CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El reconocimiento un tanto exaltado con que se recibió la firma del protocolo de enmiendas al T-MEC lleva a recordar las rutas que se siguieron para lograrlo, a ver con mayor cuidado las enmiendas que se aceptaron y a tomar en cuenta los escenarios futuros de la vida política en Estados Unidos. La primera versión revisada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue firmada por los mandatarios de Canadá, México y Estados Unidos en Buenos Aires en noviembre de 2018. Las negociaciones para lograrlo fueron muy complejas. El punto de partida fue la opinión muy agresiva del presidente Donald Trump, quien lo consideraba “el peor tratado que jamás haya firmado Estados Unidos”. Fue, por lo tanto, un logro que el documento se salvara, que se introdujeran cláusulas novedosas correpondientes a los cambios ocurridos en el comercio internacional después de 25 años y, sobre todo, que se lograse superar la visión del Ejecutivo estadunidense, para quien un acuerdo comercial se valora en función del déficit que produzca, o no, a Estados Unidos. Faltaba la ratificación del acuerdo conocido ahora en español por las siglas T-MEC. Esta fue más difícil de lo esperado debido al triunfo del Partido Demócrata que consiguió la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de 2018. Diversas razones invitaban a los líderes de dicho partido a ver con cautela la ratificación. Para algunos, se trataba simplemente de no conceder lo que aparecía como un triunfo republicano. Para otros, los más, no era posible ignorar la conocida oposición de los sindicatos, en particular la poderosa organización sindical AFL-CIO, al libre comercio con México. Consideran, con buenos argumentos, que los efectos sobre los salarios y, en general, para el empleo en Estados Unidos no son favorables. La situación anterior se cruzó con el inicio del juicio político al presidente Trump, asunto que ha requerido de toda la atención, energías, cabildeos y activismo del Partido Demócrata. El T-MEC pasó a ocupar un lugar secundario, y el temor de que permaneciera fuera de la agenda de prioridades del Congreso estadunidense comenzó a repercutir en la marcha de la economía mexicana, el eslabón más débil del acuerdo comercial. Cierto que el tratado beneficia a los tres países, pero su significado es muy distinto para uno de los miembros cuya actividad exportadora representa un porcentaje muy alto de su PIB. Visto así, no es lo mismo México que Estados Unidos o Canadá. Es comprensible que el Senado mexicano lo haya ratificado con enorme prontitud, también que los inversionistas extranjeros y nacionales detuvieran sus proyectos hasta saber lo que pasaría con el T-MEC. La posición oficial de los negociadores mexicanos fue la de transmitir tranquilidad, asegurando que la ratificación por parte de Estados Unidos venía pronto. En realidad, los demócratas trabajaron afanosamente en una serie de modificaciones de las que poco se dio a conocer a la opinión pública mexicana hasta días antes de que estuviera listo para ser aprobado el Protocolo de Enmiendas. Las enmiendas abordan diversos aspectos del tratado en los sectores automotriz, farmacéutico y en la solución de controversias, entre otros. Ahora bien, sin duda las más importantes son las relativas a los asuntos laborales. En efecto, es en las diferencias en materia de salarios, libertad sindical y no cumplimiento de los estándares acordados por la Organización Internacional del Trabajo donde México puede obtener ventajas que parecen injustas a los sindicatos estadunidenses. Fueron las demandas demócratas en ese terreno las más difíciles de negociar. A pesar de la impaciencia mexicana por lograr la ratificación, según informaciones de prensa los negociadores mexicanos lucharon duro para alcanzar una versión aceptable del tipo de vigilancia a la que tendrán derecho los estadunidenses sobre las condiciones laborales en México, tanto en lo general como en la aplicación de la reforma laboral que el Congreso mexicano aprobó este año. Cabe subrayar que los detalles del Protocolo de Enmiendas todavía no se conocen. Congresistas, empresarios, académicos y opinión pública en general irán analizando en los próximos días lo que realmente se ganó y en lo que se cedió. Desde luego, tener la ratificación ya fue, en sí misma, la ganancia más importante. Sin embargo, el precio que se pagó para lograrla y la manera en que se pueden reducir esos costos merecen una larga reflexión. La ceremonia para celebrar la firma del protocolo fue un evento altamente mediático. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard decidieron hacerla con grandes reflectores. Tuvo lugar en Palacio Nacional; AMLO y gran parte del gabinete estuvieron presentes junto al representante comercial de Estados Unidos y la viceministra canadiense. Llamó la atención el grado en que la ceremonia formó parte de las señales a favor de la enorme cordialidad que se ha establecido entre Trump y López Obrador. El reconocimiento otorgado por este último se dirigió, casi exclusivamente, a los esfuerzos del primero para lograr la ratificación, a su empeño para apoyar el proceso que permitiese llegar al fin de las negociaciones. Sin embargo, quienes desempeñaron el papel central en el último acto fueron los demócratas encabezados por Nancy Pelosi. Es ella la que decidió, en momentos de alta tensión política para su partido, darle atención al T-MEC y buscar fórmulas de conciliación para que los puntos de vista de los sindicatos fueran incorporados sin herir demasiado la defensa de la soberanía mexicana. Así, en la celebración en Palacio Nacional hay dos puntos a considerar. Lo primero, que se lanzaron las campanas al vuelo antes de que se conociera a cabalidad “la letra chica” de lo que se ganó y lo que se perdió. Segundo, que se privilegió el abrazo a Trump sobre la construcción de un diálogo más cordial y amigable con el Partido Demócrata. El análisis de largo plazo no parece tener un lugar en el esquema de relaciones que López Obrador construye con el gobierno de Estados Unidos. El resultado de las elecciones en ese país el próximo noviembre dirá si México ha tomado el camino correcto. Este análisis se publicó el 15 de diciembre de 2019 en la edición 2250 de la revista Proceso