“La corrupción y el nepotismo se acabó” en el Poder Judicial: Zaldívar

Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante su primer informe. Foto: Germán Canseco Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante su primer informe. Foto: Germán Canseco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un mensaje de cincuenta minutos, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), rindió su primer informe de gestión al frente del máximo tribunal del país. Una frase sintetizó su proyecto: “Austeridad, combate a la corrupción, al nepotismo y cercanía con la gente”.

Acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de las presidentas de ambas cámaras, la diputada Laura Rojas Hernández y la senadora Mónica Fernández Balboa, Zaldívar señaló que el Poder Judicial de la Federación (PJF) inició una “transformación profunda” que habría sido “impensable sólo unos meses antes”.

“La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que los ha acompañado. Que quede claro que esto se acabó. No toleraremos a los servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia. Estamos limpiando la casa”, señaló, exaltado, en referencia a las críticas que se vertieron al PJF al inicio de la administración de López Obrador.

Para ello adelantó que en los próximos días, consensuará con los poderes de la Unión una reforma a las labores que desempeña el Poder Judicial, sin mencionar los alcances de la misma ni su contenido.

“Una mejor justicia implica también una mejor administración, más eficiente y austera; que mantenga su cercanía con la sociedad; y que administre, con esmero y diligencia, los recursos que la sociedad le confiere”, dijo ante representantes del Poder Judicial.

Entre ellos, Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otros.

Como trasfondo, la referencia fue el último informe de gestiones del ministro Luis María Aguilar Morales, quien en diciembre del 2018, días después de la toma de posesión de López Obrador, rindió su último informe de labores como presidente de la Suprema Corte enfrentado con el poder Ejecutivo y Legislativo.

En aquella ocasión ya se había alimentado una polémica contra jueces, magistrados y ministros por no disminuir sus salarios y por haber ordenado judicialmente la suspensión de los efectos de la Ley Federal de Percepciones de los Servidores Públicos para que ningún funcionario ganara más que el presidente, por una parte.

Meses después, según una nota difundida por El Universal, circuló un informe sobre la pasada administración del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se encontraron gastos innecesarios, subejercicio de recursos, inmuebles en estado crítico y falta de comprobación en diversas actividades judiciales por las que se detectó un daño patrimonial de 5 mil millones de pesos.

Y por último, otro reportaje de investigación: la detección de una hija del propio Aguilar Morales, Ana Elena Aguilar Arrangóiz, trabajando dentro de la oficina del ministro Alberto Pérez Dayán sin contar con carrera judicial ni experiencia en la impartición de justicia, reveló el portal Aristegui Noticias. Lo mismo que una hija del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Daniela Pardo Soto Reyes, la cual, fue asignada a la Secretaría de Estudio y Cuenta Adjunta en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la SCJN.

A decir del discurso expuesto por el ministro Zaldívar, hasta el 2018, sólo el 30% de las compras del Poder Judicial se habían hecho por vía de la licitación pública. En su periodo de gestión en el alto tribunal, este número se elevó hasta alcanzar el 70%.

Además recapituló –sin aludir por su nombre–, la detención del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (SCJN), y de los “focos rojos” que se habían prendido en el circuito federal de Jalisco por presuntos actos de corrupción y acoso sexual.

E insistió, como lo ha hecho en los últimos días, en la implementación del “Plan integral de combate al nepotismo”, el cual buscará “un padrón de relaciones familiares” para evitar el nepotismo, además de otras medidas:

Fortalecer las reglas para la carrera judicial y fundarla en un enfoque meritocrático, definir los supuestos de contrataciones que generan responsabilidad administrativa, crear un Comité de Integridad para evaluar la idoneidad de contrataciones, la creación Buzón de denuncias específico para casos de nepotismo y vincular los puntos anteriores con la política de adscripciones.

