CNDH señala negligencia y corrupción en el caso Rébsamen

Colegio Enrique Rébsamen. Foto: Hugo Cruz Colegio Enrique Rébsamen. Foto: Hugo Cruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió una recomendación a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al Gobierno de la Ciudad de México y a la alcaldía Tlalpan por violaciones graves a derechos humanos en el caso del derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen a causa del terremoto del 19 de septiembre de 2017.

En un comunicado, en el que no se menciona por su nombre al plantel, la CNDH destacó “la negligencia de las autoridades, falta de supervisión, acciones y omisiones relacionadas con la seguridad estructural de un plantel educativo que colapsó como consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, privando de la vida a 26 personas y 23 personas más lesionadas, entre ellas niñas, niños y adolescentes y personal que allí laboraba”.

Lo anterior “tuvo como consecuencia la afectación a los derechos humanos a la vida, integridad, legalidad y seguridad de las personas, que afectaron a las víctimas directas e indirectas y trastocaron la confianza y expectativa legítima de salvaguarda y protección de los derechos humanos que la sociedad ha depositado en las autoridades públicas”.

Con base en estos antecedentes, la CNDH emitió la Recomendación 31VG/2019, dirigida al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán; a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la alcaldesa de la demarcación Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana.

Tras su investigación, el organismo constitucional autónomo determinó la existencia de violaciones a los derechos humanos al principio del interés superior de la niñez, a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, a la vida y a la verdad, en agravio de alumnado, personal docente, civiles que se encontraban en ese lugar y familiares de las víctimas, al momento del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Lo anterior, por irregularidades en las autorizaciones para funcionar como escuela, construcción de la misma e irregularidades en la supervisión y verificación en materia de construcciones y protección civil, así como por las acciones y omisiones posteriores, consistentes en la falta de coordinación entre autoridades en las labores de búsqueda y rescate y la deficiente comunicación a los familiares de las víctimas y público en general.

“Esta Comisión Nacional identificó diversos indicios que deberán ser investigados como actos de corrupción, tales como los diversos correos electrónicos respecto de los avances y autorizaciones que la demarcación territorial concedía al colegio para la realización y continuación de las obras en un cuarto piso”, indicó.

Señaló además “anomalías en la autorización de la SEP para que impartiera los niveles de preescolar, primaria y secundaria sin cubrir con la totalidad de los requisitos como el uso de suelo; inconsistencias de los programas de Protección Civil para la escuela primaria y la escuela secundaria, ya que no contaba con Programa Interno de Protección Civil desde que inició su funcionamiento, información y evidencias que acreditan la responsabilidad por violaciones a los derechos humanos por actos y omisiones por personal de la SEP, del Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la Seduvi y la Secretaría de Protección Civil y de la entonces Delegación Tlalpan, a través de la Dirección de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Subdirección de Permisos, Manifestaciones y Licencias y la Jefatura de la Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción, de la demarcación territorial Tlalpan, quienes incumplieron obligaciones legales”.

Para la CNDH, en las investigaciones penales y administrativas se debe considerar toda la cadena de mando dentro de la demarcación territorial Tlalpan en las diferentes fechas que se identificaron en la recomendación, a efecto de identificar a los mandos y personas servidoras públicas, que fungían como responsables en las áreas encargadas de los trámites en las que hubo gestiones, autorizaciones, omisiones y visitas de inspección respecto al citado Colegio, y se investiguen sus posibles responsabilidades.

“De esa manera se llegará al fondo, en su caso, en la determinación de actos de corrupción y se combatirá la impunidad”, asevera la Comisión.

En tanto que las responsabilidades por acciones y omisiones dirigidas a la SEP, fue por las expediciones de Acuerdos de Autorización para impartir educación de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, así como el personal que realizó las visitas de verificación y no dio aviso a su superior jerárquico que en ese plantel se encontraba una construcción utilizada como vivienda en un cuarto piso y que se estaba impartiendo educación de otros niveles sin que al momento de la visita contara con el respectivo Acuerdo de Autorización.

Por lo que hace a las responsabilidades atribuibles al Gobierno de la Ciudad de México, fue por la responsabilidad de la Seduvi y Protección Civil, ya que la primera es la encargada de realizar las funciones de vigilancia y supervisión, así como acreditación y expedición de carnet de los Directores Responsables de Obra (DRO), quienes son auxiliares de la administración pública del gobierno capitalino y emitieron, en su momento, las respectivas Constancias de Seguridad Estructural y los Vistos Buenos de Seguridad y Operación, siendo la Seduvi la autoridad que debe responder por las acciones u omisiones de los DROs.

Por otra parte, añade, a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México se le atribuyó por acciones y omisiones posteriores al sismo, la falta de coordinación e implementación de un protocolo para cumplir con los objetivos de salvaguardar la vida e integridad de la población y realizar de manera adecuada la búsqueda y rescate e información a los familiares de las víctimas y población general.

Entre los temas que denunciaron los familiares de las víctimas, subraya la CNDH, se encuentran los de búsqueda y rescate, la dilación en las acciones de localización y entrega de cuerpos y la deficiente información a los familiares de las víctimas, que derivó de la falta de coordinación entre autoridades, la inadecuada aplicación de los protocolos de actuación y la escasa comunicación entre las propias autoridades y entre las autoridades y familiares de las víctimas.

La CNDH cuestionó que en las gestiones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) faltó sensibilidad y celeridad para inscribir en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) a los familiares de las víctimas.

Además, “no se brindó información oportuna que ayudara a localizar a sus familiares; tampoco se contó con las herramientas adecuadas para enfrentar la problemática.

“La coordinación entre autoridades no fue la adecuada porque no hubo claridad en la información proporcionada a los familiares de las víctimas, en la división de tareas de búsqueda y rescate, retiro de escombros y traslado de personas fallecidas.

“Tampoco existieron bitácoras de registro de acciones, además de que la responsabilidad y coordinación de las autoridades fue difusa, ya que se desconocía qué autoridad se encontraba al mando de las acciones de rescate, tampoco existen bitácoras que pudieran determinarlo”, destaca el comunicado.

“Una de las vertientes de la falta de un adecuado manejo de información fue el asunto mediático de la supuesta niña Frida Sofía, quien aparentemente se encontraba con vida entre los escombros del Colegio, lo cual derivó del rumor que hizo suyo una autoridad y lo transmitió a los medios de comunicación, lo que ocasionó movilización para llevar a cabo las labores de rescate de la supuesta víctima.

“La Comisión Nacional considera que este caso ejemplifica el riesgo de esparcir rumores sin sustento y sin datos mínimos de verificación, por parte de las autoridades, como la cautela que debe haber de los medios de comunicación y de las redes sociales en eventos de gran repercusión social”.

Por todo lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al secretario de Educación Pública, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Alcaldía Tlalpan reparar el daño ocasionado a las víctimas directas e indirectas en términos de la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para la Ciudad de México.

Esto incluye atención médica, psicológica y, en su caso, tanatológica, psiquiátrica y de rehabilitación y se proceda a su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, para que accedan en lo conducente a los beneficios que conforme a derecho les correspondan.

Asimismo pide ofrecer una disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares, así como realizar un memorial con el nombre de todas las personas menores de edad y adultas que allí fallecieron, con base en estándares internacionales, que incluya la publicación de la misma en medios nacionales y en la página web oficial del Gobierno de la Ciudad de México y de la demarcación territorial.

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