Nuevo etiquetado de alimentos: la defensa del derecho a saber

El nuevo etiquetado frontal, un triunfo del derecho a saber. Foto: Twitter @Ric_MoralesV El nuevo etiquetado frontal, un triunfo del derecho a saber. Foto: Twitter @Ric_MoralesV

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La redacción de la Norma Oficial Mexicana 051 que regirá el nuevo etiquetado en alimentos, actualmente sujeta a un proceso de consulta pública, no tiene disyuntiva ni vuelta de hoja:

“El resultado no puede alterar, reducir, modificar o quedar por debajo de la reforma a la Ley general de salud, sino reflejar el espíritu con que se aprobó para bien de la sociedad”, advierte el doctor en Derecho y en Ciencias de la Información, Ernesto Villanueva.

Aunque la industria de alimentos “está en su derecho de pelear y puede generar presión políticamente” (Nestlé acaba de dar el ejemplo con la carta en la que ha pedido a sus proveedores oponerse al nuevo etiquetado, como publicó Proceso) el experto en derecho a la información plantea un escenario desde el ámbito jurídico, en el que se tiene que hacer una defensa de la Norma Oficial como expresión puntual de la reforma para el etiquetado frontal “y a eso tenemos que sumarnos todos”.

Para Villanueva, la reforma a la Ley general de salud para un etiquetado frontal más claro y entendible es, fundamentalmente, un triunfo del derecho a saber para la población del país; una aportación que va en concordancia con el principio consignado en el Artículo 6º de la Constitución, el de garantizar el derecho de acceso a la información de las y los mexicanos.

Por ello, la Norma Oficial 051 “no puede ir menos que la Ley, porque entonces iría en contra de ese principio constitucional”, comenta el también académico e integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SIN Nivel III).

“Es un gran avance en el derecho a la información en México, sobre todo en una sociedad con gran desconocimiento y falta de acceso a la información que ha llevado a estos problemas de salud que tenemos”, reflexiona Villanueva. Problemas de salud como la obesidad y la diabetes son también resultado de una acumulación de años de desconocimiento y falta de información.

El periodista Samuel Bonilla, exconsejero del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) quien se ha especializado en transparencia y acceso a la información pública, coincide en que el etiquetado aprobado por el Congreso federal a fines de octubre como un logro que podrá impactar “si se socializa ampliamente para que se entienda claramente su significado”.

Diputados aprobaron el 1 de octubre la Ley General de Salud en lo concerniente al etiquetado frontal en productos alimenticios. Foto: Miguel Dimayuaga
Diputados aprobaron el 1 de octubre la Ley General de Salud en lo concerniente al etiquetado frontal en productos alimenticios. Foto: Miguel Dimayuaga

Para el también catedrático en transparencia y coordinador de la Iniciativa Ciudadana Información y Sociedad, “el Sistema Nacional de Transparencia, del que forman parte los organismos garantes del derecho a saber en todo el país, tienen también una responsabilidad social y mucho por aportar en la difusión y en el proceso de consulta pública de la reforma a la Ley General de Salud”.

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de datos personales es una instancia que coordina al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), a los organismos garantes en los estados, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), para “construir una política pública integral, ordenada y articulada, con una visión nacional, con el objetivo de garantizar el ejercicio y respeto de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, promoviendo y fomentando una educación y cultura cívica en estos dos derechos en el territorio nacional”, dice en su página oficial.

El objetivo del sistema es “fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano”.

Este sistema tendría que estar involucrado en la consulta pública que concluirá el 6 de diciembre, a través de los órganos garantes como el INAI, realizando foros públicos para analizar el etiquetado desde la perspectiva del derecho a saber; “que volteen a ver el tema como una de sus responsabilidades sociales; abrir la discusión a ámbitos sociales a los que les está pasando de noche”, dice Bonilla.

Del gobierno abierto al etiquetado claro

La investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública en el área de Políticas públicas y programas de nutrición Karina Sánchez Bazán, hizo un recuento del proceso que llevó a la reforma a la Ley general de salud aprobada en octubre, mismo que surgió “de una lucha por el derecho a saber”, y destaca la oportunidad de cualquier persona de participar en la consulta pública para la nueva redacción de la Norma Oficial Mexicana 051 que regulará el etiquetado frontal.

El primer gran paso llegó en el 2016 con la formulación del Plan de acción de gobierno abierto, que incluyó las propuestas para la modificación del etiquetado frontal en alimentos y bebidas no alcohólicas tras un año de batalla por parte de organizaciones como la Alianza por la Salud Alimentaria, Poder del Consumidor, ContraPESO y otras.

