Desapariciones forzadas: Muchos compromisos, ningún resultado

Desapariciones forzadas. . Sin solución. Foto: Alejandro Saldívar

Familiares de víctimas de desapariciones forzadas, ya sea en casos atribuidos a la delincuencia organizada o a fuerzas del Estado, coinciden en que en el primer año del nuevo gobierno sólo han conseguido de la autoridad federal el compromiso de crear mecanismos de búsqueda y seguimiento, pero éstos no se han concretado. En entrevistas por separado, los afectados y defensores de derechos humanos manifiestan su temor de que los recortes presupuestales a la FGR y las dependencias especializadas sigan posponiendo la atención real a sus casos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Sin cambios sustanciales en la operatividad de la investigación de desaparición de personas, sin recursos suficientes para realizar diligencias ministeriales, sin los lineamientos básicos a nivel nacional para coordinar búsquedas de desaparecidos ni mucho menos la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda o un sistema de identificación forense eficiente, entre otras deficiencias institucionales, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en las que considera una “prioridad” la atención a la tragedia humanitaria de la desaparición de personas, han ido perdiendo sentido a lo largo del primer año de gobierno.

Familiares de víctimas y organizaciones que los acompañan saben que la tarea de López Obrador no es fácil. El gobierno de Enrique Peña Nieto le “heredó” 40 mil desaparecidos, 37 mil cuerpos sin identificar y miles de restos óseos resguardados por servicios forenses del país, así como 3 mil 24 fosas con 4 mil 974 cuerpos, localizados entre 2006 y el 14 de agosto de 2019, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Pero como cabeza del Estado mexicano le toca al presidente dar respuesta a miles de familias de víctimas de los sexenios anteriores y las que se siguen acumulando en su administración.

Proceso recabó testimonios de defensores y de familiares de víctimas de desaparición forzada y cometida por particulares, que advierten de los retos en la materia.

Uno de ellos es que, al menos en la Fiscalía General de la República (FGR) se le redujeron mil 500 millones de pesos de presupuesto para 2020, lo que afectará la operación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, encabezada por Abel Galván y en la cual cada uno de los aproximadamente 50 agentes del Ministerio Público tiene acumuladas al menos 40 carpetas de investigación por procesar.

La falta de cambios eficaces en la atención al problema y la negativa a aplicar la perspectiva de género en las investigaciones sobre desaparición de mujeres llevó el pasado 18 de octubre a la madre de una joven desaparecida a elevar su caso ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW).

Defendido por I(DH)EAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el caso está relacionado con la sustracción de una joven de su domicilio por un comando en Iguala, Guerrero, en octubre de 2012. En su búsqueda han perdido la vida al menos dos personas, una más fue desplazada de manera forzosa y la madre de la joven, quien había sido víctima de violencia doméstica, sigue en riesgo, por lo que la identidad de ambas se mantiene en reserva.

La sustracción fue denunciada oportunamente ante la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero, que sólo integró un acta circunstanciada. No llevó a cabo ningún tipo de investigación, por lo que la familia de la víctima acudió a la entonces Procuraduría General de la República.

En mayo de 2013 la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres consideró que la participación de un comando no implica en sí violencia de género y al año siguiente declinó su competencia en la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. En marzo de 2015 la entonces Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas, hoy Fiscalía Especial, lo integró con otros casos de desaparición en Iguala, en un expediente que abrió tras las denuncias del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala.

De acuerdo con la comunicación enviada por I(DH)EAS al Comité CEDAW, desde que tomó la representación de los familiares de la víctima en 2016 exigió a las instancias federales investigar con perspectiva de género, lo que se le negó reiteradamente.

En 2018 la defensa de las víctimas ganó un amparo contra la decisión de las autoridades de no investigar con perspectiva de género, lo que no modificó el esquema de trabajo en la actual FGR, pese a que el año pasado se registraron 28 desapariciones de mujeres en Iguala.

“Antes de que se acabara el sexenio de Peña Nieto ya habíamos pensado en enviar el caso al Comité CEDAW pero, viendo un poco la disposición del nuevo gobierno, le dimos un plazo prudente de aproximadamente un año. No obstante, no hay intenciones de cambio, no hay un indicador que nos diga que las cosas van a mejorar; tenemos a los mismos operadores, a lo mismos subprocuradores y una cerrazón del fiscal general (Alejandro Gertz Manero) a reunirse con las víctimas. No nos quedó más que ir al foro internacional”, explica Guillermo Naranjo, abogado de la organización.

Familias defraudadas

De acuerdo con el documento presentado ante el Comité CEDAW, la madre de la víctima urge a que el caso sea admitido ante las omisiones del Estado mexicano para buscar a la joven, “y por la decisión de las autoridades de procuración de justicia de no investigar su privación de la liberad y desaparición como actos de violencia por razón de género, la existencia de estereotipos al abordar la investigación de los hechos, la ausencia de normas en el derecho penal interno que garanticen investigaciones con perspectiva de  género cuando se investigan delitos del crimen organizado, y las fallas sistemáticas e ineficacia en la investigación”.

Se trata del primer caso relacionado con una desaparición llevado ante un órgano de la ONU, en el que de alguna manera se implica a la administración de López Obrador, antes de que siquiera se admita la competencia del Comité sobre Desaparición Forzada para llevar casos individuales, como se comprometió el presidente el 30 de agosto pasado.

