MEXICALI, BC (proceso.com.mx).– A 40 días de la denuncia oficial sobre el presunto cobro de “moches” por parte de autoridades del gobierno de Jaime Bonilla, escándalo que derivó en la renuncia de dos miembros del gabinete, la administración morenista congeló las investigaciones, lo que llevó a uno de los involucrados a pedir su reinserción en el gobierno. Lo anterior se desprende del oficio que uno de los presuntos involucrados en el supuesto desvío de recursos privados, el exoficial Mayor, Jesús Damián Núñez, entregó el 3 de enero al gobernador Jaime Bonilla, en el que le manifiesta su pretensión de “seguir sumándole a su Plan de Gobierno”. En el oficio, que cuenta con el sello de recibido de la oficina del gobernador, el exoficial le recuerda a Bonilla que solicitó licencia al cargo el 2 de diciembre, pero también revela que tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Honestidad y Función Pública no lo están investigando por su presunta participación en el escándalo de los “moches”. En el segundo párrafo del oficio en el que presenta su renuncia, se lee que la Fiscalía General del Estado y la SFP dicen “no tener carpeta de investigación alguna en contra de mi persona por el caso que se me acusaba, quedando clara mi situación jurídica y ajeno de toda falsa acusación, que no abona en nada a los firmes objetivos de gobierno de esta administración estatal”. Luego, le recuerda que pidió licencia para que la investigación fuera imparcial, y que al quedar clara esta situación, le reitera su compromiso con su administración y la entidad, para luego deslizar su pretensión de ser incluido nuevamente en el gobierno: “sigo creyendo firmemente en este gran proyecto y quedando a la espera de sus instrucciones para seguir sumándole a su plan de gobierno”. La inacción de la autoridad encargada de investigar el presunto cobro de “moches”, la Secretaría de Honestidad y Función Pública, quedó al descubierto luego de que el exoficial mayor acudió a un juez federal para que le otorgara una suspensión provisional ante cualquier posible orden de aprehensión derivada de la investigación por los presuntos moches. Damián Núñez solicitó ante el Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación un amparo, quedando registrado bajo el número 1280/19. Al realizar las diligencias correspondientes, el juzgado recibió del director Jurídico de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP, Raúl Harari Soto, la petición de que no se le otorgara el amparo ya que “no es cierto el acto reclamado en los términos planteados por Jesús Damián Núñez camacho” y que a la letra dice: “Actos reclamados. En forma conjunta de todas y cada una de las autoridades responsables, reclamo cualquier acto futuro e inmediato tendiente a seguir afectando mi imagen pública, así como a privar o restringir mi libertad personal, así como aquellos actos que sean consecuencia mediata o inmediata a la orden de aprehensión dictada en mi contra, además de alguna sanción administrativa”. Adjunto al oficio entregado el 3 de enero al gobernador, el  exoficial mayor sumó la respuesta del fiscal central de la Fiscalía General del Estado, Hiram Sánchez fechada el 27 de diciembre, donde pide al juez federal que no otorgue la suspensión provisional del amparo ya que son “inexistentes los actos reclamados”. Lo anterior a pesar de que el pasado 29 de noviembre, el entonces dirigente estatal del PAN, Ovando Patrón, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia de cohecho por los presuntos moches, en tanto que el 25 de noviembre, uno de los involucrados acudió ante la SFP y presentó una denuncia. Rosendo Colorado, quien destapó el escándalo de los moches, detalló que durante el tiempo de transición realizó un “pase de charola” entre diversos empresarios, quienes le entregaron poco más de 20 millones de pesos que fueron a parar a las manos de Cynthia Gissele García, futura secretaria de Bienestar Social, y del exoficial mayor. Aunque Colorado dijo que nunca fue a cambio de la entrega de contratos con el gobierno estatal morenista, otras revelaciones detallaban lo contrario e incluso se dio los nombres de las presuntas empresas vinculadas. El propio Rosendo Colorado fue quien acudió el 25 de noviembre ante la SFP a interponer una denuncia de hechos.