CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó respaldar la iniciativa de reforma que promueve la alteración del principio histórico del Estado laico, sustentado en la separación entre el Estado y las Iglesias.

En la mañanera del martes 17 expresó: “No considero que modificar este principio ayude; al contrario, ya en su momento hubo una confrontación. Eso motivó hasta una invasión extranjera… Eso ya está resuelto desde hace más de siglo y medio. Se resolvió la separación del Estado y la Iglesia”.

Aparentemente, la iniciativa de reforma nació muerta. Sin embargo, ¿hasta dónde el propio presidente es responsable de que se produzcan estas confusiones? ¿Un presidente-predicador y salvador de almas podría propiciar equívocos sobre el papel social de las Iglesias en las propias filas de Morena? ¿Soledad Luévano, de Morena, es la senadora solitaria que redacta una compleja reforma legal?

El asunto tiene varias aristas. Vayamos por partes.

Primero, propongo asomarnos a la iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, presentada por Luévano. Sin duda es regresiva y atenta contra el Estado laico. La ley vigente está sustentada en la separación entre el Estado y las Iglesias. Tramposamente, en la exposición de motivos se indica que hay que actualizar una ley que fue redactada hace 27 años y modernizarla con conceptos jurídicos contemporáneos, como “libertad religiosa” y los “derechos humanos”.

De un plumazo, la iniciativa de reforma borra el enunciado de la ley vigente que se refiere a la separación del Estado de las Iglesias, dando pie a demandas clericales solicitadas desde hace lustros, como un mayor acceso a los medios de comunicación, flexibilidad económica, apertura educativa, objeción de conciencia, validez de estudios y el acceso a los cuarteles militares, entre otras.

Bajo la nueva visión de la laicidad tutelada en la libertad religiosa, la iniciativa de la senadora Luévano propone la apertura del Estado a la intervención de las Iglesias en materia político-social. El párrafo así lo indica: “El principio de separación del Estado y las Iglesias no impide la contribución y colaboración recíprocas en tareas comunes de beneficio social, respetando los respectivos ámbitos de competencia”, así como “celebrar convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno”.

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Ahí está presente la obsesión de AMLO y de la 4T por incorporar a las Iglesias en los programas sociales, con el fin de restituir el tejido social. Como si las Iglesias no fueran también responsables de la crisis de los valores de la sociedad.

La iniciativa de la senadora de Morena también otorga toda la libertad para que las Iglesias puedan emitir sus opiniones políticas. Con eufemismo sostiene: “Las Iglesias podrán expresar sus creencias religiosas con relación en asuntos de carácter social”.

La iniciativa de reforma ha gozado de un rechazo absoluto de la sociedad y de la clase política. Todos se deslindan de ella. Pero es muy difícil pensar que es una iniciativa solitaria o una ocurrencia legislativa de una senadora. Ella misma en Twitter reveló que hubo especialistas y representantes de las Iglesias que formularon la propuesta. ¿Un accidente legislativo de una senadora despistada? Nada más lejos de la realidad. Es un proyecto concebido y ejecutado por Ricardo Monreal.

A mediados de julio de 2019, apenas registró la prensa, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, convocó a 30 líderes religiosos representantes de las feligresías más numerosas del país, la mayoría agrupadas en la Confraternidad Evangélica de México.

Asistieron los dirigentes de la Iglesia del Nazareno de México, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Metodista, la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, las Asambleas de Dios, así como de la Iglesia católica, representada por Alfonso Miranda, secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

El objetivo de la reunión fue invitar a los líderes religiosos a una primera mesa de trabajo para modificar algunos artículos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Así lo consignó María Eugenia Jiménez, periodista decana de la fuente religiosa en la Ciudad de México.

Ahí se conforma un grupo de trabajo compuesto por asesores jurídicos del Senado y líderes religiosos, para redactar una propuesta de iniciativas de reforma a la ley. El primer esbozo sobre medios fue filtrado al periódico Excélsior el 4 de agosto último. ¿Por qué ahora se deslinda Monreal de la iniciativa que indujo? ¿Hay diferencias entre éste y el presidente? ¿Monreal está buscando aliados políticos en las Iglesias, futurizando?

En todo caso, la iniciativa ha sido un test. Ha dado como resultado un categórico rechazo de la opinión pública y de la clase política. Incluso, se han sumado el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, y Mario Ángel Flores, rector de la Universidad Pontificia de México. Pese a la invocación de Juárez sobre la separación de ámbitos, el presidente es responsable del actual embrollo. Ha visto y seguramente evalúa los costos políticos de sumar a las Iglesias en los programas sociales. 

Me refiero al escándalo causado por las declaraciones del pastor Farela, de la red evangélica de Confraternice, amigo cercano del presidente, quien expuso dar una hora de biblia y “enseñar la palabra del Señor” a 7 mil becarios del programa Jóvenes Construyendo Futuro. Es decir, con nuestros impuestos estamos financiando el proselitismo de un evangelismo fundamentalista. Esto sí es violar el Estado laico y nuestro marco constitucional. El gobierno se ha deslindado, pero amerita una respuesta amplia y detallada. La esperamos.

Por el momento, Juárez podrá estar más tranquilo. Está amparada su mayor aportación a la construcción del Estado moderno mexicano. ¿Hasta cuándo?

El autor de este artículo es maestro en sociología con especialidad en el estudio de las religiones. Este texto se publicó el 22 de diciembre de 2019 en la edición 2251 de la revista Proceso