En el terreno de la economía, el primer aniversario del gobierno de la 4T se ha caracterizado por un vaivén en las señales hacia los inversionistas, especialmente los del sector energético. Varios analistas financieros coinciden en que, pese a las previsiones optimistas del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la falta de confianza puede dar al traste con las de por sí modestas expectativas de crecimiento para el siguiente año.  CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Además del nulo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los tres trimestres iniciales de 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en términos económicos se reduce a dos palabras: incertidumbre y desconfianza. Con dicho estancamiento la Cuarta Transformación incumplirá la promesa que planteó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 de crecer 6% al final del sexenio y con un promedio anual de 4%. “El fortalecimiento de los principios éticos irá acompañado de un desarrollo económico que habrá alcanzado para entonces una tasa de crecimiento de 6%, con un promedio sexenal de 4%. La economía deberá haber crecido para entonces más del doble que el crecimiento demográfico”, reza el PND en el epílogo: “Visión de 2024 del PND”. Sin embargo, con el crecimiento cero en el presente año, ningún pronóstico favorece a la actual administración. Ni siquiera la previsión planteada en los Criterios Generales de Política Económica 2020 (CGPE) plantea una expectativa tan optimista, ya que a mediano plazo –es decir, para el periodo que va de 2020 a 2025– la Secretaría de Hacienda espera un crecimiento promedio anual de 2.6%, cifra menor a la prevista por el CGPE 2019, que es de 2.7%. La más reciente Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, elaborada por el Banco de México (Banxico) y aplicada a 42 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, prevé que la economía crecerá en promedio solamente 2% en los próximos 10 años. El panorama al final del sexenio, según el PND es el siguiente: “Después de un periodo de 36 años de deterioro sostenido, los salarios habrán logrado en un sexenio una recuperación de cuando menos el 20% de su poder adquisitivo, el mercado interno se habrá fortalecido y habrá en el país una mejor distribución de la riqueza y del ingreso. El grueso de la población podrá consumir algo más que artículos de primera necesidad, como sucede ahora. Nadie padecerá hambre, la pobreza extrema habrá sido erradicada, no habrá individuos carentes de servicios médicos o de medicinas y los adultos mayores recibirán pensiones justas y podrán vivir sin estrecheces materiales”. El problema es que las cifras necesarias para lograrlo no cuadran. En su más reciente Reporte Trimestral de Inflación Banxico recortó su previsión de crecimiento para 2019 de un rango entre 0.2% y 0.7% a uno de entre -0.2% a 0.2%. Para el año entrante también lo ajustó a la baja, de entre 1.5% y 2.5% a uno que va de 0.8 a 1.8%. Mientras que para 2021, a mitad del sexenio, el banco central estima una variación del PIB de entre 1.3 y 2.3%. Dichos pronósticos podrían no cumplirse en un entorno de marcada incertidumbre como el actual y si no se materializan riesgos internos y externos como los que menciona el informe del Banxico, como los siguientes: Dentro de la economía, que se retrase la recuperación de la actividad económica ante una mayor y más persistente debilidad de los componentes de la demanda agregada a la anticipada. En particular, que persista el ambiente de incertidumbre interna que ha venido afectando a la inversión y que ello ocasione que se difieran planes de inversión o que los consumidores reduzcan su gasto de manera precautoria. Además el banco central menciona la posibilidad de un deterioro adicional en la calificación de la deuda de Pemex o la del país, lo que podría afectar el acceso a los mercados financieros. Al exterior, el Banco de México destaca los riesgos de un agravamiento de las tensiones comerciales que afecte al crecimiento, la inversión y el comercio globales, así como a los mercados financieros internacionales, en detrimento de la actividad económica en México. Además, se considera el riesgo de que el proceso de ratificación del T-MEC se demore en Estados Unidos y Canadá, lo que mantendría el entorno de incertidumbre sobre la economía y afectaría la inversión ; aunado a la posibilidad de que se observen episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales. El problema del gobierno de López Obrador es que la confianza se encuentra mermada, provocando incertidumbre en inversionistas. Expectativas de crecimiento,?vulnerables “Cuando piensas que más o menos de cada 20 pesos que se invierten en México solamente tres son del sector público y los demás del privado, el tema de inversión privada va a determinar si el próximo será un buen año o no; eso va a depender de las señales que mande el gobierno al sector privado”, señala en entrevista Sergio Luna, director de Estudios Económicos de Citibanamex. Desde su punto de vista existe “una circunstancia favorable: no se tiene un problema de sobreendeudamiento ni una crisis financiera que implique que las empresas están sobreapalancadas, que las familias están sobreendeudadas. Es un tema de incertidumbre, es un tema de cautela, por eso es importante que el gobierno señalice una posición favorable a la inversión”. –¿Hay un ánimo pesimista? –Es correcto. Es un problema tan complicado o tan sencillo como lo determine más un analista político que un analista económico. ¿Por qué? Porque al no haber una restricción financiera, la inversión puede empezar mañana. No es, afortunadamente, falta de plata; son las señales que el gobierno manda. El pasado 26 de noviembre, en su conferencia matutina, el presidente presentó el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, que