CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó un patrón de abusos cometidos por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en actividades de seguridad pública, a partir del análisis de ocho denuncias presentadas entre 2016 y 2018, correspondientes a 10 víctimas de los estados de Coahuila, Nayarit, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas. De acuerdo con la recomendación (29VG/2019) por violaciones graves dirigida al titular de la Semar, almirante José Rafael Ojeda Durán, la “práctica o patrón de actuación” de los marinos “suele ocurrir cuando los elementos navales realizan detenciones de personas alegando supuestos casos de flagrancia o de denuncias anónimas y que derivan en actos violatorios de derecho humanos”. El patrón incluye detención arbitraria, retención ilegal, actos de tortura y cateo ilegal, cometidos entre enero de 2009 y septiembre de 2015 en las ciudades de Acapulco, Nuevo Laredo, Tampico, Tehuacán, Saltillo, Ramos Arizpe, Culiacán y San Blas. La recomendación también está dirigida al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ante violaciones al derecho de acceso a la justicia de las víctimas, toda vez que “los agentes del Ministerio Público Federal violentaron el acceso a la justicia de las víctimas, ya que tuvieron elementos suficientes para iniciar una indagatoria de la probable comisión de actos de tortura, sin embargo, hasta este momento sólo en cinco casos (relacionados con seis víctimas) se han iniciado las averiguaciones previas correspondientes, cuando ha transcurrido un término que va de los tres meses y 28 días hasta cuatro años con seis meses para el comienzo de su integración, y en tres más (relacionados con cuatro víctimas) no se tiene conocimiento de que se tramite la investigación ministerial conducente”. La recomendación resalta que, entre 2016 y 2018, la CNDH recibió diversas quejas de las propias víctimas y de tres de Juzgados de Distrito, que coincidían en que “elementos de diversas zonas navales de la Semar habían realizado, en distintos momentos y lugares en territorio nacional, la detención de 10 personas, y durante el tiempo que estuvieron bajo su custodia sufrieron actos de tortura”, lo que pudo ser acreditado por la CNDH. El organismo determinó que los actos de tortura “están relacionados con una práctica o padrón de actuación que suele ocurrir cuando los elementos navales realizan detenciones de personas alegando supuestos casos de flagrancia o de denuncias anónimas que derivan en actos violatorios a derechos humanos”. La investigación del organismo acreditó que, luego de ser detenidos, los 10 agraviados “fueron retenidos ilegalmente; que seis de ellos fueron llevados a instalaciones de la Semar, a uno lo mantuvieron a bordo de un vehículo y tres más (fueron llevados) a diversos inmuebles donde fueron agredidos y permanecieron retenidos bajo custodia de los elementos por tiempo excesivo, para finalmente ser puestos a disposición del Ministerio Público Federal, dándose inicio a las averiguaciones previas correspondientes por la probable comisión de delitos de orden federal”. La CNDH recomendó al titular de la Semar reparar el daño a los 10 hombres que fueron víctimas, conforme a la Ley General de Víctimas, e inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas, así como colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia y la queja que la CNDH presente ante la FGR y el órgano de control interno de la Semar contra los elementos navales involucrados en los hechos. De igual manera, le instó a capacitar a los elementos de la Semar, “incluido el personal médico, en materia de respeto a derechos humanos enfocados a la prevención y erradicación de tortura y malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y aplicar efectivamente el ‘Manual del Uso de la Fuerza --de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas’-- en todos los operativos, en relación con el uso de cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio”. A la FGR le instruyó a “continuar con la práctica de las diligencias que sean legal y materialmente necesarias para determinar conforme a derecho las cinco averiguaciones previas existentes”, así como colaborar con el organismo en la presentación y seguimiento de la denuncia y queja que promueva ante las instancias competentes contra los agentes del Ministerio Público responsables de la violación del derecho de acceso a la justicia.