y medio estableció una relación cercana con las madres y padres de los normalistas desa­parecidos, lamenta: “La intrínseca dificultad del caso y después de cinco años de una investigación manipulada, que ni siquiera con las mejores intenciones de la actual fiscalía se puede garantizar que vamos a saber la verdad… vamos a saber más, pero hasta qué grado, no se puede prever. Ya no es un asunto de voluntad. Ese es el cambio, antes ese era el problema”. Pocos avances, enormes retos Otro caso que también tensó la relación entre la ONUDH y el gobierno de Peña Nieto fue la documentación que hizo personal a su cargo de una veintena de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante los primeros cinco meses de 2018, atribuidas a efectivos de la Secretaría de Marina (Proceso 2166, 2170, 2185, 2201 y 2203). Ante la negación de los hechos en un periodo tan corto, que para Jarab fue “verdaderamente aterrador”, la representación de la ONUDH tuvo que recurrir al entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien desde Ginebra emitió el 30 de mayo de ese año un comunicado para exigir al gobierno mexicano que pusiera un “alto a la ola de desapariciones” en Nuevo Laredo. La reacción del gobierno fue “previsiblemente negativa”, recuerda Jarab, pero fue correcta porque “la ola de desapariciones en Nuevo Laredo con el rol de la Semar terminó”. Para el entrevistado, el cese de las desa­pariciones ante el reclamo de Al Hussein muestra que la versión del gobierno de Peña de que los perpetradores “no eran integrantes de una corporación federal, sino del crimen organizado vestidos de (marinos), si fue inverosímil desde el inicio, se vuelve imposible porque no sabemos nada de grupos de crimen organizado que reaccionen a los comunicados emitidos desde Ginebra”. Con el tránsito de la PGR a la Fiscalía General de la República, dice, “estamos esperando que dé resultados la investigación; aseguran que sí, que pronto los vamos a tener”. Agrega que contextos como el de Nuevo Laredo “siguen siendo preocupantes, como hemos visto el 5 de septiembre de este año en un caso que involucra a otras autoridades, principalmente estatales, en una ejecución extrajudicial de ocho personas, y de nuevo, fabricaciones: se llevan (a las víctimas) de sus domicilios, las torturan, las matan y les hacen un montaje para que parezcan delincuentes”. A partir de denuncias del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Proceso documentó en su edición 2237 que en esos hechos participaron elementos del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas y del XVI Regimiento de Caballería Motorizada de la Secretaría de la Defensa. Jarab reconoce que desde que se creó la oficina de la ONUDH en México, en 2002, ha mantenido “su preocupación por el uso de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad” y “por la falta de transparencia, de rendición de cuentas, faltas que afectan no sólo a las Fuerzas Armadas, sino a las policías, ya sea federal o locales”. Sobre el convenio de colaboración con la Guardia Nacional, firmado con López Obrador durante la visita de la alta comisionada, Michelle Bachelet, Jarab explica que a la ONUDH no se le puede responsabilizar “si la Guardia estará bien capacitada en derechos humanos o no”. Abunda que el convenio “es para asesoría técnica en el diseño de las capacitaciones y el diseño de los protocolos de operación de sistemas de rendición de cuentas”, que aún están por concretarse. Sobre la participación de la Guardia Nacional en tareas de contención de migrantes, Jarab admite que “es algo que no estaba previsto cuando hicimos el acuerdo, que menciona a los migrantes como grupo vulnerable, pero no fue previsto un rol masivo de la Guardia Nacional en el control migratorio, por lo que seguramente la oficina va a seguir evaluando cómo se desarrollan las condiciones de detención”. Ante la posibilidad de que el convenio haya sido concretado para “lavarle la cara” a la Guardia Nacional, Jarab defiende la decisión tomada por la ONUDH de colaborar con la corporación compuesta mayoritariamente por soldados y marinos adscritos a las policías militar y naval. “No es la intención de la oficina dejarse utilizar en ningún contexto. Lo que nos parece legítimo es incidir en la dimensión sistémica. En este momento no podemos decir hasta qué grado vamos a incidir, porque estamos en diálogo, para que verdaderamente la Guardia Nacional sea un cuerpo profesional con respecto a los derechos humanos. “¿Cómo se va a resolver todo este problema de inseguridad para que por un lado no se cometan nuevas violaciones, como esta terrible de Nuevo Laredo del 5 de septiembre, y por otro lado que sea protegida la población? Porque ese es el rol de estas corporaciones. Es prematuro evaluar, pero es un gran reto”, sostiene. A unos días de su partida, el funcionario de la ONUDH reconoce que en las cuatro prioridades que delineó para abordar al llegar a la representación de México –desaparecidos, tortura, defensores y periodistas y pueblos indígenas– se registran algunos avances, sobre todo en el terreno legislativo, gracias a que su oficina trabaja con organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas, académicos y funcionarios empáticos con los derechos humanos, entre otros actores. También se agregaron a la lista de temas urgentes los derechos de personas migrantes, la violencia contra las mujeres y los derechos humanos en las empresas. La última misión que el funcionario tiene en México es una visita a Ciudad Juárez para conmemorar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Campo Algodonero, emitida el 16 de noviembre de 2009 y relacionada con la violencia feminicida, tema que considera todavía “un gran pendiente; la situación sigue siendo extremadamente preocupante”. Medianamente satisfecho por el impacto de la ONUDH en las prioridades que se fijó en 2016, Jarab insiste: “En todas las áreas hemos tenido avances, pero la inmensa montaña de desafíos sigue”. Este texto se publicó el 3 de octubre de 2019 en la edición 2244 de la revista Proceso