CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A mediados de septiembre, cuatro subdelegados regionales de desarrollo en Jalisco, denunciaron uso electoral de Programas de Bienestar, nepotismo y operaciones políticas en las que estaría incurriendo el superdelegado en la entidad, Armando Zazueta. La consecuencia fue que, el pasado 14 de noviembre, fueron despedidos. No les dieron ni aguinaldo ni finiquito; los convocaron a una reunión en Guadalajara y ahí se les comunicó que su contrato estaba vencido y ya no se podría renovar. Aunque faltaban 15 días para el término de su contrato. Los hoy exsubdelegados regionales son Olaf Guzmán Flores, quien se desempeñaba en Tequila; Blanca Olivia Vargas Mendoza, en Zapopan; Luis Armando Vargas Prado, de Mascota y, María de Jesús Padilla Romo, en Tepatitlán. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que los superdelegados tenían prohibido inmiscuirse en elecciones constitucionales y política interna de partidos, señaladamente de Morena, y a quien se le sorprendiera haciéndolo se le denunciaría directamente ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. El grupo de despedidos, remitió una carta el pasado 13 de septiembre acusando a Armando Zazueta de estar construyendo una estructura con fines electorales y pidieron una “investigación formal”. La Coordinación Estatal de Desarrollo en Jalisco, se ha visto envuelta en la polémica desde que su primer funcionario, Carlos Lomelí, fue acusado de tener tratos privilegiados y posibles conflictos de intereses y tráfico de influencias, en beneficio de sus empresas de proveeduría médica. Ante el escándalo, se sometió a una investigación de la Secretaría de la Función Pública que podría resolver en breve el asunto. En su lugar fue designado Armando Zazueta, colaborador cercano al coordinador nacional de los superdelegados, Gabriel García quien, al arribar al cargo en agosto pasado, se vio expuesto por sus subordinados, debido a los excesos en que se le sorprendió en el primer mes. En su edición 2240, correspondiente al 6 de octubre, el semanario Proceso acreditó los diferentes casos de nepotismo, aviadurías y presunto uso político de los programas de Bienestar. También en esa edición se informó también sobre las denuncias de los cuatro subdelegados que fueron remitidas al presidente López Obrador, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores; a la de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, entre otros, sin que hasta ahora se haya informado si existe o no investigación sobre el caso.