en su primera etapa prevé canalizar 859 mil millones de pesos a 147 proyectos. Al acto, celebrado en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, acudieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín; el líder del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, así como el hombre más rico del país, Carlos Slim Helú, entre otros importantes inversionistas. Hubo sonrisas, abrazos, apapachos. Se olvidó que recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirmó el nulo crecimiento en los primeros nueve meses del año, además de que en los dos primeros trimestres de 2019 y el último de 2018 el país pasó por una recesión técnica. Con todo, fue un acercamiento entre el gobierno y la iniciativa privada como no se había dado después de los desencuentros por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la marcha atrás de los contratos para operar y construir gasoductos de empresas como IEnova, Carso Energy (de Slim), Fermaca y TC Energy (antes TransCanada). Sin mencionar diferencias como las suscitadas por la miscelánea fiscal. Para Adrián Garza, analista de infraestructura de la agencia calificadora Moody’s Investors Service, el plan de infraestructura no garantiza por sí mismo un mayor crecimiento económico, ante la merma de la confianza. “Es positivo, pero en la medida en que se pueda implementar de manera oportuna y efectiva, y ayude a revertir el sentimiento de los inversionistas, que ha sido negativo durante este año, el plan podrá ayudar a revertir la tendencia de crecimiento económico, particularmente en los sectores de infraestructura y construcción, que han sido bastante impactados”, explica. –¿Hay luna de miel con el sector privado, luego del acuerdo de infraestructura? –Está por verse. Porque más allá de la cancelación del aeropuerto, en estos sectores que se presentaron en el acuerdo, como telecomunicaciones, transporte, turismo, nunca ha habido diferencias desde la campaña. Siempre ha estado claro que se va a incorporar inversión privada en estos sectores. En proyectos como el Tren Maya o el Corredor Transístmico siempre se ha hablado de inversión con el sector privado. Sin embargo, acota, que “en donde ha sido diferente la historia es en el sector de energía, por eso creemos que para revertir los sentimientos de los inversionistas o de un amplio sector de infraestructura tendremos que esperar hasta enero para ver cuál es la estrategia del gobierno; todavía hay muchas preguntas”. También él señala que se deben tomar en cuenta los cambios de señal o posición respecto a la inversión privada en el sector energético, así como los ciclos de gobierno y sus proyectos insignia. Entrevistado al respecto, Félix Boni, director general de análisis de la agencia calificadora HR Ratings, expone: “Tuvimos el caso del aeropuerto, ahí cambiamos la perspectiva de la calificación crediticia del país a negativa, en buena parte debido a la desconfianza que pudiera generar. Hemos tenido la cancelación de proyectos petroleros al sector privado, también hay confusión en las reglas por parte de la Comisión Federal de Electricidad en términos de políticas regulatorias”. Durante noviembre Moody’s también redujo su previsión de crecimiento económico para 2019: de 0.5% a 0.2%. Garza explica los motivos: “La propia revisión habla por sí sola. Veníamos con expectativas de poco crecimiento, que eso es relativamente común o normal en los cambios de administración en México. Pero este año lo hemos venido ajustando a la baja. El 0.2% es muy cercano al 0% y esto en buena medida tiene que ver con los efectos que se dieron con la desaceleración en el consumo, además de que la inversión cayó”. Otro de los factores que no abonan a la confianza en el presente año son “el operativo fallido” en Culiacán –cuando el gobierno de López Obrador capturó y enseguida liberó a Ovidio Guzmán– y la masacre de la familia LeBarón, el 4 de noviembre en los límites de Chihuahua y Sonora. Sergio Luna, director de estudios Económicos de Citibanamex, dice al respecto que “la inseguridad es una actividad predatoria. La realidad es que está extrayendo recursos a fines no productivos: está declarando rentas, está sustituyendo el papel del Estado en la economía. En el largo plazo eso no puede ser bueno ni aquí ni en China”. Y observa que el crecimiento económico podría mejorar para 2020, cuando Citibanamex espera una expansión de 1.2%, pero depende de varios factores: “Dado el conflicto comercial con China, los estadunidenses le están comprando menos a ese país y eso implica mayores oportunidades de mercado para México. De tal suerte que (podría suceder que) las exportaciones crecieran un poco más de lo que crece la economía estadunidense”. Además se prevé una estabilización del gasto público “después de que la curva de aprendizaje ha sido más prolongada de lo que esperábamos. Todavía al tercer trimestre tenemos un subejercicio del gasto público y eso implica que éste no ha sido un estímulo para la economía”. No obstante alerta que algunos supuestos planteados en los Criterios Generales de Política Económica hacen vulnerables la perspectiva de crecimiento: “Están esperando que la producción de petróleo aumente 16% en 2020 respecto a los niveles actuales. No vemos eso. La experiencia de los últimos programas económicos ha sido que siempre se proyecta una cifra de producción que no ocurre y en ese sentido, si en lugar de producir 1.95 millones de barriles diarios producimos 1.72, que es nuestro estimado, eso debe restar 0.8% del crecimiento del PIB e implica que la recaudación tributaria sea menor que la proyectada”. Concluye: “Si la economía crece menos, recaudas menos impuestos, y eso obviamente empieza a apretar el tema fiscal”. Este reportaje se publicó el 1 de diciembre de 2019 en la edición 2248 de la revista Proceso