CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reprobó que en su recomendación general 40/2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inste a marginar la voz de las organizaciones sociales en los procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). En un comunicado, el OCNF --conformado por 40 organizaciones de defensa de derechos humanos de las mujeres de 22 estados del país-- lamentó que la recomendación, publicada el miércoles 6 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), instruya a las instituciones a actuar contra los estándares internacionales de derechos humanos y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La inconformidad del OCNF reside en que la CNDH apremió a la Secretaría de Gobernación a que “las organizaciones participen en todo el procedimiento de AVGM, pero únicamente con voz, del mismo modo que los organismos públicos defensores de derechos humanos de las entidades federativas”, sin que justifique las razones. De acuerdo con el Observatorio, la CNDH participa en las sesiones ordinarias de los grupos de seguimiento cuando la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sesiona, y no como un ente que acompaña “los procesos de implementación en los estados, como sí lo hacemos las organizaciones de la sociedad civil”. De igual manera, manifestó su preocupación de que, como acompañantes en las declaratorias de AVGM en el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Chiapas, Nuevo León, Guerrero y Sonora, se restrinja la participación de las organizaciones sociales, lo que es “contrario a las observaciones del noveno informe periódico de México, emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Comité Cedaw), en su sesión celebrada el 6 de julio de 2018”. Dicho Comité recomendó a México evaluar “la repercusión del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género, a fin de garantizar una utilización amplia y armonizada y la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, y vele por la participación de organizaciones no gubernamentales, expertos del mundo académico y defensoras de la perspectiva de género y los derechos humanos, así como mujeres víctimas de la violencia “. El OCNF recordó que en la última resolución --el pasado jueves 7-- el Comité de Derechos Humanos de la ONU, responsable de vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), recomendó a México “fomentar la participación y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las mujeres y niñas víctimas y supervivientes”. Agregó: “La necesidad de garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil fue advertida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en la Sentencia de amparo indirecto 968/2019-I, que ordena a la Conavim declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México. La resolución advierte a la Conavim que “debe otorgar participación activa a las organizaciones peticionarias y otras organizaciones de la sociedad civil, para tomar en cuenta elementos que fortalezcan el análisis de la implementación de las medidas de seguimiento de la Declaratoria de AVGM”. Las organizaciones que integran el OCNF manifestaron su preocupación por la recomendación de la CNDH, porque son ellas las que dan seguimiento a las recomendaciones de las Declaratorias de Alerta de Género y acompañan a las víctimas en sus procesos judiciales en búsqueda de justicia. “Hasta la fecha las organizaciones tenemos voz y voto, lo que permite materializar la participación activa de las organizaciones”, apuntó el OCNF al precisar que dicha participación, “especializada y con experiencia temática (en este caso de violencia de género), da legitimidad a los actos de gobierno y permite una mejor y eficiente gobernabilidad democrática”. En ese sentido, el OCNF pidió al gobierno mexicano que, en apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, “garantice la participación de las organizaciones peticionarias, organizaciones defensoras de derechos humanos, especialistas y academia”, y no restringir su participación como “infortunadamente lo recomienda la CNDH”.