Nuevos datos sobre la gestión de Emilio Lozoya Austin como director general de Pemex indican que no sólo pugnó por asignarle directamente a la trasnacional Odebrecht proyectos estratégicos muy rentables, como el gasoducto México-Guatemala. Lo hizo en contra de lineamientos del BID y la Secretaría de Energía, y mediante acuerdos personales con funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina que hoy están acusados de corrupción y tráfico de influencias. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A mediados de 2015, Emilio Lozoya Austin estaba empeñado en que Pemex se hiciera cargo del gasoducto de 580 kilómetros que conectaría la frontera sur de México con Guatemala para distribuir gas natural a toda la región, con una inversión inicial de 525 millones de dólares. No sólo eso. Lozoya buscaba que Pemex adjudicara directamente el proyecto a la constructora brasileña Odebrecht, además de que la petrolera se convirtiera en propietaria y comercializadora del gas natural en la región, en un esquema parecido al del gasoducto Los Ramones en el norte del país. El gasoducto se desarrollaría en una primera etapa desde Salina Cruz hasta la ciudad de Escuintla, en Guatemala, y después hasta Costa Rica, pasando por Acajutla, en El Salvador. Al cierre del primer semestre de 2015, el entonces director de Pemex – quien ahora enfrenta un proceso por su posible responsabilidad en delitos como lavado de dinero y asociación delictuosa– presionaba ante todas las instancias del gobierno de Peña Nieto para que la empresa productiva del Estado mexicano coordinara y adjudicara directamente la obra de infraestructura, tal como lo hizo con otros ductos de gas través de Pemex Transformación Industrial. Con fecha del 23 de abril de 2015, una nota informativa interna de la Secretaría de Energía sobre los avances en materia de comercio y transporte de gas natural en México y Centroamérica –que Proceso consultó–, establece que en las negociaciones diplomáticas en las que participó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “la propuesta (de Pemex de convertirse en el dueño del gasoducto e invertir en una planta de energía eléctrica, además de no encuadrar en el nuevo marco jurídico mexicano, había sido objetada por el gobierno de Guatemala”. De acuerdo con el documento interno de la Secretaría de Energía, Lozoya quería además que Pemex fuera copropietario, junto con la Comisión Federal de Electricidad, de una planta de generación de energía eléctrica de 300 megawatts en Guatemala. El plan establecía que Pemex también se haría cargo de la comercialización, lo que permitiría anclar la demanda y darle viabilidad al proyecto. La inversión para el gasoducto entre México y Guatemala, según cálculos del BID en ese momento, se estimaba en al menos 520 millones de dólares, pero podría llegar a mil 200 millones y contaría con asesoría técnica y regulatoria del BID. Una joya para la integración de la región que, además, tenía el visto bueno del Departamento de Estado porque a Washington le urgía, desde entonces, vender sus excedentes de gas natural desde Texas a Centroamérica, a través de México. Pemex no figuraba como exportador de gas natural porque en 2015 ya se observaba una caída en la producción del combustible. Sólo aspiraba a ser un intermediario del gas estadunidense. El proyecto de Pemex, en el que Lozoya buscaba que el contratista estrella fuera Odebrecht, no sólo se contraponía a la Ley de Hidrocarburos sino que violentaba, según los documentos del proyecto, el modelo financiero previsto por el BID, que sólo ofrecía cooperación para el diseño del modelo financiero porque no contaba con recursos a fondo perdido. La Secretaría de Energía, a través de la Subsecretaría de Hidrocarburos, buscaba que en las reuniones de trabajo para el desarrollo del gasoducto se acordara de manera transparente el proceso de licitación pública internacional para asignar el contrato con la anuencia de los gobiernos de México y Guatemala, pero Pemex seguía oponiéndose. Odebrecht, la consentida Fue en Cancún, entre el 5 y el 6 de mayo de 2015, durante el Foro Económico Mundial sobre América Latina, cuando se llevó a cabo una reunión diplomática de alto nivel a la que se había convocado a los jefes de Estado de Honduras, El Salvador y Guatemala. Aquella cumbre la presidiría el entonces presidente Enrique Peña Nieto y tenía como propósito involucrar a Honduras y El Salvador en el proyecto para la distribución de gas natural extraído principalmente en campos estadunidenses. “El gobierno de Estados Unidos también ha señalado su disposición a apoyar la identificación de fuentes de financiamiento, toda vez que el proyecto forma parte de su estrategia regional de desarrolloE, señala un documento de la Secretaría de Energía, en aquel tiempo a cargo de Pedro Joaquín Coldwell. Uno de los puntos de la agenda era, precisamente, definir el esquema para la construcción del gasoducto e involucrar a El Salvador y a Honduras, de acuerdo con uno de los asistentes a ese encuentro. El 5 de mayo, en medio de las reuniones para definir el esquema de construcción del gasoducto, impaciente mientras escuchaba a los funcionarios de la Secretaría de Energía que