Un nudo más en el enredo azul

Los dramas celestes. Foto: Miguel Dimayuga

Cruz Azul camina en un círculo vicioso que promete mantener indefinidamente la lucha intestina por el control de la cementera y del equipo de futbol. Tercer grupo en discordia, los cooperativistas Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín exponen su plan para quitar de la dirección a Guillermo Álvarez y compañía, también a su hermano Alfredo y al cuñado de ambos, Víctor Manuel Garcés. En entrevista, Velázquez y Marín perfilan el nombre de un icono de La Máquina para hacerse cargo de su presidencia deportiva: Carlos Hermosillo, quien dejó la Conade de manera polémica en 2009.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Entre la pugna que mantienen Guillermo Billy Álvarez Cuevas, su hermano Alfredo y el cuñado de ambos Víctor Manuel Garcés, está la disidencia que encabezan Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín, ­quienes pretenden asumir el control de la cementera y del equipo de futbol. Para el club, su carta es el goleador y polémico Carlos Hermosillo.

En entrevista el jueves 7, Rangel y Marín cuestionan la administración de tres décadas de Billy Álvarez al frente de la Cooperativa La Cruz Azul y del equipo de futbol, y explican que en su proyecto para ambas empresas no hay lugar para la familia Álvarez Cuevas y Víctor Garcés.

Sobre Hermosillo, ambos cooperativistas dicen que él es el ideal para asumir la presidencia deportiva de La Máquina. Sin embargo, el exfutbolista carece de la experiencia que ese tipo de cargos requiere: en su currículum está su inconclusa labor como director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. En un caso inusual, el exfutbolista fue destituido a media gestión por malos manejos, entre ellos, por defraudar con cheques sin fondos a varios deportistas.

Sobre la cooperativa, afirman que, a diferencia de la gestión de Billy Álvarez, quien desde 1988 ha sido opaco con el manejo del dinero, ellos someterán a ­consideración de todos los cooperativistas la designación de la cúpula cementera.

“Los socios no sabemos nada del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul F.C., y del Cruz Azul F.C. Él (Billy Álvarez) toma todas las decisiones de manera unilateral, se asigna el presupuesto y siempre se pasa del presupuesto”. Dan cuenta que anualmente la tesorería de la cooperativa destina mil millones de pesos al equipo de futbol “y no se sabe cómo se utilizan esos recursos”.

Velázquez agrega que por ese motivo el miércoles 6 se manifestaron en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut). Ese día un grupo de 80 disidentes se presentaron a la sede del organismo, en Toluca, Estado de México, para denunciar las anomalías del presidente del equipo de futbol, pero no fueron escuchados.

“Ese control absoluto se llama dictadura, ejercida mediante el terrorismo jurídico y la fabricación de delitos”, dice Marín.

–¿Cuándo acaba la dictadura?

–Cuando todos los socios tengamos una asamblea general en la que exista democracia, transparencia y rendición de cuentas. Es por lo que estamos trabajando.

Recuerda que Guillermo Álvarez Cuevas está cumpliendo el fallo derivado del juicio 85/2011, que promovió su propio hermano Alfredo Álvarez. Dicha resolución ordenó en 2013 que el director general de la cooperativa La Cruz Azul dejara de ejercer las facultades que por la Ley General de Sociedades Cooperativas le corresponden al Consejo de Administración, la cual tiene la representación de la empresa y la firma social.

“El director general está en desacato desde 2013. Billy Álvarez está de facto dentro de la empresa; paga a jueces y magistrados, soborna a autoridades e impide ejercer nuestras funciones en los consejos de Administración y Vigilancia”, denuncia Velázquez.

El fallo determina que ciertas cláusulas de las bases constitutivas de la cooperativa son ilegales porque le otorgan facultades al director general que deberían ser del Consejo de Administración. La Ley General de Sociedades Cooperativas establece que la máxima autoridad de una sociedad cooperativa es la asamblea general y después el Consejo de Administración tiene todas las facultades. “El director general (Billy Álvarez) es un subordinado del Consejo de Administración”, detalla.

Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín fueron designados presidente del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia, respectivamente, en la asamblea general del 29 de septiembre de 2018. Sin embargo, ambos están suspendidos de sus funciones por un juez federal. Además, enfrentan procesos legales en su contra, por lo que han sido objeto de encarcelamientos.

A lo anterior se agrega una denuncia por trata de personas contra Víctor Manuel Velázquez Rangel y Jorge Cruz Romero, este último es gerente de ventas en la Cooperativa La Cruz Azul. El litigio continúa…

Velázquez y Marín denuncian a Guillermo Álvarez Cuevas por haber modificado los estatutos de la cooperativa junto a su hermano Alfredo y su cuñado Víctor Garcés, que para entonces ostentaban la presidencia del Consejo de Administración y la Dirección Jurídica, en ese orden. En las bases constitutivas de la cooperativa estaba estipulado que un director general no podía permanecer más de 10 años en el cargo. Tras la modificación, ya no hay límites.

