Exigen a Arturo Zaldívar cesar a jueces por violencia institucional en Yucatán

Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Miguel Dimayuga Esta mañana el pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación eligió a Sergio Javier Molina Martínez como nuevo consejero de la judicatura federal FOTO: Miguel Dimayuga

MÉRIDA, Yuc. (apro).– Defensoras de los derechos de las mujeres exigieron al Consejo de la Judicatura Federal, que preside el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la suspensión de los magistrados del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Décimo Cuarto Distrito por violencia institucional.

La exigencia de las activistas, representantes de diversos colectivos, es por el caso de Andrea, una mujer que sobrevivió a una tentativa de feminicidio a manos de su expareja, un maestro de karate identificado como Christian de Jesús “N”, delito que fue reclasificado por el de lesiones provocadas por violencia familiar.

Los jueces en cuestión son Jorge Enrique Edén Wynter García, Pablo Jesús Hernández Moreno y Didier Rolando Ramírez Canto.

En conferencia de prensa, las activistas recordaron el caso, ocurrido en noviembre de 2018, cuando Andrea fue rescatada por vecinos y policías de la golpiza que su pareja le estaba dando.

La víctima sufrió varias fracturas y lesiones debido a las patadas, puñetazos y hasta tablazos que recibió de su victimario.

El agresor se resistió al arresto golpeando a los uniformados, quienes para someterlo tuvieron que pedir refuerzos.

Las activistas dieron a conocer la misiva enviada al ministro Zaldívar en que le hacen saber de los obstáculos que enfrentan en Yucatán las mujeres víctimas de violencia para obtener justicia y, en ese sentido, aludieron también los casos de la fallecida Ema Gabriela Molina Canto y de Greta Martínez Corona, quien está también en peligro de muerte.

Expusieron que, en el caso de Andrea, los magistrados señalados no respetaron el marco legal federal y ni estatal, lo que abre al agresor la posibilidad de ser liberado.

Por ello, insistieron en la necesidad de que los magistrados que reclasificaron el delito sean removidos de sus cargos.

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