MÉRIDA, Yuc. (apro).- Mediante juicios de lesividad, el gobierno estatal suspendió el pago de pensiones a 17 exfuncionarios y exasesores de la anterior administración, por incumplir con los requisitos legales para recibir del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de Yucatán (ISSTEY) ese beneficio de retiro. El consejero jurídico Mauricio Tappan Silveira informó que el gobierno de Rolando Zapata Bello otorgó dichas pensiones a exsecretarios, exdirectores y exasesores, días antes de que terminara su administración. No obstante, el gobierno actual, que encabeza Mauricio Vila Dosal, encontró inconsistencias en el procedimiento para otorgar las pensiones, y por ello decidió frenarlas. La medida –dijo-- evitó un gasto de “521 mil 833 pesos al mes, 6 millones 261 mil pesos al año, sólo para 17 personas”. Reveló que las pensiones canceladas son las de Eduardo Batllori Sampedro, Daniel Quintal Ic y Miguel Antonio Fernández Vargas, extitulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Obras Públicas y Contraloría, quienes recibirían 46 mil pesos mensuales. Por su lado, José Ignacio Mendicuti Pavón, quien fungió como representante del exgobernador Zapata Bello en la Ciudad de México, iba a recibir 45 mil pesos al mes. En tanto, los exdirectores Ariel Enrique Azcorra Padilla, del Fideicomiso Público de la Reserva Territorial de Ucú; Jesús Antonio Paz Pineda, de la Unidad de Asesores, y Elda María Vargas Jiménez, de Procesos Transversales de la Secretaría de Administración y Finanzas, iban a recibir 40 mil pesos de pensión. El monto que correspondía a Fernando José Castro Novelo, de Comunicación Social, era de 35 mil pesos, mientras que Luis Humberto Hoyos Schlamme, de la Fábrica de Postes, se embolsaría 30 mil pesos, y Beatriz Eugenia Solís Sánchez, del Departamento de Desarrollo, Cultura y Actividad Física de Jubilados y Pensionados del ISSTEY, 25 mil pesos al mes. Sin que se precisara qué cargos ostentaron, también se cancelaron las pensiones de Gaspar Javier Arceo Peniche, a quien de último momento se le asignaron 19 mil 219 pesos al mes; Margarito Chi y Balam, 16 mil 814 pesos; Emma Alegría del Socorro García Pérez, 13 mil 800 pesos, y Hernán José Cárdenas y Gallareta, 12 mil pesos mensuales. A Pedro Pablo Noemí Martínez se le había asignado una pensión de 11 mil pesos al mes, y a Ermilo Duarte Torres y Mario Renán González Sosa, de 8 mil pesos a cada uno. De acuerdo con Tappan Silveira, ninguna de las 17 personas tenía derecho a pensión, dado que no cumplen con los requisitos de tener 55 años cumplidos y 15 años o más de aportaciones, o 30 sin límite de edad. “Por tal motivo, la actual administración estatal, en un compromiso con la sociedad de administrar de manera eficiente y transparente los recursos públicos, hizo valer la ley y canceló las pensiones asignadas en los últimos días del gobierno estatal anterior”, remató.