La fractura con Billy

Los opositores al actual director general de la Cooperativa La Cruz Azul garantizan que el club de futbol no será vendido, pues consideran que el equipo es “un caso de éxito de todos los cooperativistas”.

Para Marín, el Cruz Azul “es un regalo de la cooperativa al pueblo de México, pero lamenta que el presidente del club continúe sin rendir cuentas a los cooperativistas.

Dice que una vez que asuman el control de la administración de la cooperativa “también nos vamos a ocupar del club deportivo. Se van a tomar decisiones administrativas en las que todos los socios participen en las resoluciones del club”.

Desde hace un año, Billy Álvarez aclaró públicamente que no renunciará a la cooperativa ni al equipo de futbol. Por eso, para los disidentes, la única manera de destituirlo es “continuar nuestra línea de litigios. Vamos a pelear hasta el final”.

Víctor Manuel, quien se identifica como el socio número 2470 de la cooperativa, recuerda que en 2010 ocurrió una difusión de documentos sobre irregularidades, corrupción y presunto lavado de dinero en la cooperativa. “Hay denuncias en la entonces Procuraduría General de la República. Todo mundo lo sabe, y los socios nos preguntamos: ¿Qué está pasando?”.

De esa manera, dice, se formaron bandos de intereses internos. Algunos se fueron con Guillermo y otros con Alfredo Álvarez. “La gran mayoría decidimos apoyar a Guillermo. Estamos hablando de 90% de los socios que lo respaldamos en la asamblea general de 2011, realizada en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul Hidalgo.

“Él, como presidente de debates, pidió un receso porque en un punto del orden del día se le exigían cuentas. Ya le traían toda la documentación en el que se expone la administración que había tenido ese grupo de poder, llámese los dos hermanos y el cuñado, con una empresa llamada Impulso. Se expusieron todos los desvíos de dinero que hacen y el recurso que sale a Europa, mismos que fueron respaldados por el actuario Carlos Terroba.”

Para Velázquez, la fractura con Guillermo Álvarez se produjo en la asamblea general del 24 y 25 de abril de 2015, cuando el director general presentó una propuesta de compra de los activos de la cooperativa y de todas las empresas filiales de la cementera, que incluye el equipo de futbol, los hospitales, escuelas y un hotel de cinco estrellas en Ixtapa Zihuatanejo.

La oferta provenía del empresario Jorge Nasser, dueño de la Universidad Icel y del periódico El Economista.

“La carta decía que era para el crecimiento de la cooperativa, que Nasser compraría 45% de las acciones de La Cruz Azul, S.C.L., y todos los activos y sus empresas filiales. Previo a esto ya estaban ofreciendo a cada compañero millón de dólares para que a la hora de la votación apoyaran la propuesta disfrazada de una alianza estratégica.

“Cuando nos tocaron ese punto, todos nos levantamos y nos opusimos. Esto no era una alianza estratégica, sino una venta de activos. Y se acabó… pero después de eso vino todo el desenlace: una persecución política, personal y jurídica para muchos de los que nos opusimos a la venta.”

Velázquez narra que previamente Raúl Enríquez López, quien fungía como presidente del Consejo de Administración, fue detenido en la Ciudad de México y trasladado a un penal de Tula, Hidalgo, por extorsión. “Guillermo Álvarez lo visitó en la cárcel, pactó con él y Enríquez López se pasó de su lado.

“Meses después detuvieron al director financiero Juan Manuel Briseño, en la Ciudad de México, también por un delito fabricado. Fue una detención de unas horas.”

En 2017, tres días antes de la asamblea general, el presidente del Consejo de Vigilancia, José Antonio Marín Gutiérrez, fue arrestado en la Ciudad de México a la salida de su oficina, acusado de un fraude cometido en Veracruz por una supuesta preventa de departamos que ofreció en un predio.

Denuncia por trata

El 13 de marzo de 2017 Patricia Negrete Aguirre, administradora única de las empresas Concretos Cruz Azul de Morelia y Comercializadora de Concretos Cruz Azul, promovió una denuncia por el delito de trata de personas ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, radicada en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, bajo el número CI-FDTP/TP7UI-1 C/D00031/03/2017, contra Víctor Manuel Velázquez Rangel y Jorge Cruz Romero.

Expone que desde 2014 ha sido objeto de constante acoso, agresiones personales y comerciales de parte de los imputados. También denuncia que fue bloqueada de todo suministro de la cementera por negarse a otorgar servicios sexuales a los señalados.

Sin embargo, las conclusiones a las que llegaron los agentes del Ministerio Público, auxiliares del procurador de la Ciudad de México, fue de no ejercicio de la acción penal.

