CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de las protestas que sacuden Bolivia, el gobierno “de facto” del país sudamericano, encabezado por Jeanine Áñez, otorgó 5 millones de dólares de recursos adicionales al Ministerio de la Defensa para equipar a las fuerzas armadas en sus labores de represión, que hasta el momento han cobrado la vida de al menos 23 personas. La decisión fue plasmada en un decreto que emitió Áñez el pasado 15 de noviembre, un día después que la misma presidenta autoproclamada emitiera otro decreto, en el que exentó a los soldados de su “responsabilidad penal” cuando actúen en “legítima defensa o estado de necesidad” durante las manifestaciones que protestan contra el “golpe de Estado” a Evo Morales. A la par, el nuevo ministro de Gobernación, Arturo Murillo, anunció ayer la creación de un aparato especial en la fiscalía, destinado a detener con “órdenes fiscales” a los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) –del que emana el expresidente Morales, actualmente exiliado en México– que cometan “actos de subversión y sedición”. Murillo también advirtió que perseguiría a algunos periodistas afines al gobierno de Morales por “sedición”. Según la prensa local, el político declaró que “les pedimos que informen, no que desinformen. Los ministros, la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) no necesitamos que nos hagan propaganda. Una vez más les pedimos a estos periodistas, sobre todo de medios radiales, que hagan su trabajo y no cometan sedición”. Áñez emitió sus decretos presidenciales en medio de una creciente ola de manifestaciones y una huelga en el occidente del país, cuyos integrantes reclaman entre otros la renuncia de la exlegisladora, la liberación de los detenidos o el repliegue “inmediato” de los militares, y advirtieron que en el caso de ser atendidas sus demandas, tomarían medidas de presión “más drásticas”.