“El primer gran eje de acción para la renovación del Poder Judicial es el combate al nepotismo y a la corrupción, lo que pasa por un fortalecimiento y transformación de fondo de las políticas públicas en materia de carrera judicial”, reiteró el ministro Zaldívar, en una comparecencia que fue interrumpida en una ocasión cuando acercó sus tesis a las del nuevo gobierno federal.

“Debemos seguir derribando barreras para que haya una justicia para todos, pero sobre todo, para los más pobres, los más desprotegidos, los olvidados, los marginados, los discriminados. Tenemos que ser la voz de los que no tienen voz”, expuso.

A decir de su diagnóstico, en el Poder Judicial de la Federación se ensanchó la distancia entre los juzgadores federales y la ciudadanía mexicana. Durante los últimos meses, emprendió la reforma de viejo Canal Judicial para convertirlo en Justicia TV. Además, en redes sociales diariamente emite un mensaje.

Del enfrentamiento al control del Poder Judicial

Durante los primeros meses de la presente administración federal, el PJF ha logrado convertirse en un espejo del gabinete federal: perfiles cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y vinculados a Morena, han comenzado a ocupar posiciones clave dentro de la SCJN y al interior del CJF.

Hoy los perfiles cercanos al obradorismo no sólo controlan acciones y controversias constitucionales, amparos trascendentales y el control constitucional de las leyes y decretos. También gran fuerza en la garantía de “independencia” en los jueces y magistrados federales, designar magistrados que integren el Tribunal Electoral, imponer sanciones e integrar juzgados y tribunales de circuito, entre otras acciones.

Estas designaciones, incluso, poseen gran impacto en la integración de otros organismos, como el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual también posee tres perfiles cercanos a la administración federal.

El más reciente capítulo lo protagonizó la designación de tres nuevos consejeros en la Judicatura Federal. El pasado 20 de noviembre, entre 100 aspirantes a ocupar los asientos dejados por los consejeros Alfonso Pérez Daza y Felipe Borrego Estrada, el senado designó a la jurista Loretta Ortíz Ahlf y la magistrada Eva Verónica De Gyvés Zárate. Ocho días después ocurrió lo mismo con la designación de Bernardo Bátiz Vázquez –por la facultad del Ejecutivo federal– para ocupar el asiento dejado por la consejera Martha María Hernández.

Del grupo de nuevos integrantes destaca el papel Ortíz Ahlf, quien en dos ocasiones fue incluida en la terna enviada por el ejecutivo para ocupar un asiento en la SCJN.

Cercana al partido Morena al que renunció a su militancia el pasado 17 de diciembre, la también académica de la Universidad Iberoamericana es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, quien actualmente se desempeña como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), dentro de la Fiscalía General de la República (FGR).

Previamente perdió en dos ocasiones ante los ahora ministros Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel Mossa; y al ser impedida para ser postulada por tercera ocasión, tomó la estafeta para postularse en el CJF a través del SNA.

La magistrada De Gyvés Zárate, con mayor trayectoria dentro del PJF, se ha desempeñado como jueza del Distrito Federal, defensora de oficio, Agente del Ministerio Público, directora de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal e integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En enero del presente año, formó parte de la terna de candidatos elegidos por el presidente López Obrador para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), puesto que perdió ante Alejandro Gertz Manero.

Por último, destaca la trayectoria de Bátiz Vázquez, quien, durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo nombró Procurador General de Justicia. Después fungió como uno de los integrantes del Constituyente de la Ciudad de México, fue diputado federal en cuatro ocasiones, secretario de Combate a la Corrupción del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y candidato a la alcaldía Benito Juárez.

Dentro de la propia Suprema Corte, también destaca la elección de Margarita Ríos-Farjat para ocupar la vacante del exministro Eduardo Medina
Mora.

Previo a dicho puesto, la exjefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), trabajó como abogada de Vector, Casa de Bolsa, propiedad del magnate regiomontano, Alfonso Romo, quien hoy se desempeña como jefe de oficina de presidencia en el gobierno de López Obrador.

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