TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Centro de Derechos Indígenas A.C. (Cediac) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunciaron una “escalada de violencia y el desplazamiento forzado” en diversas comunidades indígenas tzeltales de Chilón y Sitalá. Señalaron que en las últimas horas grupos civiles armados han provocado terror en las comunidades y desplazaron de manera forzada a la población “con la complicidad, tolerancia, aquiescencia y omisión de las autoridades gubernamentales”. El Cediac y el Frayba precisaron que, a más de año y medio del desplazamiento forzado de 125 personas de la comunidad tzeltal de Carmen San José, en Chilón, el mismo grupo civil armado procedente de Pechton Icotsilh desplazó esta semana a 65 personas de San Antonio Patbaxil y mantiene en sitio a tres comunidades más: Juan Sabines Verapaz y Tzubute’el Santa Rosa, en el municipio de Chilón, así como Santa Cruz, en Sitalá. Ambos centros detallaron que la violencia en la región escaló el 3 de junio de 2018, cuando un grupo civil armado privó arbitrariamente de la vida al joven Marín Luis Gómez Guzmán, en Carmen San José. Al día siguiente los agresores regresaron e hicieron disparos al aire, causando terror en la población. Posteriormente hostigaron, amenazaron, intimidaron y extorsionaron a los habitantes, además de que realizaron robos y secuestros. Tras el desplazamiento forzado de 25 familias de Carmen San José, subrayaron, los agresores robaron sus pertenencias, quemaron los cafetales, destruyeron las casas y la escuela primaria. Y desde entonces han impedido el retorno de las familias que se encuentran en desplazamiento forzado, disparando en dos ocasiones a quienes intentaron regresar a sus terrenos de labor y vivienda. Tras los hechos se interpuso la denuncia correspondiente ante la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Chilón, Chiapas, Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del estado. Desde el 15 de octubre de 2019, Cediac y Frayba informaron a los gobiernos estatal y federal la situación de violencia en los municipios de Chilón y Sitalá. Y en intervenciones privadas solicitaron “medidas cautelares urgentes, necesarias y eficaces para proteger la vida, seguridad e integridad de la población de la región amenazada por grupos civiles armados, especialmente de dos comunidades en desplazamiento forzado y tres en riesgo de desplazamiento forzado”. Sin embargo, los gobiernos no cumplieron con la obligación de proteger y garantizar la seguridad de la población en la región, acorde a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas, denunciaron. El pasado viernes 6, aproximadamente a las 6:00 horas, el mismo grupo civil armado atacó con armas de fuego de alto calibre a la comunidad tzeltal de San Antonio Patbaxil, desplazando forzadamente a 65 personas, aproximadamente. El gobierno en sus tres niveles, subrayaron, no ha realizado acciones inmediatas de ayuda humanitaria ni de protección y prevención para evitar que siga escalando la crisis de derechos humanos de los habitantes de pueblos originarios. “Reiteramos que las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción", puntualizaron ambos centros. Y pidieron de manera urgente que se garantice la vida, seguridad e integridad personal de las 125 personas en desplazamiento forzado de la comunidad Carmen San José y las 65 de San Antonio Patbaxil. Asimismo, “indagar imparcial y eficientemente los hechos que derivaron en el desplazamiento forzado de 190 personas de las comunidades Carmen San José y San Antonio Patbaxil. Evitar el desplazamiento forzado de las comunidades Juan Sabines Verapaz, Tzubute’el Santa Rosa, en el municipio de Chilón, y Santa Cruz en el municipio de Sitalá”. Finalmente, “aplicar los Principios Rectores de los Desplazamiento Forzados Internos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Ley para la Prevención y Atención sobre los desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas, pero sobre todo implementar las medidas necesarias para el retorno con seguridad de las comunidades tzeltales en desplazamiento forzado en el municipio de Chilón”.