Denuncian graves irregularidades en el caso de Bernardo Cabrera, torturado para declararse culpable

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC). Foto: Benjamín Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización civil Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C. (RSDCIAC) denunció graves irregularidades en el proceso judicial contra Bernardo Xavier Cabrera Moreno, sentenciado a 29 años de prisión por “delitos que no cometió”, como el homicidio calificado en agravio de Morelos Vargas Gómez, en hechos ocurridos en noviembre de 2008.

En un comunicado, la organización urgió a los magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, donde se encuentra la apelación de Cabrera Moreno contra la sentencia por homicidio y robo agravado –este último delito en agravio del actual secretario general de Gobierno de la entidad, Florencio Salazar Adame–, a emitir una resolución apegada “a los instrumentos internacionales de derechos humanos que México ha firmado y ratificado”.

Detalló que Cabrera Moreno fue sentenciado a 29 años de prisión tras un “proceso plagado de irregularidades”, en el que el juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito de los Bravo no tomó en cuenta el dictamen del Protocolo de Estambul que acreditó la tortura física y psicológica contra el sentenciado.

El juzgador tampoco consideró que Cabrera Moreno no tuvo una defensa adecuada, toda vez que “en su declaración ministerial, el defensor de oficio Juan Francisco Camacho Mancilla ejerció sin cédula profesional durante estas actuaciones (marzo 2009)”.

Tras señalar que el defensor de oficio es hermano de Luis Camacho Mancilla, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la entidad, la RSDCIAC destacó que cuando representó a Cabrera Moreno, el funcionario “se identificó legalmente con credencial 21786 de la Dirección de Defensoría de Oficio del gobierno estatal, y dos años después, en 2011, obtuvo su cédula profesional 8941699 que lo acredita como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro)”.

Ante las irregularidades detectadas en el proceso judicial, la organización insistió en llamar a los magistrados de la Primera Sala, donde se encuentra la apelación, a “actuar conforme a los instrumentos internacionales que México ha firmado y ratificado, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos”.

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