Amnistía Internacional detalla violaciones graves de Carabineros y Ejército de Chile (Video)

Presentación del informe de Amnistía Internacional sobre la situación en Chile. Foto: Twitter @amnistiachile Presentación del informe de Amnistía Internacional sobre la situación en Chile. Foto: Twitter @amnistiachile

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Amnistía Internacional (AI) encontró violaciones graves y generalizadas de derechos humanos por parte del Ejército y los Carabineros de Chile, en el contexto de las protestas que se llevan a cabo en el país sudamericano desde el 18 de octubre pasado.

En un reporte dado a conocer hoy señala evidencias de tortura, tortura sexual, maltratos y uso ilegítimo de la fuerza contra los manifestantes. Destacó que más de 20 personas han sido asesinadas, al menos cinco de ellas por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno de Sebastián Piñera.

El informe se titula “Chile: Política deliberada para dañar a manifestantes apunta a responsabilidad de mando” y resume los hallazgos de una misión de investigación de AI en el país sudamericano.

Las fuerzas de seguridad bajo el mando de Piñera, principalmente el Ejército y la policía nacional (carabineros), “están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”, aseveró.

“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes.

“En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.


“La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), citado por AI, al menos cinco personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2 mil 300 han resultado lesionadas, de las cuales más de mil 400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo.

Además, la Fiscalía ha registrado más de mil 100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos.

Amnistía Internacional consideró que las violaciones de derechos humanos no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros.

“El grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión. Tal extremo, naturalmente, debe ser dilucidado por una autoridad judicial independiente e imparcial”, subrayó.

La decisión del presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles tras imponer el estado de emergencia “tuvo consecuencias catastróficas”, expuso AI.

Amnistía documentó 23 casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Bío-Bío, Antofagasta, Coquimbo, Maule y Araucanía, así como en 11 comunas de la Región Metropolitana de Santiago ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.

Asimismo, la organización obtuvo evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones.

AI documentó también tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual.

“Hasta el momento, la Fiscalía de Chile ha registrado un total de 16 denuncias por violación o abuso sexual a manos de fuerzas de seguridad, como en el caso de Josué Maureira, quien fue violado con un bastón cuando se encontraba en custodia policial. Adicionalmente, varios carabineros lo lesionaron con un objeto cortopunzante en los glúteos, lo golpearon, patearon e insultaron por su orientación sexual”, detalló el reporte.

“En un caso emblemático de tortura y malos tratos, carabineros golpearon brutalmente a una persona cuya identidad se reserva, produciéndole la pérdida irreversible de la visión en un ojo, fractura nasal, la luxación de un hombro y el quiebre de tres costillas con resultado de una lesión en un pulmón.

“Doce funcionarios lo atacaron cuando se manifestaba pacíficamente con una sartén y una cuchara en la plaza Ñuñoa de Santiago”, relata.

La organización también documentó la práctica de los carabineros y soldados de atropellar o intentar atropellar a manifestantes mientras caminaban por la calle en al menos nueve ocasiones en las ciudades de Colina, Quilpué, Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. De esta manera, un militar arrolló y mató a Manuel Rebolledo, de 23 años, en la localidad de Talcahuano.

“Además de los casos documentados, Amnistía Internacional verificó más de 30 piezas audiovisuales que demuestran que carabineros y militares se han ensañado contra civiles de forma injustificada y sin razón aparente.

“Esta violencia se cometió de igual manera contra personas detenidas y sometidas; para dispersar protestas pacíficas; así como en contra de niños, niñas y adolescentes en situación de indefensión, en las ciudades de Valparaíso, Santiago, Viña del Mar, Antofagasta y Concepción”, explicó.

A pesar de que el derecho internacional exige que las armas de fuego con munición potencialmente letal (con munición como perdigones de goma) sólo sean utilizadas de forma excepcional para casos donde esté en peligro la vida o integridad de una persona y de tal forma que se cause el menor daño posible, Amnistía Internacional ha registrado el uso constante e inadecuado de escopetas en contextos de protesta”, denunció.

Adicionalmente a un caso de muerte por perdigones, la organización documentó 14 casos de daños a la integridad física, siete de ellos por lesiones oculares irreparables, y corroboró casi 20 operaciones policiales de este tipo a través de la verificación de imágenes.

“Este análisis demuestra que carabineros (y en menor medida el ejército) ha usado escopetas tipo Benelli M3 y Escorts Aimguard con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza.

“Kevin Gómez de 24 años, falleció según el parte médico por una herida torácico pulmonar producto de múltiples proyectiles el 21 de octubre en la localidad de Coquimbo. De acuerdo con testigos, un militar disparó a Kevin sin mediar palabra y a corta distancia con una escopeta de perdigones, a pesar de que el joven se encontraba desarmado”, indicó AI.

“En un caso, una niña de 15 años recibió múltiples perdigones de un policía que disparó desde un coche oficial en movimiento, mientras ésta se encontraba en una concentración pacífica en la localidad de Cerrillos en la Región Metropolitana. Los perdigones le impactaron el ojo izquierdo, la parte frontal de la cabeza, el hombro y el cuello.

Asimismo, se corroboró el uso de gas lacrimógeno de manera inadecuada y en cantidades alarmantes en al menos 11 eventos, así como en hospitales, universidades, viviendas e incluso colegios, afectando seriamente a niños, niñas, adolescentes y otras poblaciones que requieren especial cuidado.

“A Natalia Aravena, de 24 años, un oficial de Carabineros le disparó sin previo aviso una bomba lacrimógena que impactó su ojo derecho mientras se manifestaba de forma pacífica. Natalia forma parte de las decenas de personas que han sufrido daño ocular severo ya sea por impacto de bomba lacrimógena o por un cañonazo de agua en contextos de manifestación”.

También identificó el uso de granadas de humo que pueden ser extremadamente tóxicas y están diseñadas para su uso en conflictos armados y, por ende, son inadecuadas para el control de manifestaciones. Este supuesto ocurrió el día 14 de noviembre en Temuco, cuando personal médico y de rescate fue atacado con un cañón lanza aguas y una granada de humo mientras socorrían a personas heridas.

Con base en su investigación, AI recomendó, entre otras acciones, cesar la represión de manera urgente e investigar la responsabilidad del mando en las violaciones a derechos humanos.

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