Dan pena mínima por feminicidio y tres días por intento de asesinato en Jalisco

Justicia patriarcal. Foto: Cimac Noticias Justicia patriarcal. Foto: Cimac Noticias

Brenda Johana Pánuco Cruz, de 19 años, fue asesinada el 1 de octubre de 2015 por un vecino, conocido de la familia, que la agredió con un martillo en su casa ubicada en la colonia del Sur, en Guadalajara.

A su abuela, Marcelina Cruz Justo, de 82 años, el homicida la dejó herida de gravedad. Fue hospitalizada, pero las secuelas de las lesiones le causaron problemas de salud como dolor de cabeza e insomnio crónico. Murió un año después del ataque.

“Esa persona que mató a mi sobrina y dejó brutalmente golpeada a mi mamá era un amigo de toda la vida, crecimos juntos. Ahí empieza una película en tu cabeza, es un rompecabezas que no puedes armar”, relata Antonia Hernández Cruz.

Gerardo Fabián Acosta Navarro, titular del Juzgado Décimo Sexto en Materia Penal del Primer Partido Judicial, condenó a Emilio Bonifacio López Guevara, de 41 años, quien hacía labores de fontanería y daba mantenimiento a las instalaciones de un bar, a la pena mínima de 25 años de prisión por el feminicidio de Brenda, en la sentencia del expediente 455/2015-C emitida el 15 de enero de 2018.

Por el delito de tentativa de homicidio calificado se le dictó únicamente una sanción penal de tres días de cárcel. La abogada del caso, Alejandra Cartagena López, impugnó la resolución. El 28 de junio de 2019 se emitió una nueva sentencia, pero las condenas para el agresor fueron las mismas.

“Las sentencias no son justas; después, cuando ves esas sentencias tan idiotas, porque esa es la palabra, otra vez vuelves a lo mismo, recuerdas otra vez todo y el ciclo no se cierra nunca”, afirma Antonia.

Los nombres de Brenda y de doña Chelita fueron grabados en listones morados y colocados, junto a los de otras doce víctimas de feminicidio, en el memorial que se instaló en el parque Revolución de Guadalajara el 21 de mayo de 2018 para visibilizar los 1,547 asesinatos de mujeres registrados en 21 años en Jalisco.

La burla de las autoridades

Para Antonia, el proceso judicial resultó desgastante. Sufrió un viacrucis similar, dice, al de otras familias que buscaban que los culpables de feminicidios fueran castigados.

Considera que, más que impartirse justicia, existe un abuso de las autoridades del Poder Judicial, porque se ayuda a los feminicidas con procesos burocráticos que son una barrera para que las familias accedan a la justicia, mientras los índices de violencia contra las mujeres van en aumento.

“Primero te enfrentas a que no se hace caso a las leyes, te piden dinero y luego ves que eres simplemente un juego para ellos, (tanto) las autoridades estatales como la fiscalía, nadie te dice qué hacer ni cómo hacerle, tu familia se desgasta porque de repente pierdes toda la estabilidad que pensabas que tenías”.

Luego afrontaron, dice Antonia, la repetición del proceso cuando la abogada refutó la “absurda” sentencia de tres días de cárcel por el intento de asesinato de doña Marcelina.

“Vuelves a recordar todo, a firmar todo, a hacer otro proceso largo, vuelve a salir la sentencia y es igual: 25 años y tres días, ¿qué pasa? Pues que no revisaron las sentencias, nada más las agarraron y las pasaron y las volvieron a firmar igual. ¿De qué sirve que se hagan esos procesos tan largos si al final de cuentas no les están dando seguimiento? Fuimos con el fiscal anterior, dijo que íbamos a tener todo el apoyo, pero seguimos igual, si no es por las abogadas, Alejandra y Lupita (Guadalupe Ramos), yo creo que este tipo ya andaría casi saliendo de la cárcel”.

Durante el tiempo en que doña Marcelina permaneció hospitalizada, agentes de la fiscalía se negaron a ir al hospital a tomar su testimonio. Exigieron que ella, aún convaleciente, acudiera a los tribunales; por esta falta, Cartagena López presentó una queja contra los funcionarios judiciales.

