DOLORES HIDALGO, Gto. (apro).- Durante la ceremonia en la que el gobierno del estado conmemoró el Día internacional del migrante, familiares del joven Leonardo Reyes Cayente, abatido el 13 de diciembre del año pasado por agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en una presunta ejecución extrajudicial, se manifestaron reclamando que la investigación para determinar las circunstancias de esta muerte se encuentre prácticamente congelada en la Fiscalía General del Estado. Además de exigir una disculpa pública del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo –quien no asistió al evento- y del fiscal Carlos Zamarripa “por criminalizar a Leonardo”, así como que el caso sea traído por la Fiscalía General de la República, la familia ha demandado que la investigación concluya, lo mismo que el expediente de queja de la Procuraduría estatal de derechos humanos. Ninguna de las dos instancias ha emitido dictamen al respecto, denunció la madre del joven, María Guadalupe Cayente, quien desde hace un año ha señalado ante distintos foros y en plantones ante el gobernador Diego Sinhue Rodríguez que ella y otros integrantes de su familia fueron testigos de cómo un grupo de elementos de las FSPE habría asesinado a Leonardo y manipulado la escena, en la entrada de la comunidad de Corralejo de abajo, de San Miguel de Allende. Agentes de las FSPE declararon que el muchacho les disparó desde su camioneta –en la que dijeron que se encontraba también un presunto cómplice del que hasta la fecha nada se sabe y no ha sido localizado- y que supuestamente lo mataron repeliendo dicha agresión. Al menos 27 casquillos de rifles AR15 –que portaban los agentes estatales, mismos que pertenecen a un grupo de élite- fueron asegurados por peritos de la Fiscalía, según consta en la carpeta de investigación, informaron la madre de Leonardo y sus asesores jurídicos. Pero la familia ha sostenido que Leonardo había salido de su casa para dirigirse a un cerro cercano a fin de poder acceder al internet en su teléfono celular, puesto que en la comunidad no es posible contar con este servicio. Por ello, ha exigido que la FGE ejerza acción penal en contra de los elementos de las FSPE –que están adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del estado- dentro de la carpeta de investigación 1291998/2018, radicada en la Agencia especializada en investigación de homicidios en San Miguel de Allende, “en virtud de que no existe, ni existió ninguna legítima defensa por parte de los policías estatales”. Por ese mismo caso, la Procuraduría estatal de derechos humanos inició el expediente de queja 83/2018-D, que a un año tampoco ha sido concluido ni ha derivado en alguna recomendación del procurador Raúl Montero de Alba. Originario de Corralejo de Abajo, Leonardo Reyes había llegado a esa comunidad el 9 de diciembre del año pasado desde Dallas, Texas –donde residía junto con sus padres Juan Reyes y Guadalupe Cayente- para celebrar a la virgen de Guadalupe y pasar las fiestas de fin de año. Viajaron en la camioneta Ford Expedition negra de Leonardo, quien se dedicaba a la construcción y a vender productos en su tiempo libre. El 13 de diciembre, el muchacho abordó su camioneta y avisó a su familia que saldría al cerro a donde la gente de la comunidad suele acudir “para agarrar señal de internet”. Poco después, la familia escuchó disparos y la madre de Leo, así como un hermano y una de sus cuñadas salieron corriendo a buscar al muchacho. Según el parte de la Secretaría de Seguridad Pública, “los policías del Estado actuaron en legítima defensa ya que se defendieron de un ataque armado por parte de LEONARDO y otras personas”, citaron los abogados, quienes insistieron en negar la existencia de los supuestos acompañantes –así lo confirma su familia- además de que ninguna otra persona ha sido detenida o presentada por este caso. “La camioneta en la que mataron a Leo tiene más de 30 disparos de arma larga, lo cual hace imposible que si había personas no resultaran heridas o muertas”, indicaron. “Leo ese día andaba solo, no tenía armas de fuego y era una persona responsable, noble, deportista, trabajadora y altruista”, ha sostenido la familia, y así se lo expuso hace casi un año al gobernador Diego Sinhue Rodríguez en una reunión que éste sostuvo con organizaciones de migrantes en Texas. En aquella ocasión, el gobernador prometió a la madre del joven que se investigaría para aclarar la forma en que murió. “Existen 5 testigos de sus mismos familiares, los cuales alertados por un familiar que escuchó los disparos de arma de fuego, fue que subieron a la entrada de la comunidad y fue entonces que presenciaron de manera directa y escondidos en la maleza, la alteración del lugar de los hechos por parte de los policías estatales, y escucharon lo que decían los policías, y de cómo acomodaron todas las evidencias en contra de Leo, (disparos, movieron los vehículos, decían ‘tírale más balazos a la patrulla’) declaraciones de los testigos que obran en la carpeta de investigación de la fiscalía y en el expediente de la Procuraduría de los Derechos Humanos”, refirieron los abogados de la familia. Sin embargo, señalaron que hasta el momento la única línea de investigación sostenida por la Fiscalía es la versión de los policías estatales, aunque la indagatoria tampoco ha avanzado desde hace meses. Los abogados solicitaron el 10 de diciembre a un juez de control penal una audiencia de control de derechos por la tardanza en la investigación. El Poder Judicial del estado no ha fijado aún fecha para dicha audiencia. El evento oficial por el Día internacional del migrante efectuado en este municipio fue encabezado por el secretario del migrante Juan Hernández, ante quien la madre, familiares y vecinos pidieron sea aclarado el homicidio. Hernández ignoró la protesta, y al final fue encarado por la madre de Leo. “Muchos de los migrantes pasan la situación de que mueren y procuramos estar con ellos (sic), sin meternos nosotros en el lado de la investigación, no es nuestro. Las instancias que sí tienen que ver con la seguridad, la fiscalía, hoy mismo buscaron tener una reunión con ella…no es mi área”, apenas atinó a declarar Hernández.