El búmeran político de referendos, plebiscitos y otras consultas populares

Evo Morales, expresidente de Bolivia. Foto: Miguel Dimayuga Evo Morales, expresidente de Bolivia. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin duda, la debacle política que hoy vive Bolivia empezó a gestarse el 21 de febrero de 2016, día en que se celebró el referendo para preguntar a los bolivianos si estaban de acuerdo en modificar la Constitución para que el entonces presidente Evo Morales pudiera postularse a un cuarto mandato consecutivo.

La consulta se saldó con un 51.3% por el “No” y 48.7% por el “Sí”. El líder aymara ya había adelantado que “si ganamos será por pocos votitos, y si perdemos será por pocos votitos”. Pero él y sus asesores políticos no supieron, o no quisieron, interpretar que ese escaso 2.6% de diferencia era el sentir real de una población ya de sí fuertemente polarizada.

Sabedor de que en el Congreso y las instancias judiciales mantenía una mayoría de adeptos, el ejecutivo movilizó a los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) para que interpusieran un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual falló que no se podía impedir que Evo se postulara de nuevo, porque “se violarían sus derechos humanos”.

Así, el Tribunal Supremo Electoral tampoco puso objeciones y convocó a elecciones generales el 20 de octubre de 2019, con Morales nuevamente como candidato del MAS a la presidencia. Lo demás ya se sabe: la “caída” del sistema de conteo, las acusaciones de fraude, la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), las protestas “cívicas”, el motín policial y, finalmente, el viraje de las fuerzas armadas. Ahora Evo está como asilado político en México, y en Bolivia los personeros de la derecha más retrógada se han hecho momentáneamente del poder.

Pero el defenestrado presidente boliviano y su país no son los únicos que están sumidos en el caos como resultado de una consulta ciudadana que no salió como se esperaba. En la actualidad al menos tres casos destacados se debaten en la incertidumbre política a raíz de la muy democrática voluntad de consultar a la población: Colombia, Reino Unido y, dentro de España, Cataluña.

En Colombia nadie se imaginó –ni las encuestas– que el “plebiscito por la paz”, celebrado el 2 de octubre de 2016, diera como resultado un “No”. ¿Quién podría estar en contra de la pacificación de un país que se había desangrado más de medio siglo por un conflicto interno? Pues la mitad de los votantes: 50.2% por el “No” y 49.7% por el “Sí”.

Acicateados por el Centro Democrático (CD), del expresidente Álvaro Uribe, y pastores evangélicos, los sectores más conservadores se movilizaron, con una exaltación inusitada, para rubricar que no apoyaban un acuerdo de paz con una guerrilla de izquierda a la que consideraban sólo una organización criminal.

Aunque la diferencia era mínima (0.5%) y la consulta no vinculante, el presidente Juan Manuel Santos, quien durante varios años impulsó los esfuerzos de paz, tuvo claro que el acuerdo no podría implementarse con esa oposición. Procedió a hacer algunos cambios sobre los principales reclamos, y luego lo turnó al Congreso, donde tenía mayoría. Ahí se aprobó con 75 votos en el Senado y 130 en la Cámara de Representantes. Los representantes del CD se ausentaron de la votación.

A tres años, ni el Premio Nobel de la Paz para Santos ni la legalización de los acuerdos han cristalizado. El CD recuperó la presidencia, con Iván Duque tutelado por Uribe, y gran parte de lo pactado no se ha cumplido. Muchos excombatientes desencantados volvieron a las armas, cientos de desmovilizados y activistas sociales han sido asesinados, el ejército ha vuelto a disparar y la población civil, sobre todo rural, está de vuelta en el fuego cruzado.

Otra consulta que se revirtió políticamente, fue la del Brexit. Cuando era primer ministro, David Cameron convocó al referendo como una promesa de campaña para apaciguar a los miembros y las bases más duras de su partido, descontentos con las directrices de la Unión Europea (UE), y de ese modo presionar para arrancarle concesiones a ésta. Apostó a que la mayoría de los británicos optaría por quedarse en la UE, y él mismo promovió el “remain”.

Pero después de una campaña polarizada, llena de manipulación y noticias falsas, en la que inclusive hubo violencia, el 23 de junio de 2016 los votantes decidieron en un 52% que sí se querían ir, y 48% que no. Cameron renunció ese mismo día.

Después de tres años y con la amenaza latente de consecuencias económicas catastróficas, Gran Bretaña y la UE no han logrado ponerse de acuerdo sobre los términos de la salida. Ya cayó otro gobierno, el de Theresa May, y ahora es primer ministro uno de los más feroces promotores del Brexit: Boris Johnson. Pero sus propios correligionarios lo han bloqueado una y otra vez, ya se habla de nuevas elecciones y también de la posibilidad de un nuevo referendo, para ratificar el anterior…

Esta incertidumbre amenaza a otro acuerdo aprobado por referendo, el del Viernes Santo, que en 1998 logró la pacificación entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Ese año, 71% de los unionistas y 94% de los republicanos decidieron poner fin a la violencia, aunque no fue sino hasta 2007 que culminó el proceso, con la formación en el Ulster de un gobierno autónomo de poder compartido entre las dos fuerzas. Esa paridad se ve ahora en riesgo, tanto por diferencias políticas entre unos y otros, como por la posibilidad de un Brexit duro, que cerraría las fronteras entre esas dos partes de la isla de Irlanda.