En una carta fechada el 26 de junio de 2017, dirigida al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, Patricia Negrete Aguirre cuestiona: “De qué sirve el nuevo modelo de justicia penal cuando quienes se encuentran encargados de procurar justicia son incapaces de escuchar a las víctimas. Es el caso del licenciado Edmundo Garrido Osorio, quien hace un par de días ha sido designado por usted como encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que encabezaba Rodolfo Ríos Garza”.

En la misiva, Negrete le suplica a Mancera que “no tarde mucho” en designar a otro procurador para que, a diferencia de Edmundo Garrido Osorio, “sí escuche a las víctimas”.

La empresaria expone a Mancera sus intenciones de ser escuchada por el funcionario a cargo de las denominadas fiscalías especializadas, entre las que se encuentra la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, a cargo de Juana Camila Bautista Rebollar.

“Dicha fiscalía especializada conoce los hechos denunciados por la suscrita por el delito de Trata de Personas cometido en mi agravio, y contra Víctor Manuel ‘N’ y Jorge ‘N’, ambos cooperativistas y funcionarios de alto nivel en la Cooperativa La Cruz Azul, este último nunca me dijo que al continuar con la distribución del cemento de la cooperativa a través de mis dos empresas llevaba implícita la prestación de servicios sexuales por parte de la suscrita, tanto para él como para su jefe, el ya mencionado Víctor Manuel ‘N’”.

Negrete también denunció su caso ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el pasado 31 de octubre.

En los oficios DGDH/503/DEA/6125/2019-10 y DGDH/DEA/6298/2019-10, la autoridad le respondió que la Fiscalía de Delitos Sexuales ya tiene de nueva cuenta la carpeta de investigación para su integración, tal como lo indica el segundo oficio.

“Señala que es sospechoso que el mismo 15 de octubre de 2019 que la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del procurador emita la objeción de la propuesta de no ejercicio de la acción penal sea el mismo día en el que la agente del Ministerio Público, Ana María Gutiérrez Domínguez, dé respuesta, indicando que la misma carpeta fue propuesta al no ejercicio y era citada de la coordinación dar respuesta. Por tal motivo se le indicó que esta visitaduría solicitará información respecto de las acciones de investigación que realizó el Ministerio Público”.

A Víctor Manuel Velázquez y a Jorge Cruz –socio número 2472– se les muestran las conversaciones vía WhatsApp que tuvieron con Patricia Negrete. En una de ellas, del 2 de febrero de 2017, Cruz le pregunta: “Paty, no me vas a contestar. ??? Te dejo de querer, ya no te quiero…”.

También se le exponen las imágenes que contienen los números de los celulares desde los cuales fueron enviados los mensajes, así como un audio de la denunciante.

Aunque reconocen la voz de Negrete, los cooperativistas niegan haber sostenido dicho chat y rechazan que hayan tenido esos números telefónicos.

“Para no hacer el cuento largo, ella (Negrete) es ahijada de XV años de Alfredo Álvarez; nos debe una cantidad de dinero muy fuerte, superior a los 13 millones de pesos. Se nota que la convencieron de que le van a condonar la deuda y la van a ayudar (si se) presta a este tipo de tonterías”, responde Velázquez.

Para Cruz, se trata de “chats que ellos fabrican. A un chat le puedes poner un nombre, hacer cambios y lo manipulas al final del día”.

“Para concluir –apresura Velázquez–, el no ejercicio de la acción penal (se debe) porque nunca aportó los elementos probatorios.”

Marín agrega: “Es una persecución. Es un terrorismo jurídico desde 2015, cuando nos opusimos a la venta de los activos de la cooperativa y del equipo”.

El jueves 7, Patricia Negrete envió al reportero su posición sobre los indiciados en las denuncias penales por agresiones sexuales, Víctor Manuel Velázquez Rangel y Jorge Cruz Romero. “Confío en los cambios del nuevo gobierno, en el sistema de justicia penal y en la atención a víctimas en los delitos de alto impacto contra la mujer, pese a todos los obstáculos para que la autoridad ministerial investigue y profundice en mi caso”.

“Lo que sí se puede probar es la increíble insistencia de no investigar por parte del Ministerio Público que lleva mi caso, que, dada la naturaleza de la situación de corrupción en México y los enormes recursos económicos que tienen los indiciados, que son socios de la Cooperativa La Cruz Azul, es muy evidente la poderosa influencia dentro de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ya que no sólo enfrentan proceso penal conmigo, sino también diversos procesos de fraude cometidos en la multicitada cooperativa.”

Este reportaje se publicó el 10 de noviembre de 2019 en la edición 2245 de la revista Proceso

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Reportero con 30 años de experiencia en temas deportivos, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha cubierto Copas del Mundo de Futbol, Gran Premio de Fórmula Uno, peleas de boxeo de título mundial, mundiales de ciclismo, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos.

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