Tren Maya: el temor de que empresas extranjeras acaparen los beneficios

Reuniones de información sobre el Tren Maya. Foto: Mathieu Tourliere Reuniones de información sobre el Tren Maya. Foto: Mathieu Tourliere

TIXPEHUAL, Yuc. (apro).- Ante los cuestionamientos de autoridades mayas de Yucatán sobre ciertos aspectos del Tren Maya, el arquitecto Enrique Ramírez Escobedo, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), aseguró: “No va a haber (empresas) extranjeras”.

Lo dijo a pesar de que Senermex, la filial de la empresa española Sener en México, encabeza el consorcio de empresas que en agosto pasado obtuvo el contrato de 298.9 millones de pesos para elaborar el estudio de ingeniería básica del megaproyecto.

Minutos antes, Hilda Díaz, una habitante de la región de Tixpehual, municipio ubicado a 20 kilómetros de Mérida, había expresado su temor de que “inversionistas extranjeros, privados”, acaparen los beneficios del Tren Maya, y que las poblaciones locales sólo sirvan de “empleados o como albañiles o trabajadores” en el proyecto, lo que fue seguido de un trueno de aplausos en la asamblea convocada para escuchar sobre el megaproyecto.

“Inicialmente queríamos hacerlo en Asociación Público-Privada (APP), con inversionistas extranjeros, porque tienen más recursos que muchas empresas mexicanas, pero esto se acabó; lo vamos a hacer por la ley de obras públicas. El recurso ya está en el gobierno y no va a haber extranjeras”, contestó el representante del Fonatur.

Un joven comisario de Motul, lúcido, subrayó que el tren no atravesará su región, por lo que su comunidad no gozará de sus presuntos beneficios del tren. “Se nos invitó a este (acto) para sacar provecho de nuestra opinión, para que promovamos (el tren) en nuestra comunidad”, y abundó: “Queremos que realmente nos beneficie, que la mano de obra tiene que ser la de aquí”.

Este viernes, durante más de tres horas, ese municipio yucateco fue el teatro de una de las 15 reuniones de información sobre el Tren Maya que el gobierno federal organizó en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, en el marco de su proceso de consulta indígena –cerca de un año después del arranque del proyecto–. En dos semanas las comunidades entregarán al gobierno federal sus observaciones sobre el proyecto.

reuniones de información sobre el Tren Maya. Foto: Matiheu Tourliere

En la cancha de baloncesto, funcionarios federales presumieron los mil 425 kilómetros del Tren Maya, su tecnología moderna y sus 18 estaciones –o “polos de desarrollo”–, así como la promesa de que este servicio de transporte detonará el desarrollo del sureste mexicano mediante un incremento de la actividad hotelera, comercial y de servicios.

Sin embargo, las observaciones de los comisarios y otros representantes de comunidades evidenciaron que, más allá del Tren Maya, existen necesidades más apremiantes en la región, principalmente en materia de infraestructura y de empleo.

Durante la extensa sesión de preguntas y respuestas, algunos expresaron dudas sobre el proyecto y sus efectos, y otros señalaron que sus comunidades quedarían excluidas de los supuestos beneficios del Tren Maya, dado que, según los mapas exhibidos, la máquina pasará lejos de sus regiones.

“La ruta se hizo para las comunidades más grandes, no se puede para todos”, confesó Ramírez, y añadió que “en otra etapa podríamos hacer ramales”. Abundó: “Este proyecto no es del gobierno, es de ustedes”.

Un comisario de Molas preguntó si las tiendas en las estaciones del tren “realmente apoyarán a los verdaderos artesanos, o a los revendedores”, ya que “los que más ganan de las artesanías son los revendedores del centro de Mérida”. Ramírez se quedó sin respuesta: “Nosotros ponemos la infraestructura, (lo demás) serían acuerdos internos de las comunidades”, dijo.

Varias autoridades indígenas resaltaron su preocupación respecto a las viviendas que colindan con las vías del tren y que serán demolidas para permitir el paso de los vagones. Ramírez contestó que, según un censo realizado el año pasado, existen más de 2 mil 300 registros de “invasión de vías” y que las autoridades darán un trato diferenciado a los ocupantes de dichas viviendas.

Afirmó que las personas que construyeron sus casas hace muchos años serán reubicadas mediante programas sociales, pero advirtió que quienes ocuparon las vías a sabiendas de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanzaría el proyecto del Tren Maya serán expulsados.

Cecilia Vázquez, comisaria en Cacalchen, un poblado de 115 habitantes cercano a Motul, asistió a la asamblea con su esposo. “La verdad es la primera vez que venimos a saber sobre el tren”, dice a Apro. Si bien afirma que “en principio” el proyecto les parece buena idea, reconoce que “no sabemos lo que nos puede aportar”.