Y está el referendo independentista de Cataluña, que si bien se circunscribe a esa región autónoma, ha marcado durante los últimos años la agenda política de toda España. Los afanes separatistas de los catalanes resurgieron después de la muerte de Francisco Franco, quien les conculcó su autonomía durante 40 años. En 1978 la nueva Constitución se las devolvió y, en 2006, un estatuto les concedió todavía más facultades. Pero en 2010 el Tribunal Constitucional de España determinó que eran excesivas y revirtió gran parte.

Exacerbados los ánimos, el govern catalán convocó en 2014 a un refrendo “simbólico”, que fue desconocido por las autoridades españolas. Pero el 1 de octubre de 2017 se llevó a cabo un referendo independentista “real”, que el gobierno central de Madrid no sólo volvió a desconocer, sino declaró ilegal.

Amparado en la Constitución, que establece la unidad territorial del Reino de España, el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy optó por el manejo legal y no político del independentismo catalán. Y ante la declaración unilateral de independencia del gobierno local, en acatamiento a los supuestos resultados del referendo (90% a favor, pero el 43% de los opositores no votó) Madrid aplicó el artículo 155 constitucional, que lo facultó para intervenir en Cataluña.

Resultado: persecuciones, idas al exilio, detenciones y juicios; marchas, protestas e inestabilidad política. Rajoy finalmente cayó y lo sustituyó el socialista Pedro Sánchez. Pero éste enfrenta ya cuatro elecciones, sin lograr formar gobierno. En todos los comicios el desafío catalán ha estado presente, mientras los procesos legales continúan. El 14 de octubre, luego de que el Tribunal Supremo Español sentenciara a fuertes penas de cárcel a nueve líderes independentistas, en Cataluña se desataron por días protestas de una violencia inédita.

A la luz de estos ejemplos de democracia directa –llámense referendos, plebiscitos o consultas populares– que se han revertido políticamente contra sus promotores, muchos se preguntan si vale la pena insistir y correr el riesgo de esta “herramienta democratizadora”, que da voz decisoria a una ciudadanía imprevisible, desinformada y fácilmente manipulable.

Al respecto, la BBC de Londres consultó a la directora para América Latina del Centro de Investigación sobre Democracia Directa de la Universidad de Zurich, Yanina Welp, quien también es autora del libro Let the people rule? Direct Democracy in the twentyfirst Century. Ella, luego de aclarar que está en favor de estos ejercicios, dice que en su desenlace es fundamental observar quién convoca y qué y cómo se pregunta.

Por quién convoca, se refiere a si la consulta es a iniciativa de un gobernante, porque lo mandata la Constitución o porque la ciudadanía lo exige reuniendo un número de firmas suficiente para que se lleve a cabo. En el primer caso, cita al presidente Santos de Colombia –también podría ser Cameron– quien, así, se convierte en “juez y parte”. En el segundo, a Bolivia, que se convocó por mandato constitucional y causó la derrota de Evo. Y en tercero a Cataluña, donde si bien había un reclamo ciudadano suficiente, éste enfrentaba una situación local con un marco legal nacional.

Viene luego el asunto de cómo se plantean las preguntas. La estudiosa indica que éstas deben ser sencillas, para que la gente las entienda; y objetivas, es decir que no marquen de entrada una tendencia o se presten a diversas interpretaciones y, con ello, a la confusión y manipulación. Así, la mayoría de las consultas se plantea como una elección binaria entre “Sí” o “No”. Welp dice que ante ello ha funcionado hacer preguntas subordinadas que clarifiquen estas dos opciones.

Y aun así, “se ha observado que con frecuencia la gente no responde a la pregunta que se trata de dirimir, sino más bien vota por otras variables”. Lo que los académicos llaman “preferencias de segundo orden”. Y ello explica, dice Welp, que muchas de estas consultas se conviertan en un voto de apoyo o de castigo a las figuras políticas que las convocan.

Pero este efecto búmerang no siempre ha traído consecuencias políticas negativas. Está por ejemplo el plebiscito constitucional de Uruguay en 1980, mediante el cual el régimen militar autoritario intentó legitimarse en el poder, pero 57.20% de los votantes le dijo “No”, impulsando así el proceso de apertura democrática.

Más sonado fue el de 1988 en Chile que, convocado por el propio Augusto Pinochet, hizo que 54.71% de los chilenos le dijera “No” a su intención de seguir en el poder otros ocho años. Según trascendió después, el general intentó desconocer ese resultado, pero no obtuvo el apoyo del resto de la Junta de Gobierno; y así se inició la transición a la democracia. Chile fue por cierto el primer país latinoamericano en realizar una consulta de este tipo: el plebiscito de 1817 que rubricó su independencia de España.

Según la Dirección para América Latina del centro de estudios suizo donde está Welp, de 1900 a 1980 se celebraron en la región sólo 38 referendos. Pero a partir de ese año, se cuentan más de un centenar de esas consultas como herramienta para legitimar decisiones importantes o polémicas. Hasta ahora, cinco países no la han utilizado: República Dominicana, Nicaragua, Honduras, El Salvador y México. Pero ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha introducido la figura de “revocación de mandato”…

 

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