“La Alianza para el gobierno abierto en México -que fue uno de los países fundadores de la Alianza internacional- elaboró el plan de acción para dos años, 2016-2018, aunque se publicó en el 2017. Uno de los temas que por primera vez entró fue el de la obesidad. Eso fue una victoria muy importante porque atrajo los reflectores de la transparencia y la rendición de cuentas a este rubro”, recordó la investigadora.

Esta alianza era liderada por la Secretaría de la Función Pública, aunque también participaban las de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“En la definición del Plan de acción 2016-2018, el día de las mesas de obesidad participaron diversas organizaciones. Yo fui la representante académica del Instituto Nacional de salud pública y logramos que uno de los acuerdos que saliera fuera el nuevo etiquetado, y que todo el proceso de elaboración fuera público y transparente”, lo que fue muy importante porque cuando se creó la Norma Oficial Mexicana 051 (la que está en proceso de reforma actualmente) no hubo transparencia en el proceso, no hubo consulta pública como ahora, ni un comité de expertos que le entrara a la norma, y esa era una parte fundamental del derecho a saber”.

Aunque el proceso de elaboración de una NOM sí incluye la participación de representantes de las industrias afectadas o de aquéllos a quienes va a regular la norma, lo que se buscaba –dice Karina Sánchez- era que no quedara sólo en ese ámbito, sino que hubiera expertos.

Pero al final, el acuerdo fue cambiado y no se respetó lo pactado inicialmente, se dejó asentado que se haría una revisión de la NOM 051 “pero en el reporte final ya no decía que se tenía que cambiar ni que el proceso tenía que ser transparente. Eso fue una violación grave a la metodología del gobierno abierto y fue denunciado por las organizaciones”, señala.

Víctimas de espionaje

Fue en ese momento del debate cuando surgió a la luz pública el espionaje del que eran víctimas varios participantes –junto con periodistas- a través de la plataforma “Pegasus” adquirida por el gobierno federal y algunos gobiernos estatales en el sexenio de Enrique Peña Nieto: el director de Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo; Simón Barquera, integrante del INSP y Luis Encarnación, director general de la coalición ContraPESO.

“Este núcleo dijo que no seguiría haciendo el trabajo con gobierno si éste no se pronunciaba sobre la denuncia por el espionaje. Como eso no pasó, pues los trabajos se detuvieron. Y esa fue una gran noticia para el gobierno, porque eso significaba que no tenía que seguir y cumplir con estos acuerdos”, afirma Karina Sánchez.

No se suscribió un nuevo acuerdo, pero algunos de los expertos que estuvieron involucrados en el debate llevado hasta el 2017 participan ahora en el grupo que analiza la modificación a la Norma Oficial Mexicana 051, “así que saben cuáles son las demandas que hay. Y si bien (la consulta) para la NOM no está haciéndose bajo los principios del gobierno abierto, se hace lo más pública posible”, resalta.

Este es el paso en el que se va, “una consulta pública que representa una gran victoria porque nunca antes se había logrado para un etiquetado. Cualquier persona la puede ver, hay una participación real de expertos, de organismos internacionales y sociedad civil. Eso es una garantía”.

Que lo sepa todo el mundo

Efectivamente, al revisar algunas de las participaciones que ya aparecen en el formato de la consulta pública de la Secretaría de Economía (Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio) es posible ver en las 14 páginas registradas en un corte hasta el 27 de noviembre cómo no sólo especialistas, sino madres de familia, estudiantes de distintas carreras y sociedad civil en general ha inscrito también comentarios para el análisis en la redacción final de la Norma Oficial 051.

Según lo aprobado en la reforma a la Ley general de salud, la propuesta del nuevo etiquetado frontal de advertencia plantea que éste incluya sellos de color negro en forma de octágono que puntualicen con la palabra EXCESO el nivel de calorías, grasas saturadas y grasas trans, azúcares y sodio, identificados como los nutrimentos críticos que causan daños a la salud.

Otro sello deberá advertir si el producto contiene edulcorantes (no calóricos), con la leyenda “Evitar en niños”, así como otra advertencia en el caso de que los productos contengan cafeína, también para evitar en niños. Cuando los productos contengan estos elementos no saludables, tampoco podrán llevar etiquetas de avales de asociaciones, organismos o institutos de médicos o expertos, para no confundir a los consumidores.

