Propuestas, armas de fuego
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En distintas ocasiones he dedicado este espacio a explicar las luces y sombras de la posesión y portación de las armas de fuego, en razón de las experiencias aisladas que reclaman análisis más allá del juicio de botepronto. Aquí se puede ver una apretada síntesis del tema que se desarrolla ampliamente en mi obra El derecho de armarse (México, Ediciones Proceso, 2016). De nueva cuenta se busca justificar en el uso de armas de fuego el aumento de la inseguridad y la violencia en el país. Ahí se inscribe, por ejemplo, el tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México como si fuera la gran solución. La narrativa puede resultar efectista, pero de ninguna forma plantea soluciones razonables para regular este tema que tiene diversas aristas. Veamos.
Primero. El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho fundamental a la posesión de las armas de fuego para la defensa de la integridad humana. Es una prerrogativa constitucional que le da mayor fuerza normativa que si sólo fuese un derecho humano. El derecho fundamental es el derecho humano firmemente soportado en la cúspide de la jerarquía normativa nacional. Las disposiciones secundarias (leyes, reglamentos, acuerdos y algunas tesis de jurisprudencia) han restringido el alcance de este derecho que, sin embargo, puede ser combatido por la vía de una demanda de amparo. Vale la pena reiterar: se trata de un derecho y es potestativo de que lo ejerza quien así lo decida. Lo que es una aberración jurídica es que una persona quiera que se obligue a los demás a que se abstengan de ejercer una prerrogativa constitucional porque, por las razones que sean, no la quiere ejercer. Esto debe quedar claro.
Segundo. La realidad es que las cifras oficiales de posesión y de portación de armas de fuego son inversamente proporcionales a las cifras reales, en virtud de la desconfianza ciudadana en las autoridades y al desconocimiento inducido desde la autoridad sobre dónde y cómo se puede ejercer el derecho de armarse. A diferencia de Estados Unidos, en México el gobierno teme a sus gobernados y busca limitar este derecho, llegando a argumentos incluso sobrenaturales (“las armas las carga el diablo”, por ejemplo) o hipótesis no sustentadas en datos sino en juicios de valor que paradójicamente incentivan que miembros o exmiembros de las fuerzas del orden tengan todas las facilidades para cometer robos, homicidios, violaciones y todo tipo de delitos en perjuicio de la sociedad que, en la inmensa mayoría de los casos, se encuentra desarmada y, por supuesto, no tiene protección efectiva de la policía ni los recursos para tener escoltas y autos blindados.
Tercero. El cambio de las leyes secundarias tendría que incluir una reforma de paradigma que de modo enunciativo se podría incluir: a) educación para el uso responsable de las armas de fuego, su resguardo y protección, la forma adecuada de limpiarlas para evitar accidentes, etcétera; b) la aplicación de exámenes psicológicos y psiquiátricos como requisito para la portación de armas de fuego para minimizar tragedias públicas que, incluso así, el número de muertes por esos casos son infinitamente menores que las muertes por accidentes vehiculares, en albercas o con alimentos para infantes, por citar algunos ejemplos. Esto en Estados Unidos se ha dejado de lado y aquí habría que tenerlo muy en cuenta; c) eliminar la inconstitucional restricción existente generaría disuasivos al mercado negro para comerciar armas de fuego, llevar un registro razonablemente fiable sobre quién tiene y dónde tiene las armas de fuego, lo que sería muy útil cuando se usen para fines no protegidos por la Constitución y que hoy no existe; d) esta medida de liberar con responsabilidad la restricción existente generaría por aproximaciones sucesivas la baja en los índices de los delitos con armas de fuego del fuero común, toda vez que el éxito en la comisión de un delito que hoy existe ante un pueblo inerme y desarmado cambiaría, y la garantía de que sea un buen negocio, apoyado en la corrupción e impunidad endémica, iría a la baja.
Cuarto. La estrategia, cuyos elementos centrales fueron dados a conocer la semana pasada por Reforma, según la cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México pondría en marcha un programa para que los sicarios y delincuentes se vuelvan “buenos” y opten por otras vías para ganarse la vida es un despropósito. Por cada “convertido”, aceptando que así fuera –y hubiese estudios de campo psiquiátricos que no aparecen por ningún lado–, habría muchos otros que llenarían esos supuestos “vacíos” porque un problema global no se puede solucionar con resolver –siendo generoso en la expresión– uno de muchos factores. El problema reclama medidas de gran calado si en verdad se busca una reforma en las pautas de comportamiento de las personas como las que aquí se han apuntado. De otra suerte, este experimento, como el tradicional desarme por despensas (también inconstitucional) que se llevan periódicamente en todo el país, no tienen impacto en los números ni en la percepción de inseguridad de la población. Es sólo una ilusión óptica donde ya uno no sabe si reír o llorar ante tanta ocurrencia cercana a la simulación que lastima las expectativas poblacionales y afecta el tejido social de la comunidad.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
Este análisis se publicó el 8 de diciembre de 2019 en la edición 2249 de la revista Proceso
