CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado 3 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reinstalar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a fin de brindar asistencia técnica internacional que “evite la impunidad y ofrezca justicia y verdad a las víctimas”. En un comunicado, la CIDH destacó que “los resultados han sido infructuosos”, pese a que en este gobierno “ha podido constatar el interés de avanzar en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos”, de ahí que en la última reunión con familiares de víctimas y sus representantes, el 2 de diciembre, determinó recomendar al Estado la reinstalación del GIEI. Para la CIDH en la investigación “persiste una serie de desafíos”, entre ellos la fragmentación de la investigación, la falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada, así como la falta de detenciones de agentes estatales por acción u omisión. Apuntó que, un nuevo impulso internacional de las investigaciones, “sólo puede hacerse efectivo a través e la reinstalación del GIEI”, por lo que se propuso formalmente al gobierno, “iniciar y concluir a la mayor brevedad posible el acuerdo correspondiente para que el GIEI pueda iniciar sus funciones”. De acuerdo al organismo, la CIDH solicitó al Estado mexicano “que garantice que los integrantes del GIEI puedan acceder libremente y sin restricciones al expediente judicial; participar de las diligencias de búsqueda; analizar las líneas de investigación existentes y recomendar la apertura de otras nuevas; identificación de patrones de tortura; y recomendar mecanismos de colaboración eficaz; así como acompañamiento a las labores de implementación del Plan de Atención Integral a Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014”. El organismo destacó su preocupación “por las decisiones judiciales que condujeron a la liberación de personas presuntamente vinculadas con los hechos y que podrían tener información valiosa sobre el paradero de los estudiantes”. Al reconocer la voluntad política para esclarecer el caso, “en el escenario actual, la Comisión considera que existen condiciones que han abierto una ventana de oportunidad histórica para avanzar con las investigaciones reforzadas a través del acompañamiento internacional”. Resaltó que en una reunión con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes el 2 de diciembre pasado, “la Comisión recogió su encarecida solicitud para que, en el máximo de sus esfuerzos, potencie las labores de investigación y busque que el Estado garantice las condiciones necesarias para que los expertos internacionales contratados en la actualidad por la Comisión para el acompañamiento técnico de las investigaciones, puedan realizar tareas de asistencia técnica y coadyuvancia con la mayor independencia y salvaguarda de sus seguridad personal”. El organismo hizo un recuento de su participación en el caso, desde que emitió las medidas cautelares 409-14, tras la desaparición de los jóvenes la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, para luego dar paso a la creación del GIEI, que emitió dos informes con recomendaciones dirigidas al Estado mexicano, para después dar paso a la supervisión de dichas observaciones a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa (MESA), medidas tomadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La CIDH advirtió que el GIEI “contribuyó para contestar la versión oficial de la ‘verdad histórica’ y el Mecanismo de Seguimiento permitió contribuir con la apertura de nuevas líneas de investigación y la implementación de nuevas tecnologías de búsqueda de desaparecidos”, lo que permitió “mantener el caso en visibilidad internacional hasta el alcance de las nuevas medidas acordadas por el gobierno de México”. Recordó que ya con el gobierno de López Obrador, tras la instalación de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), “por solicitud del Estado y los familiares, el MESA fue reforzado para brindar acompañamiento técnico”. Lo anterior implicó la creación de un Grupo de Acompañamiento Técnico que coordinara con la Comisión y la Unidad, que estuvo integrado por personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, que trabajaron de manera permanente en México, y contó con la colaboración de exintegrantes del GIEI, Ángela Buitrago y Francisco Cox. La CIDH agregó que ha dado seguimiento a la situación de los estudiantes Aldo Gutiérrez y Edgar Vargas, así como a la atención de salud para los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. A cinco años de los acontecimientos y convencida de que “las autoridades nacionales deben avanzar en la investigación con resultados”, la CIDH destacó que de aprobarse la reinstalación del GIEI, “continuará con sus habituales labores de seguimiento de la Medida Cautelar por medio de la realización de audiencias públicas en sus periodos de sesiones, convocatoria de reuniones de trabajo, visitas periódicas de la relatora de país, comunicados de prensa evaluando los informes de progreso, entre otras”, en apego con la obligaciones del Estado mexicano según los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Aunado a ello, la CIDH resaltó que mantendrá su representación en la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, “y su mejor disposición para asistir técnicamente al Estado y sus órganos especializados en materia de búsqueda de personas, desaparición, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, entre otros temas priorizados e identificados a partir de la labor de la CIDH y la disposición para su cooperación técnico permanente con el gobierno de México”.