La UNAM propone reformar al MP para frenar corruptelas, abusos y falsas acusaciones

La Biblioteca central de la UNAM. Foto: Miguel Dimayuga La Biblioteca central de la UNAM. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH), envió al presidente Andrés Manuel López Obrador un proyecto de reforma al Ministerio Público (MP), con el fin de dotarlo de alta calidad profesional en sus tareas de investigación y persecución del delito.

En conferencia de prensa, Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del PUDH, precisó que el documento también fue enviado a todos los gobernadores y fiscales del país, así como a los presidentes de las comisiones de justicia del Congreso de la Unión y los Congresos estatales.

La propuesta, aseguró, es resultado de un diagnóstico que realizó el Programa sobre el estado actual de esta representación judicial, por lo que contiene acciones claras, concretas, precisas, detalladas, viables y eficaces para superar los vicios de ese organismo.

El expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) afirmó que la dependencia debería contar con una estructura de cuatro componentes: fiscales o agentes del Ministerio Público; policía de investigación preparada, confiable y eficaz que pueda resolver los delitos y recibir denuncias; un Instituto Nacional de Ciencias Forenses con autonomía; y un consejo de procuración de justicia que supervise lo que hace el MP y que proponga medidas de mejora continua.

De la Barreda explicó que, al realizar una función tan importante como la procuración de justicia recta, eficaz y expedita para la ciudadanía, el MP debe ser altamente profesional, por lo que se debe seleccionar de manera rigurosa a su personal, a través de exámenes de conocimientos y psicológicos.

Además, agregó, no basta con que sean abogados, deberán contar con una formación a fondo, que conste de un curso profesional de cuatro semestres y mil 280 horas de clase.

“Los que aspiren a ser policías de investigación o peritos también deben prepararse y seguir estudiando siempre”, subrayó el universitario.

Lo anterior, remarcó, debido a que en la actualidad el MP a nivel local y federal es considerada una institución ineficaz, en la que son frecuentes las corruptelas, abusos, falsas acusaciones y la falta de vocación de servicio de quienes ahí laboran, pues de cada 10 presuntos homicidas, menos de uno es presentado por los agentes ante el juez.

La propuesta también incluye salarios decorosos para los funcionarios, acordes con la importancia y riesgo que implica su trabajo, abundó.

“Los fiscales deben ganar 75% de lo que gane el fiscal general, y los policías de investigación y peritos, no menos del 75% de lo que gana el agente del Ministerio Público. Asimismo, deben tener jornadas laborales máximas de ocho horas”, indicó.

Por su parte, José Antonio Aguilar Valdés, secretario académico del PUDH, se pronunció porque, al igual que el instituto nacional de ciencias forenses, los servicios periciales sean autónomos con el objetivo de que rindan dictámenes y cuenten con un departamento especializado en la cuantificación de daños, “porque rara vez se repara a las víctimas”.

Puntualizó que, a pesar de la reforma constitucional de 2008, que ordenaba la transformación de las policías y el propio Ministerio, para lo que se fijó un plazo de ocho años, no han podido salir del olvido ancestral y la “atroz situación” en la que se encuentran.

En conjunto, los expertos señalaron que las medidas propuestas podrían ser aplicadas de inmediato y desarrolladas de manera integral a mediano plazo, es decir, dentro de uno o dos años, para ver resultados un poco más adelante.

“Hay que hacer un presupuesto, liberar recursos y ponerse a trabajar con los expertos, para que se vayan resolviendo los problemas”, expuso Aguilar, quien ante los rumores de un recorte de 10% al presupuesto de la Fiscalía General de la República, indicó que quizá habría que triplicarlo.

Como ejemplo de la instrumentación de las acciones contenidas en el documento, los universitarios plantearon la entrega de tabletas a policías, una herramienta que consideran poco onerosa y con la cual las víctimas no tendrían que esperar más de seis horas en las oficinas para presentar su denuncia.

“Es absurdo que se siga actuando con procedimientos del paleolítico para asuntos tan delicados, como es la procuración de justicia”, sentenció De la Barreda.

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