conducían el encuentro ministerial y hablaban sobre el proceso de licitación del gasoducto, Lozoya intervino abruptamente: “Ya en la Ciudad de México tuve una reunión con el ministro de Energía de Guatemala (Erick Archila Dehesa) y allí acordamos que el gasoducto lo haría Odebrecht”, dijo Lozoya, interrumpiendo la exposición de Lourdes Melgar, subsecretaria de Energía. Joaquín Coldwell vio incómodo la escena, pero tanto él como el canciller José Antonio Meade guardaron silencio. Lozoya Austin informó a la sorprendida audiencia que, como resultado de esa reunión, Archila y él habían resuelto también que la asignación a Odebrecht sería directa y por eso no era necesario seguir analizando el tema de una licitación pública internacional. En esa reunión estaban, por parte de Guatemala, Edwin Ramón Rodas Solares, viceministro de Energía en la administración de Otto Pérez Molina y también coordinador general del proyecto de gasoducto. Rodas Solares se disculpó cuando varias asistentes le preguntaron sobre dichos acuerdos. Comentó que él tampoco estaba enterado de la reunión entre Lozoya y Archila, y se dijo también sorprendido con el anuncio de Lozoya. El encuentro concluyó sin acuerdos sobre el gasoducto, el cual hasta la fecha no se ha construido a pesar de considerarse uno de los proyectos más rentables porque Centroamérica requiere urgentemente infraestructura para el transporte de gas natural. Concluida la reunión, Joaquín Coldwell llamó a su equipo en la Subsecretaría de Hidrocarburos para analizar el episodio; incluso propuso que la Secretaría de Energía apoyara la idea de dejar a Pemex el proyecto y que lo construyera Odebrecht, que según él “era una buena empresa que ya había construido con éxito la planta de Etileno XXI en Veracruz”. Exfuncionarios que asistieron a la mencionada reunión en Cancún y, posteriormente, a juntas con el titular de la Secretaría de Energía, confirmaron esta versión e indicaron que la posición de la Subsecretaría de Hidrocarburos era continuar con la licitación transparente del gasoducto y no una adjudicación como proponía Lozoya Austin. Rodas Solares fue nombrado por Otto Pérez Molina como responsable del ministerio de Energía y Minas. El cambio en las carteras del gobierno de Guatemala se presentó luego de que Erick Archila Dehesa, el funcionario de la controvertida reunión con Lozoya, fue indiciado en una investigación sobre fondos ilegales para el Partido Patriota durante el proceso electoral que llevó a Otto Pérez Molina a la Presidencia de Guatemala y por lo cual fue investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La trasnacional brasileña Odebrecht también fue parte de los sobornos a funcionarios guatemaltecos por la asignación de una carretera, según los archivos de la CICIG. Archila Dehesa ahora se encuentra prófugo, acusado de corrupción como parte de las indagatorias que presentó ante el Poder Judicial de Guatemala la CICIG, que en septiembre pasado concluyó sus operaciones en ese país luego de 11 años de apoyo judicial. Sin embargo, para Roda Solares, el excoordinador del gasoducto México-Guatemala, el nombramiento como ministro de Energía y Minas apenas duró unos días: en julio de 2015 fue detenido por las autoridades guatemaltecas por el delito de corrupción y tráfico de influencias, también en el marco de las investigaciones de la CICIG. En entrevista, los investigadores de la CICIG explicaron que las acusaciones contra funcionarios del expresidente Pérez Molina formaron parte de la investigación conocida como “Construcción y Corrupción”, que reveló una estructura de redes entre políticos y empresarios locales y extranjeros encabezada por el exministro de Comunicación, Infraestructura y Vivienda de Guatemala, Alejandro Sinibaldi, quien ante tribunales fue enjuiciado por negociar sobornos con Odebrecht. En agosto de 2015 la CICIG, que le reportaba a la ONU, giró junto con un Ministerio Público de Guatemala una orden de aprehensión contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti y la petición de antejuicio contra Pérez Roldán por los delitos de cohecho pasivo, asociación delictuosa y defraudación aduanera. En diciembre de 2017 Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirectivo de Odebrecht en México, aseguró haber entregado sobornos hasta por 4 millones de dólares a Lozoya Austin a cambio de favores en los procesos de asignación de obras. Entre 2014 y 2015 Pemex convirtió a la constructora brasileña en uno de sus más importantes contratistas. Odebrecht formó parte del consorcio OAT, que en julio de 2014 obtuvo, vía adjudicación directa, el contrato para el gasoducto Los Ramones Fase II Norte, cuya extensión fue de 450 kilómetros para conectar a Nuevo León con San Luis Potosí. Las divisiones Petroquímica Gas y Petroquímica Básica de Pemex, a través de su filial Pipelines Norte, beneficiaron a Odebrecht, Techint y Arendal, con un contrato en el que se necesitaba una inversión por mil 200 millones de dólares. Entre 2013 y 2017 la Auditoría Superior de la Federación detectó que Pemex pagó a Odebrecth un sobreprecio mayor a mil 225 millones de pesos. Este reportaje se publicó el 17 de noviembre de 2019 en la edición 2246 de la revista Proceso