“Cuando mi mamá queda toda moribunda”, recuerda Antonia, “resulta que nosotros la teníamos que llevar a que declarara, porque era la testigo, quien podía decir lo que pasó para encarcelar a este tipo. Mi mamá entra en una depresión muy fuerte, se nos enferma gravemente; resulta que tenía que ir a testificar un lunes, y nosotros la metemos al hospital el viernes anterior. Cuando vamos con la persona con quien teníamos que llevarla nos dice: ‘Es que si no viene tu mamá no podemos tomarle la declaración’, y le dijimos: ‘Pues vaya al hospital’. ‘No, al hospital nadie puede ir, tráiganla’, y mi mamá fallece el 12 de octubre de 2016. Días después vamos a avisarles y nos dicen que entonces ya no hay nada que hacer porque mi mamá ya se murió, pero cuando fuimos a decirles que tomaran su declaración en el hospital no quisieron. ¿Ahora que está muerta cómo la llevamos? Eso es una burla”.

Los familiares enfrentaron también los prejuicios del primer abogado que tomó el caso, quien sugirió que el homicidio de Brenda pudo deberse a “cómo se vestía”, o porque “a lo mejor andaba muy escotada”, o bien “tal vez ella lo provocó”, o “quizás lo dejó pasar porque tenían otra cosa”. Como el abogado era alguien cercano a la familia, optaron por no continuar con sus servicios.

“¿Te tienen que matar por la forma en que te vistes, te tienen que matar porque eres alegre, te tienen que matar porque te gusta tener muchos amigos? ¡No!, no por eso te tienen que encajonar y decir ‘es que las están matando por esto’, no es cierto, te están matando hagas lo que hagas y en el nivel y estatus económico en el que estés”, cuestiona Antonia.

Deficiencias estructurales

Cartagena López, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, quien actualmente lleva los procesos de 16 feminicidios, explica que este caso es una muestra de cómo sistemáticamente se ignora la violencia cotidiana que sufren las mujeres, la cual puede escalar a un feminicidio.

“Ni la fiscalía aplica la perspectiva de género ni los jueces. La fiscalía no lleva a cabo ni los dictámenes ni las investigaciones necesarias para acreditar episodios continuos de violencia, amenazas o acoso. En el caso de Brenda, sus amigos y sus novios nos dicen que ese tipo (el homicida) la acosaba, que le llegó a llamar por teléfono. No hubo una investigación ni mínima por parte de la autoridad para preguntar en su primer círculo si ella había tenido alguna situación de violencia sexual que nunca se indagó y que incluso no se encuentra dentro de la investigación. Ella fue víctima de una violación y a los quince días, tres semanas, fue asesinada”, explica la abogada, para quien este proceder confirma las deficiencias estructurales que impiden garantizar la seguridad de las mujeres en Jalisco.

Cartagena López cuestiona también el razonamiento del juez. “Ni sus archivos, ni sus propios mecanismos sirven. Vemos una sentencia con los peritajes mínimos, como la necropsia y la mecánica de lesiones. Tenemos la declaración del feminicida, donde claramente dice: ‘Sí, la maté, porque cuando me veía se reía’. Cómo me dices que un tipo mate a una niña, la agarre por la espalda a martillazos, la desnude para humillarla y degradarla, y que el juez me venga a decir que tiene una peligrosidad mínima. Ahí estamos viendo la poca perspectiva de género y derechos humanos que tienen estos jueces”.

La sentencia de tres días por el intento de asesinato de doña Marcelina confirma también que, pese a cursos, talleres y capacitaciones, no se juzga con perspectiva de género, agrega.

“Dictar 25 años de prisión (por el feminicidio) y tres días de condena por la tentativa de homicidio es completamente irrisorio. Es grave que los jueces estén sentenciando de esta manera. Parece que están premiando a este feminicida porque mató a Brenda y mató a la señora. Te dan más tiempo por tirar basura en la calle o en un torito (operativo para detectar a quienes conducen en estado de ebriedad); las consideraciones son hasta más graves”.

