CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Hace 25 años se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) en El Cairo, Egipto. En ese entonces, la doctora Nafis Sadik, directora del Fondo de Población de la ONU (UNFPA) reconoció que en distintas partes del mundo las mujeres exigían una mejoría de los servicios de salud reproductiva, con una ampliación que incluyera la despenalización del aborto. Un objetivo central de la CIPD fue reconocerles a las mujeres el derecho de controlar sus vidas reproductivas, por lo cual planteó que el aborto realizado en condiciones ilegales es un grave problema que es necesario enfrentar. Eso, que abarcó solamente dos párrafos de un documento de más de 100 páginas donde se abordan cuestiones de salud, alimentación, educación, protección de derechos y obligaciones de los países, y que aboga por un desarrollo integral dirigido a erradicar las desigualdades, fue magnificado por El Vaticano como una “política criminal”. Pese a la intensa y aterrorizante campaña que los obispos y curas desplegaron en los medios de comunicación para imponer sus prohibiciones dogmáticas, todos los países, excepto Irán y Malta, aprobaron los capítulos relativos a “Derechos reproductivos y salud reproductiva”, en especial el párrafo 8.25 del Programa de Acción que plantea que el aborto inseguro es un grave problema de salud pública. La semana pasada el UNFPA convocó a una Cumbre en Nairobi con motivo de los 25 años de la CIPD, para revisar los compromisos adquiridos hace cinco lustros de cara a una renovación del compromiso con la salud reproductiva. Nuestro país estuvo representado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Segob. ¡Su intervención fue espectacular y puso a México a la vanguardia de los demás países de América Latina! Encinas inició señalando que “si bien el Programa de Acción de Cairo nos dio la oportunidad de fijar rumbo hacia un mejor futuro, éste se ha desdibujado en medio de la crisis del multilateralismo, derivada de la falta de entendimiento, solidaridad y cooperación entre las naciones y sus pueblos”. La revisión del “contexto adverso” motivó una profunda reflexión en nuestra región, que llevó a construir un posicionamiento muy progresista: el Consenso de Montevideo de Población y Desarrollo (2013). Encinas recordó la importancia de ese instrumento y consideró que es fundamental aplicarlo para “enfrentar las brechas de desigualdad que laceran nuestro continente”, y para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Encinas fue muy claro en destacar el sentido humanista y de respeto a los derechos humanos que tiene el actual gobierno y definió sin ambages que la política de población implicará una serie de medidas para “disminuir la mortalidad materna, en particular erradicar las muertes por abortos inseguros, garantizando el acceso a la atención integral y a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción legal del embarazo, respetando la dignidad, autonomía, integridad, libertad de las mujeres”. Habló de la ampliación de los servicios de salud sexual y reproductiva con un enfoque de derechos, como parte de la transición que el sector salud está llevando a cabo hacia la universalización de los servicios de salud para toda la población. De cara a un horizonte ominoso, en especial por el avance de los grupos fundamentalistas, es imprescindible lo que Encinas propone: redoblar esfuerzos “ante las narrativas que buscan socavar los derechos de las mujeres, las y los jóvenes, y que alientan múltiples formas de discriminación y violencia”. Un tema central que subrayó fue el de las acciones de carácter preventivo, y ahí destacó la necesidad de otorgar educación sexual integral desde la infancia en todos los niveles educativos de gestión pública. Esto lo vinculó con el gravísimo problema del embarazo adolescente y planteó que el Estado tiene una gran responsabilidad en la manera en que se enfrenta este doloroso problema. Me dio la impresión de que él sabe bien que no basta con “prevenir” esos infaustos embarazos, sino que también hay que “remediarlos”. Encinas habló de la violencia que rodea esta problemática y prometió asumir “compromisos que contribuyan a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, implementando acciones para la identificación temprana de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como mecanismos de prevención y atención de la violencia de género, que influyan de manera efectiva en la contención y eliminación de la violencia feminicida”. Las palabras de Encinas en Nairobi abren un panorama pleno de esperanzas. Mientras en otros países de América Latina vemos a los grupos fundamentalistas católicos y evangélicos avanzar con una agenda retrógrada en materia de sexualidad y reproducción, México se muestra abierto a nuevas conceptualizaciones, muchas de ellas basadas, como también lo enunció nuestro subsecretario, en datos científicos. Sí, el conocimiento científico es crucial, pero más lo es la voluntad política de gobernantes comprometidos con los derechos humanos, y la autodeterminación de las personas en el ejercicio libre y responsable de su sexualidad, como la que mostró Encinas al ponerse el pañuelo verde en Nairobi. Este análisis se publicó el 24 de noviembre de 2019 en la edición 2247 de la revista Proceso