El incumplimiento de esa promesa es una molestia más para los colectivos de familias de desaparecidos integrados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

Yolanda Morán y Grace Fernández –madre y hermana de Dan Jeremeel Fernández Morán, desaparecido por personal de inteligencia militar en diciembre de 2018 en Torreón, Coahuila– resaltan que en una reunión Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, les dijo que “no es tema” para la dependencia, que tiene que presentar la aceptación de la competencia al Comité sobre Desaparición Forzada.

El 9 de octubre pasado representantes de las organizaciones civiles se reunieron con Delgado, quien les explicó que para realizar ese trámite se requiere el visto bueno de las dependencias del gobierno federal, “pero ni los militares ni los marinos aceptan la competencia del Comité sobre Desaparición Forzada”, lo cual hace sentir “defraudadas” a las familias de las víctimas.

Grace Fernández, quien también forma parte del Consejo Ciudadano de la CNB, agrega que a ello se suman las complejidades para concretar un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, a cuya creación también se comprometió el gobierno a través del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

“Tienes 40 mil desaparecidos y 37 mil cuerpos sin identificar”, argumenta Fernández. “La lógica apunta a que algunos de los que buscamos podrían estar entre esos 37 mil. Encinas dice que tenemos 5 mil 840 peritos en todo el país, 40 laboratorios forenses y sólo 12 certificados, de acuerdo a cálculos del Equipo Argentino de Antropología Forense. Con ese equipo nos tardaríamos 50 años en identificar los 37 mil cuerpos, sin contar con los miles de restos que hay; ni lo que sale día a día. Necesitamos ayuda internacional, pero la FGR dice que no.

“Tenemos años esperando una respuesta, y si hoy en día la atención al problema de las desapariciones está en el Mecanismo y no hemos logrado sacarlo, eso te habla del compromiso real de la 4T con el tema.”

Jessica Molina, ciudadana estadunidense y esposa de Daniel Trejo, y quien atestiguó su detención por un grupo de marinos en marzo de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas (desde entonces está desaparecido), duda del compromiso presidencial de darles apoyo ilimitado para la búsqueda e investigación.

El caso de Molina se suma a decenas en los que se señala a los efectivos de la Secretaría de Marina como responsables. Fue presentado el 5 de diciembre de 2018 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia a la que asistió Encinas, quien se comprometió a respaldar un mecanismo de seguimiento que esclareciera las desapariciones forzadas con la participación del organismo interamericano.

Sin embargo, dice Molina, “hasta ahora no hay ningún avance de este caso, que puede ser emblemático, con el que el gobierno de López Obrador fijara un ‘hasta aquí’ sobre las desapariciones forzadas. La Fiscalía Especial sobre Desaparición Forzada no ha interrogado a ningún marino, no ha judicializado ni un caso pese a que hay videos que demuestran la participación de marinos, y mucho menos hay búsquedas efectivas. Se tenía programada una búsqueda en noviembre por parte de la CNB, pero se suspendió porque argumentaron que no hay condiciones de seguridad para ellos ni para nosotras”.

La esperanza en el gobierno se agota

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, sostiene que para las familias de las víctimas “2019 fue un año perdido”, pese a que el caso de las desapariciones forzadas por marinos durante los primeros cinco meses de 2018 es “el que tiene mayor evidencia jurídica contra integrantes de Fuerzas Armadas. Ni en el de Ayotzinapa hay tanta evidencia; y no entendemos por qué el de los estudiantes se lleva todos los reflectores, toda la atención federal. Nuestra solidaridad para las familias de los normalistas, pero el reclamo es para demostrar las preferencias que tiene el gobierno federal en este tipo de graves violaciones de derechos humanos”.

Las desapariciones forzadas en el país no paran. En tanto, las familias siguen esperando que se termine de formar el Sistema Nacional de Búsqueda, que por el momento cuenta con 28 comisiones estatales pero aún no se definen las unidades o fiscalías especiales de desaparecidos locales. Lo mismo sucede con el Plan Nacional de Búsqueda, los protocolos de búsqueda y el registro nacional de personas desaparecidas, entre otros lineamientos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que no se han cumplido.

El miércoles 27, familias de 16 personas desaparecidas entre mayo y octubre pasados presuntamente por policías municipales de Ixtaczoquitlán, Veracruz, salieron a las calles para exigir la presentación con vida de las víctimas ante la falta de respuesta del gobierno de Cuitláhuac García.

Algunos de los familiares de siete personas que fueron desaparecidas el 26 de octubre, entrevistados por este semanario, manifestaron su temor a sufrir represalias, dada la violencia imperante en la región y “la complicidad de las autoridades con el crimen organizado, que ya no es un secreto”.

La movilización, advierten, “es para que nos oiga el presidente, para que voltee a vernos; somos 16 familias que sufrimos por la desaparición de nuestros seres queridos, que tenemos miedo”.

Anaís Palacios, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, advierte que en el estado la violencia no para: “La guerra entre los cárteles se ha recrudecido, y antes el gobierno justificaba que Jorge Winckler (exfiscal estatal) era el culpable, pero ¿qué pasa ahora?”

Al resaltar que urge la cabal implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Palacios, quien colabora también con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, destaca que a un año de gobierno de López Obrador, el tiempo de espera para los familiares se está agotando:

“Las familias tienen derecho a ser escuchadas, a que se investiguen sus casos, no a que continúen las propuestas de campaña o simulaciones. Ni Veracruz ni el país están para eso; debemos ser realistas, no es lo que dice el presidente, no son otros datos, no es ‘espérenme tantito’: a un año de asumido el gobierno deberíamos estar hablando del cumplimiento de la ley.”

Este reportaje se publicó el 1 de diciembre de 2019 en la edición 2248 de la revista Proceso

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