MEXICALI, B.C. (apro).- Gustavo de Hoyos Walther, dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien figura como “secretario” en el consejo de administración de Integradora de Productos Agropecuarios Cachanilla S de RL de CV (IPAC), empresa que supuestamente entregó “moches” a integrantes del gabinete de Jaime Bonilla, a cambio de contratos, rechazó estar involucrado en actos ilegales. A través de su despacho “De Hoyos y Avilés, SC”, el líder empresarial asevera que no es socio y tampoco –dice-- ha tenido participación monetaria alguna en la citada empresa. Sin embargo, en la nota difundida ayer en proceso.com.mx nunca se mencionó que fuera socio, únicamente se documentó, con base en el registro de empresas de la Secretaría de Economía, que Gustavo de Hoyos forma parte del consejo de administración. Incluso se precisó que los socios son siete, todos miembros de la familia Valadez. Nota relacionada: [embed]https://www.proceso.com.mx/611684/ligan-a-gustavo-de-hoyos-walther-con-empresa-vinculada-a-red-de-corrupcion-en-bc[/embed] En el boletín de prensa, el dirigente de Coparmex acepta su inclusión en el consejo de la empresa, pero aclara que eso se hizo sin su consentimiento. También admite que su despacho dio asesoría legal a Integradora de Productos Agropecuarios Cachanilla S de RL de CV, y luego señala que es normal que se incluya como secretarios a quienes realizan gestiones legales. “En la Asamblea constitutiva de IPAC (2011) no participa, directa o indirectamente el licenciado Gustavo Adolfo de Hoyos Walther (GHW). En una asamblea posterior celebrada en 2015, los socios de la misma lo propusieron como secretario del Consejo de Administración. La designación de los abogados miembros de las firmas legales a cargo de la organización de compañías como “secretario”, es una práctica muy extendida, y es parte de los servicios que normalmente presta una firma legal”, se lee en el comunicado. Inmediatamente después el dirigente empresarial rechaza haber aceptado el cargo: “GHW no estuvo presente en esa asamblea donde se le propuso como secretario, nunca aceptó el referido nombramiento y en ningún momento desempeñó el mencionado cargo. En su oportunidad le hizo saber al Consejo de IPAC su imposibilidad de aceptar la encomienda y renunció a la misma”. Antes, Gustavo de Hoyos recuerda que la empresa fue constituida en 2011 --como se menciona en la nota periodística de este portal-- y que la misma solicitó en 2016 los servicios legales de su despacho para modificar los estatutos de “Integradora de Productos Agropecuarios Cachanilla, S. de R.L. de C.V.”. “La reorganización legal de IPAC concluyó exitosamente”, sostiene. Y señala lo mismo que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del estado, Rodrigo Llantada Ávila, quien explicó a este medio que la empresa no ha tenido operaciones ni actividad ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pero, a diferencia de Llantada, quien tranquilamente consideró que su error fue no haber pedido que se diera de baja su nombre en el Consejo de Administración, Gustavo de Hoyos desestimó la información difundida por proceso.com.mx. “La nota carece de rigor periodístico. Investiguen”, subraya. Y añade: “Hasta donde sabemos, la sociedad mercantil nunca tuvo operaciones comerciales, ni ha realizado contrato alguno. Dicha empresa ha estado en receso desde entonces”. E insiste que nunca ha sido socio o mantenido una participación patrimonial en IPAC. Y no ha entregado o recibido recursos o fondos de esa entidad. Prosigue: “Hasta donde sabemos, IPAC en ningún momento preparó, propuso, formalizó o realizó algún convenio, contrato u operación de cualquier naturaleza con el gobierno del estado de Baja California, ni con funcionarios en funciones o propuestos para desempeñar cualquier encargo en dicha entidad pública”. Sin embargo, el Sistema Estatal Anticorrupción elaboró un exhorto para la Función Pública donde le pide “se investigue al C. Humberto Valadez García y/o María de Lourdes Patiño Montoya, al primero a quien apodan el “huevero” y quien supuestamente habría entregado 20 millones de pesos, a cambio de contratos millonarios como futuro proveedor de alimentos a penales de Baja California y de desayunos escolares que proporciona la administración pública estatal, cuya beneficiaria sería su esposa María de Lourdes antes citada, así como a sus empresas Integradora de Productos Agropecuarios Cachanilla S de RL de CV. Lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 66, 68, 70, 73 y 81 fracción l, inciso b y c, y 82 fracciones I, III y IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California”. En la última parte de su comunicado, el presidente nacional de la Coparmex “exige que cualquier acto ilegal en el que hayan intervenido funcionarios pasados o actuales del gobierno del Estado de Baja California sea investigado con objetividad y hasta sus últimas consecuencias, y de existir elementos probatorios para ello, se finquen las responsabilidades que correspondan”. También respalda las demandas del Sistema Estatal Anticorrupción, para que se investiguen los presuntos actos ilegales atribuidos a diversos funcionarios del gobierno del estado relacionados con la proveeduría de bienes y servicios a la entidad.