Pero además de escuchar sobre el tren, la mujer se desplazó hacia Tixpehual para plantear, de nueva cuenta, la necesidad de que el gobierno arregle la carretera de su pueblo, que lleva 29 años degradándose y se encuentra ya infestada de baches, lo que pone en riesgo a la población y afecta la situación económica.

Explica que en su pueblo “la Coca-Cola” es propietaria de amplias extensiones de tierras sembradas con cítricos y que las renta a un empresario de Mérida, quien a su vez emplea a algunos campesinos locales por mil 50 pesos semanales.

Vázquez indica que entregó una petición para arreglar la carretera “al gobierno federal cuando vino, como en marzo pasado”.

– ¿Al gobierno federal?, se le pregunta.

“Sí, a Andrés (Manuel) López Obrador, cuando vino a Mérida”, revira.

“Que sientan el apapacho”

Si bien la reunión de hoy se limitaba a aportar información a las comunidades de la región para que determinen si apoyan o no el proyecto, en realidad durante más de tres horas los funcionarios abogaron por el proyecto, en la línea de lo que anunció Rogelio Jiménez Pons, el titular del Fonatur, cuando afirmó que “en tren va porque va”.

Ello se hizo evidente desde un principio, cuando el anfitrión, el presidente municipal de Tixpehual, Gerardo Concha Navarrete, multiplicó los elogios hacia el Tren Maya; resaltó: “Vamos a ser mensajeros de este proyecto tan importante”. Y, tras invitar a “todas las autoridades para que difundamos este gran proyecto”, insistió en que “juntos saquemos adelante este proyecto y los invitamos para que lo aprobemos”.

Anabel López Sánchez, quien representó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) –la institución encargada de proveer la asistencia técnica en la consulta–, insistió en que el “espíritu” de la consulta “es escucharlos”, y expresó que “el tren es sólo un elemento de una estrategia de desarrollo que queremos construir con ustedes”.

La funcionaria tropezó en el momento de comentar que el derecho a la consulta implica que ésta sea “previa”, mientras que en el caso del Tren Maya el proyecto arrancó desde principios de año, es decir, meses antes de llevarse a cabo la consulta. “Es previo”, dijo, “porque les informamos incluso antes de que inicien los estudios más específicos del proyecto”.

Al concluir su ponencia, en la que mantuvo una postura relativamente neutral, soltó: “El proyecto del Tren Maya es estratégico, pero no es extractivo, no pretende quitarles tierras; no es un proyecto neoliberal que plantea beneficios para unos cuántos, sino para todos”.

Desde temprana hora, decenas de autoridades municipales y comisarios agrarios de la región que rodea Mérida acudieron a la cancha de baloncesto de Tixpehual; después de registrar la copia de su INE, recibieron una torta de cochinita pibil y un refresco, así como un paquete de documentos sobre el Tren Maya y el proceso de consulta, elaborados por el Fonatur.

En un primer documento, impreso en color y con una portada en plástico transparente, el Fonatur explicó algunos detalles técnicos del Tren Maya; en otro –un cuadernillo informativo elaborado en español y en maya– enumeró los beneficios del proyecto, entre otros que será “rápido”, “ecológico”, “seguro”, “cómodo “, “eficiente” y “fiable”.

Mientras la asamblea se preparaba, Mario Sánchez, uno de los funcionarios del INPI, alentaba a los 20 “servidores de la nación” presentes a promover el proyecto, e insistió en que corran la voz de que “no se buscan inversiones privadas ni extranjeras” o que “la afectación territorial es mínima”. Concluyó su breve charla recordando que “somos el Estado” y les instruyó a que los representantes de las comunidades aledañas “sientan el apapacho”.

Emilio Alermo Tepal Puc es funcionario municipal en Mérida y acudió a la reunión por invitación del ayuntamiento. Dice a Apro que, según él, el tren le permitirá viajar de manera más económica que los autobuses de la región; sin embargo, no tiene más detalles sobre las tarifas del Tren Maya para los habitantes de la Península. Nadie los tiene por el momento.

En la audiencia se encontraban representantes de comunidades indígenas y un gran número de funcionarios de los tres niveles de gobierno, principalmente del ayuntamiento de Mérida y de la Federación: además del INPI, Fonatur y la Secretaría de Gobernación, otra quincena de dependencias federales enviaron representantes al evento.

A Luis Hernández Palacios Mirón, titular de la Procuraduría Agraria, no le resultó grata su intervención, en la que pidió a los campesinos de la región que tengan “cuidado con las tierras”, pues “ha habido especuladores”, y les recomendó que “no vayan a empezar a vender sus tierras, que más tarde pueden tener gran valor”.

Inmediatamente después, un regidor de Acanceh le contestó al funcionario que más bien vigile a los propios empleados de la Procuraduría Agraria, “porque son ellos los que hacen chanchullos”, lo que desató risas y aplausos en la asamblea.

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