TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- Aún con el rechazo de pueblos y organizaciones civiles indígenas, todo está listo en la zona norte de Chiapas para que este domingo desde muy temprano se lleve a cabo la consulta para definir si se construye o no el Tren Maya en esta región del sur-sureste del país. De los 269 módulos de consulta a instalarse en toda la región del sur-sureste que abarca el proyecto de Tren Maya, en Chiapas se colocarán 19 módulos de consulta, dos en Playas de Catazajá, uno de la cabecera municipal y otro más en la comunidad Estación La Unión; un módulo más será instalado en la cabecera municipal del municipio de La Libertad. Palenque será el municipio con el mayor número de módulos de consulta, pues serán 10 los instalados en ese lugar. Además de los que serán colocados en la cabecera municipal, algunos módulos estarán en las comunidades de Pakal Ná,La Gloria, Tseltal Mukul Ha, Nueva Esperanza 1ª Sección, Filadelfia, Miguel Hidalgo, Estacion Lacandon, Profr. Roberto Barrios, Río Chancalá y San Martin Chamizal. Seis módulos más será instalados en el municipio de Salto de Agua. Además del que estará en el parque central de la cabecera municipal, el resto serán colocados en las comunidades de Suclumpa, Cenobio Aguilar, Dos Arroyos, Francisco I Madero y Vicente Guerrero. Según el documento editado por la UNAM, “Avances de Investigación del Tren Maya”, de los investigadores del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Ana Esther Ceceña y Josué G. Viega, la región contemplada en el proyecto Tren Maya, según el INAH, tiene un total de 7274 puntos de valor arqueológico. Al menos 1288 de estos sitios se encuentran en el margen de 10 kilómetros a ambos lados de la vía prevista para el Tren y serán directamente impactados tanto por la construcción como por el funcionamiento del medio de transporte que no sólo traerá más gente al lugar sino que, siendo un tren rápido, provocará vibraciones y afectaciones en la base territorial por donde transite. De acuerdo al mismo documento, en el país se identifican 62 grupos etnolingüísticos diferentes, de los que 44 habitan la región del Tren Maya y que han conservado su lengua y su cultura. Estos pueblos, se encuentran también, como los referentes arqueológicos, en la ruta que se ha decidido para el tren. En una franja de 1 kilómetro a ambos lados de la vía el Instituto Nacional de Pueblos Indios (INPI) registra 197 localidades indígenas y un total de 143 mil 866 personas indígenas contando las que se encuentran en localidades con presencia indígena dispersa. Ampliando a 10 kilómetros la zona de impacto, la cifra se amplía a 665 mil 556 personas indígenas con el trazo Valladolid-Cobá-Tulum, repartidas en 1298 localidades de las que 874 son indígenas. Con el trazo Valladolid-Cobá-Tulum se registran 620 mil 919 habitantes indígenas en un total de 1147 localidades, de las que 834 son indígenas, refiere el documento de Veiga y Ceceña. Señalan los autores que “son tantos los daños que provocarían los megaproyectos, y de una naturaleza tan profunda y definitiva, que sumando todos sus posibles beneficios mantienen un saldo negativo de bastante consideración”. “Desde el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica llamamos a detener estos proyectos y a reflexionar con información y tiempo adecuados sobre las alternativas que pueden ser propuestas por los pueblos y habitantes locales, por la sociedad mexicana y por el gobierno para revertir daños ya causados por proyectos o desarrollos anteriores y para recuperar las condiciones de una vida con respeto, cuidado y reconstrucción de la diversidad cultural, ambiental y política en la región del Sureste”, refiere el documento. En otro Proyecto de investigación, “Producción de territorialidades y resistencia a los megaproyectos en la región maya”, 2019 de Giovanna Gasparello, Violeta Núñez, Jaime Quintana, Eliana Acosta, David Jiménez, Antonio Machuca y Heber Uc, de igual forma se cuestiona este megaproyecto. Señalan que en los estados por donde atravesará el Tren Maya hay más de cinco mil ejidos, que conservan en promedio más de la mitad de la superficie estatal en propiedad social. De acuerdo con el Registro Agrario Nacional y FONATUR, el Tren Maya sólo afectará a 160 ejidos por donde pasará la vía o donde se construirán las estaciones. A estos ejidos y pequeños propietarios, se les invita a no vender sus tierras, sino a incorporarse como socios mediante el Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRA). En su investigación, los académicos señalan que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es un tratado internacional que en México tiene carácter vinculante. El artículo 16 de dicho convenio reconoce a los pueblos indígenas “el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras/territorios que tradicionalmente ocupan”. El derecho al territorio, recuerdan los investigadores, es inescindible del derecho a la libre determinación, que garantiza el respeto a las identidades, culturas y formas de organización social de los pueblos. La libre determinación está reconocida en el artículo 2 de la Constitución mexicana. Los derechos al territorio y a la libre determinación son derechos sustantivos; éstos, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son aquellos derechos “que se identifican con los bienes de la vida” y demandan respeto irrestricto. “Por lo anterior, en el caso del Tren Maya, la existencia del proyecto en sí ya es una violación a estos derechos sustantivos, porque no deberían planearse de manera arbitraria y por parte de sujetos externos al pueblo como gobierno y empresas, proyectos u obras en territorios cuya propiedad y posesión es claramente atribuida a pueblos indígenas”, señalan los autores. Y agregan que el proyecto del Tren Maya constituye una violación al artículo 7 del Convenio 169, que reconoce a los pueblos “el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo”. El referido estudio sostiene que el principal objetivo del Tren Maya es impulsar la industria turística en gran parte de la región habitada por los pueblos mayas, a través de la construcción de 16 o más centros de población o villas turísticas y de servicios.