Relatores de ONU y CIDH ven riesgo de que el asesinato de Javier Valdez quede impune

El periodista Javier Valdez Cárdenas. Foto: Riodoce El periodista Javier Valdez Cárdenas. Foto: Riodoce

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 30 meses del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, relatores sobre Libertad de Expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, David Kaye y Edison Lanza, respectivamente, alertaron sobre el riesgo de que el caso quede en la impunidad.

Ante “la lentitud en los avances de las investigaciones del asesinato” de Valdez, fundador del semanario sinaloense Riodoce, y autor de publicaciones relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado, los relatores consideraron “inadmisible” que hasta ahora “nadie haya sido condenado por el crimen”, ocurrido el 15 de mayo de 2017.

En un comunicado conjunto, los expertos en libertad de expresión puntualizaron en que “la falta de celeridad en la investigación, enjuiciamiento y sanción de todos los responsables puede resultar en la violación adicional de los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales”.

Los expertos de la ONU y de la CIDH también manifestaron su “profunda preocupación” por las denuncias sobre amenazas recibidas por Griselda Triana, viuda del periodista y de sus compañeros del semanario Riodoce, por lo que pidieron a las autoridades mexicanas “adoptar medidas de protección integral y efectiva para los familiares del periodista y sus colegas”.

Reconocieron los esfuerzos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), para coordinarse con la Fiscalía General de Sinaloa (FGS) para concluir la investigación y consignarla ante un juez, por lo que corresponde al Poder Judicial “actuar con debida diligencia para concluir satisfactoriamente los procesos”, así como fijar fecha para el inicio del juicio oral.

Al solicitar a los jueces “acelerar el proceso”, los expertos alertaron que la dilación “contribuye de manera directa a la impunidad continua en los crímenes contra periodistas en México”.

Por ello, pidieron al gobierno mexicano “a reemplazar este paradigma de impunidad por otro que garantice una efectiva investigación, enjuiciamiento y monitoreo, de conformidad con sus obligaciones internacionales”.

Los relatores recordaron la obligación de las autoridades mexicanas de “garantizar una investigación independiente, rápida, efectiva e imparcial que permita juzgar ante tribunales imparciales e independientes tanto a quienes cometieron estos actos de violencia, como a sus autores intelectuales”, lo cual permitirá que se haga justicia, “se evitará la repetición y se prevendrán los efectos inhibitorios que la violencia causa en los comunicadores”.

Kaye y Lanza consideraron “imperativo” que la FEADLE utilice su facultad de atracción “para investigar y enjuiciar delitos contra periodistas y adoptar medidas de amplio alcance que pongan fin a la impunidad en el país”, así como apegarse a los tiempos procesales del Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de garantizar el derecho al acceso a la justicia y “evitar el correlativo sufrimiento de las familias frente al retraso de tales procesos”.

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