La abogada reconoce que, si bien el caso de Brenda fue tipificado como feminicidio, la sentencia al agresor no consideró las conductas de misoginia y odio contra las mujeres incluidas en el Código Penal de Jalisco.

“Eso no lo toma en cuenta el juez. Eso mismo que tiene el Código Penal, ni siquiera te hablo de perspectiva de género. Así de aberrantes son las sentencias de estos jueces sin perspectiva de género, que parece que no les interesa hacer justicia”.

Cartagena López considera que el homicida de Brenda debió recibir una sentencia mínima de 32 años de prisión que, con el componente sexual —uno de los peritajes determinó que hubo humillación y exhibición del cuerpo de Brenda—, debió aumentar a 40 años.

Alejandra Cartagena López, Abogada

Aclara que emitir sentencias con condenas altas no equivale a juzgar con perspectiva de género. Es necesario, afirma, que se den argumentos sólidos para dictar una pena que signifique impartir “un poco de justicia”; también se debe considerar la reparación del daño y que los jueces se pronuncien ante el incumplimiento del Estado en su responsabilidad de preservar la vida de las mujeres, algo que en Jalisco ningún integrante de la judicatura ha hecho.

El feminicidio de Brenda y la muerte de doña Marcelina causaron estragos en la familia Hernández Cruz. La madre de la joven sufre depresión, y su primo, que tenía cuatro años cuando descubrió el cuerpo, tuvo problemas para dormir y debió acudir con un psiquiatra, que lo medicó en la temporada de mayor crisis.

“Te quedan secuelas psicológicas feas”, dice Antonia, “hasta te da miedo salir a la calle, tu casa y tu persona se vuelven un circo, te juzgan, te critican. Las consecuencias que te quedan son de inseguridad, de enojo, tienes un coraje que de verdad lo quieres sacar y no sabes ni con quién, porque nadie tiene la culpa más que la persona que está encerrada”.

El feminicidio de una familiar, agrega, es una herida que permanece. “Recuerdas, recuerdas, recuerdas, pero creo que es peor si te quedas callada”.

Reprobado en transparencia

La organización feminista Equis Justicia para las Mujeres reprobó al Poder Judicial del Estado de Jalisco en materia de transparencia, al otorgarle 12.5 puntos sobre 100 en el informe (In)Justicia abierta: Ranking de opacidad judicial en México, dado a conocer el pasado mayo.

La investigación evidenció la falta de acceso a las sentencias y a la información judicial en Jalisco, lo que fue considerado como “la primera gran barrera con la que tenemos que lidiar como sociedad civil y ciudadanía”. El informe reportó que el Poder Judicial estatal no registra el número de sentencias emitidas, no considera ninguna sentencia de interés público, y desconoce la cifra de cuántas sentencias fueron dictadas en 2017. Además, no cuenta con una política de transparencia proactiva, pues carece de una definición de “interés público” y de cuál es el criterio que se debe utilizar para establecer que una sentencia responde a este concepto.

Una de las faltas en materia de transparencia es que no existe información sobre si la judicatura y las y los secretarios de los juzgados de Jalisco han sido capacitados para aplicar la perspectiva de género en los procesos judiciales.

En el portal de internet del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco existen algunos boletines con “pláticas, foros y capacitaciones” sobre el tema. El Informe Anual de Labores del Poder Judicial de 2018 consigna que 2,232 “personas que laboran en el Poder Judicial” de Jalisco, de los cuales 1,277 son mujeres y 955 hombres, fueron capacitados en el “protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, pero omite precisar la función que desempeñan.

“Ves que siguen matando mujeres y no es justo, dicen que están capacitando a los jueces, a los magistrados, a los que se encargan de la fiscalía, pero para qué, si al final de cuentas las sentencias siguen igual”, lamenta Antonia.

Al juez Acosta Navarro le envía el siguiente mensaje: “Ojalá que no le pase a una de sus hijas, no estoy diciendo a su hermana o a su mamá, sino a una de sus hijas, porque si le pasara nos va a entender. Mientras a uno no le pasa no te entienden, nos juzgan y nos critican”.

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