PUEBLA, Pue. (apro).- El ciudadano Alberto Peralta Merino presentó una demanda de juicio político contra los diputados del Congreso de Aguascalientes, quienes el pasado 28 de noviembre expidieron el decreto 269, mediante el cual declaran persona non grata al expresidente de Bolivia Evo Morales. La denuncia hace referencia a la “grave” violación a la Constitución en la que incurrieron los legisladores aguascalentenses al invadir la esfera de competencia de las autoridades federales del país. De acuerdo con la demanda, la actuación de los diputados viola la facultad federal de legislar en materia de condición jurídica de extranjeros; la facultad de conducción de la política exterior mexicana, que corresponde al presidente de la República, y la facultad de análisis y evaluación de dicha política, que corresponde exclusivamente al Senado mexicano. Este lunes, Peralta Merino entregó a la Cámara de Diputados el escrito donde se menciona a los legisladores de Aguascalientes que votaron por la aprobación del decreto 269, publicado en el Periódico Oficial de ese estado el 2 de diciembre. El juicio político incluye a las y los diputados Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, Jorge Saucedo Gaytán, Karina Ivette Idave Delgado, Salvador Pérez Salazar, Gustavo Alberto Báez Leos, Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, José Manuel Velasco Serna, Mónica Becerra Moreno, Alejandro Serrano Almanza, Juan Guillermo Alanís de León, Paloma Cecilia Amézquita Carreón y Luis Enrique García López. Asimismo, Patricia García García, Gladys Adriana Ramírez Aguilar, Elsa Ambel Landín Olivares, Elsa Lucía Armendáriz Silva, Margarita Gallegos Sordo, Juan Manuel Gómez Morales, Sergio Augusto López Ramírez y Mario Valdez Herrera. Radicado en Puebla, el también abogado Peralta Merino dijo que su participación en la demanda está amparada en el Artículo 109 de la Constitución, que señala que cualquier ciudadano puede acudir ante la Cámara de Diputados a pedir, con elementos de prueba, juicio político contra representantes populares que hayan cometido violaciones graves a los preceptos constitucionales. La demanda, recibida por la Oficialía de Partes de San Lázaro, advierte que la actuación del Congreso de Aguascalientes contra el expresidente boliviano violentó los derechos humanos consagrados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la que es parte el Estado mexicano en los términos de los Artículos 76, fracción I; 89, fracción X, y 133 de la Constitución mexicana. De igual manera, indica que los legisladores hidrocálidos contravinieron las garantías individuales establecidas en los artículos constitucionales 14 y 16, pues sin previo juicio y sin haber sido vencido ni oído, “se emite una determinación que afecta gravemente su nombre, apoyada en calificativos y circunstancias que están muy lejos de ser y poder ser acreditadas”. Añade: “La intimidatoria expresión de declarar persona non grata´’ al sujeto en cuestión, quien ha recibido la condición de ‘exiliado político’ por parte del titular del Ejecutivo federal, viola el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues encierra la amenaza de impedir la libertad de tránsito para viajar dentro del país y para establecer residencia en cualquier punto del territorio nacional, derecho que sólo puede ser afectado por la autoridad judicial o por la autoridad administrativa federal en razón de limitaciones migratorias”. Finalmente, indica que el decreto que aprobaron los diputados impidió al Ejecutivo estatal el ejercicio del derecho de realizar observaciones (veto), al haber ordenado la Legislatura estatal su publicación directa en el Periódico Oficial.