A petición de la FGR, ordenan auditoría al Registro Público de la Propiedad de Jalisco

Juan Enrique Ibarra Pedroza, secretario general de Gobierno de Jalisco. Foto: Twitter @EnriqueIbarraP Juan Enrique Ibarra Pedroza, secretario general de Gobierno de Jalisco. Foto: Twitter @EnriqueIbarraP

GUADALAJARA, Jal. (apro).- A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el secretario General de Gobierno de la entidad, Juan Enrique Ibarra Pedroza, deberá ordenar que se realice una auditoría “legal o, en su caso, gubernamental” al Registro Público de la Propiedad de Jalisco.

La petición se hizo el pasado 27 de noviembre por medio del oficio AYD-GDL-23480/2019 por parte del agente del ministerio público de la Federación, Gonzalo Martín Ramírez Olmos.

En el escrito se expone que a raíz de que se presentó una denuncia -carpeta de investigación FED/JAL/GDL/0003267/2019 por “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, así como por tráfico de influencias, abuso de autoridad, delitos cometidos contra la justicia y delincuencia organizada”, se considera que existen actos que “ponen en riesgo el legal desempeño del Registro Público”.

También la FGR menciona que esas “acciones que se pueden traducir en delitos del orden federal que se presume se llevan a cabo por parte de particulares servidores de dicha dependencia (Registro Público de la Propiedad), puesto que de la denuncia presentada se señala diversas anomalías que podrían ser tipificadas en delitos de despojo de tierras, falsificación, alteración de documentos públicos, ejercicio indebido del servicio público, y uso de documentos públicos falsos, entre otros”, se lee en el oficio.

La FGR especifica que la auditoría deberá hacerse sobre los bienes de Alejandro Jacobo Lomelín Ruiz, así como de María Luisa Ruiz Galindo, Aurelia Galindo González y Rosalío Ruiz Barrera.

Además, deberá versar la revisión en la firma electrónica avanzada, mensaje de datos, el asiento en libros y folios de los actos jurídicos relacionados con la creación, extinción, modificación o transferencia de derechos reales o personales sobre los bienes inmuebles a nombre de las cuatro personas mencionadas.

La auditoría también deberá “determinar si existe algún tipo de responsabilidad por alguno de los servidores públicos que conforman el Registro Público de la Propiedad, o bien en su caso algún exservidor de dicha dependencia”.

Este medio publicó que Alejandro Lomelín Ruiz heredó 180 bienes inmuebles ubicados en diferentes lugares de la zona metropolitana de Guadalajara, con un valor estimado en 35 mil millones de pesos; sin embargo, nunca dispuso de ellos porque empresarios lo despojaron de sus propiedades.

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Ello ocurrió con la complicidad de notarios, funcionarios y exservidores públicos municipales y estatales que están o estuvieron en funciones desde hace cinco administraciones a la fecha.

Alejandro Lomelín falleció el 18 de diciembre de 2018, a los 87 años de edad, por una enfermedad que no pudo costear, pese a ser millonario. En el camino jurídico por recuperar la herencia –expediente 1257/91– que le dejaron sus abuelos y su madre, fue encarcelado, acusado de haber suplantado su propia identidad para poder vender parte de sus propiedades.

Ahora sus hijos pelean la herencia que Alejandro Lomelín nunca pudo recuperar.

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