Estos productos tampoco podrán llevar referencias de “alto contenido nutrimental” (en vitaminas, por ejemplo), ni publicidad persuasiva o llamativa en sus empaques. Además, se deberá diferenciar claramente entre los azúcares naturales y aquellos añadidos que contenga el producto, y estandarizar la tabla de nutrimentos por cada 100 gramos o mililitros, para que los consumidores puedan comparar entre cada producto.

La investigadora Karina Sánchez hace notar que para participar en la consulta no se necesita ser parte de una organización civil, de investigación o institución pública. “Como ciudadano, cualquiera se puede meter a la página, leer el proceso de la Norma y poner sus comentarios”.

Este tendría que ser el proceso que las Secretarías de Economía, Salud o la Cofepris lleven para la elaboración de cualquier otra Norma Oficial Mexicana, plantea la investigadora, pues en este proceso también los representantes de la industria alimenticia participan con sus posturas y comentarios.

Lo único que sí quedó restringido es conocer las discusiones y procesos internos de análisis del grupo de expertos, que firmaron una cláusula para cerrar esa parte de la consulta.

Por un etiquetado fuerte

De acuerdo con la reforma a la Ley general de salud, dice Sánchez Bazán, “el etiquetado mexicano será el más fuerte del mundo en proteger la salud de los consumidores”.

Por su parte, Ernesto Villanueva explica que en el etiquetado de alimentos “en México hemos ido a la zaga, en un proceso a la retaguardia, en vez de ir a la vanguardia. Esta reforma es un elemento de interés público, social, de salud pública. Y no sólo para el etiquetado, sino que ese etiquetado sea verídico”. La lógica es, dice, “a mayor información, veraz y confiable, mejor para la sociedad y la población”.

Es por eso que califica la reforma como “vital para el derecho a saber consagrado en el Artículo 6º de la Constitución”.

Pero, además, en medio del proceso de consulta para la Norma Oficial Mexicana 051, Villanueva sostiene que lo establecido en la reforma no tiene vuelta de hoja en la NOM; “son hechos consumados que se tienen que respetar y acatar, independientemente de tener una opinión sobre si está bien o mal”.

“El principio legal establece que la Norma Oficial Mexicana tiene que desarrollar lo que contiene la ley, sin modificarlo, sino desarrollarlo a detalle. No puede reducir lo que ya establece la ley”.

Mientras que el periodista Samuel Bonilla sostiene que el etiquetado de productos es un campo en el que el derecho a la información debe desarrollarse más allá de las leyes de transparencia e involucrar a todas las instancias obligadas en el país. “La salud pública o la alimentación son algunas de las muchas relaciones que tiene la ciudadanía con actores públicos y privados en las que el derecho a la información tiene que avanzar”.

Explica que las responsabilidades informativas del Estado se pueden identificar en tres vertientes: las leyes de transparencia; las actividades propias del Estado como vigilante de carreteras, servicios de vacunación, contingencias y servicios para que la ciudadanía pueda cumplir con sus derechos y obligaciones como, por ejemplo, con la señalética en una carretera o una calle.

“La tercera vertiente no es directa del Estado, pero éste sí debe asegurarse de que la información proporcionada por instancias particulares, en este caso de la industria y el comercio, se dé en la manera más adecuada y por los canales posibles y sea veraz, suficiente, oportuna, clara, comprensible, pertinente, para que pueda ser útil para la toma de decisiones informadas, personales y colectivas”.

Así como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene la obligación de desplegar campañas de educación para educar a la población sobre diversos productos, su participación para socializar la reforma del nuevo etiquetado y la NOM 051 “puede ser fundamental para que realmente se cumpla una reforma integral de esta naturaleza y tenga un impacto”.

Bonilla asevera que una de las tareas que corresponde al Estado en este tema es “proveer esa alfabetización de las lecturas de las etiquetas, para que signifiquen algo para todos”.

La consulta pública actualmente en marcha para la NOM “es un caso sui géneris del que se espera que se recojan opiniones valiosas de institutos de salud, especialistas, para que no quede esto en una simulación”, dice. “Por eso es que debe ser lo más difundida y amplia posible, para que no sea un derecho de élite”. Y es aquí donde pueden entrar los organismos del Sistema Nacional de Transparencia, que con 15 años operando tienen la experiencia suficiente.

En el Sistema Nacional de Transparencia, concluye Bonilla, “hay más de 30 órganos federales y estatales que podrían hacer mucho. Estamos defendiendo el derecho a saber”.

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