Sección Instructora analiza proceso de juicio político contra Rosario Robles

Rosario Robles, extitular de la Sedatu. Foto: Víctor Hugo Rojas Rosario Robles, extitular de la Sedatu. Foto: Víctor Hugo Rojas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sección Instructora de la Cámara de Diputados analizó la ruta del proceso de juicio político contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por el presunto desvío de recursos públicos en el caso conocido como “Estafa Maestra”.

Así lo señaló el presidente de ese órgano legislativo, Pablo Gómez Álvarez, quien precisó que el pasado lunes 2 se notificó a Robles Berlanga, en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha, sobre el procedimiento iniciado en su contra.

Una vez hecha la notificación, abundó, corre un plazo de siete días, que concluiría el martes 10, para que la denunciada comparezca ante la Sección Instructora, ya sea personalmente o por escrito.

En caso de que la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) decida comparecer en persona, se realizará el trámite ante el juez de Distrito correspondiente, apuntó en un comunicado difundido este miércoles.

“A partir del momento que se cierre este plazo, que será el día 10 de diciembre, la Sección va a resolver la apertura del periodo de pruebas de 30 días naturales, ininterrumpidos. Al término de esos 30 días, se decidirá qué es lo que va a hacer: si prolonga el periodo de pruebas o lo cierra”, siempre considerando a denunciantes y a la denunciada, detalló el morenista.

De igual manera, aseveró que el periodo de pruebas se puede ampliar a discreción del órgano que preside. “Cuando nos acerquemos a esa fecha tendremos que evaluar cuál es el estado de las pruebas con las que contamos y según eso decidiremos cerrar el periodo de pruebas que la ley señala”.

En esta etapa mencionada –añadió– se harán requerimientos de archivos certificados a diversas dependencias del gobierno federal referidas en las denuncias; universidades, entidades públicas o privadas, así como a los servidores públicos que participaron directamente en la implementación de convenios.

“Nos vamos a dirigir pidiéndoles que nos informen qué convenios hicieron y cómo los hicieron (…) Vamos a ver si efectivamente fueron desviados y hacia dónde en el caso de que hubieran sido”.

Asimismo, solicitarán a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) las observaciones consideradas en la investigación, a efecto de evaluarlas como posibles pruebas en el proceso de juicio político.

Después del periodo de presentación de pruebas y alegatos, que prevé iniciar el domingo 15, podría desahogarse en cuatro meses, estimó el diputado.

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