CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mantenimiento de la militarización de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional y la invisibilización de la niñez en los proyectos estratégicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han significado un “retroceso” en la protección de los derechos de 40 millones de niñas, niños y adolescentes. Así lo denunciaron defensores que integran la Red de los Derechos de la Infancia en México (Redim), luego de participar en la entrega del “Balance Anual 2019: Entre la invisibilidad y la violencia”, en Palacio Nacional, evento encabezado por “Los Reyes Magos” para llamar la atención de las necesidades del 30% de la población del país. En el acto, Juan Martín Pérez García y Alicia Vargas Ayala, director ejecutivo de la Redim y directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (CIDES), respectivamente, coincidieron en que las evidencias del “retroceso” están en los propios datos oficiales, así como en la política pública emprendida por el gobierno de López Obrador, que ha resultado “discriminatoria” para las niñas, niños y adolescentes más pobres de este país. Acompañados de Diohema Anlleu, directora de Incidencia de la Fundación Junto con las Niños y los Niños (Juconi), y Rafael Castelán, de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C.(Seiinac), Vargas Ayala y Pérez García señalaron que continuar con la política de militarización que impuso Felipe Calderón y continuó Enrique Peña Nieto, aunado a la impunidad en que se mantienen los casos relacionados con menores de 17 años, habla de que los adolescentes no están en las prioridades del actual gobierno. “Los indicadores de que la situación sigue grave es que sigue la militarización, una cultura que se comió al presidente, a la 4T, pero no debemos permitir que se coma al país”, recalcó Pérez García, tras sostener que al aumentar el número de efectivos que conforman la Guardia Nacional, “los grupos criminales también tienen que incrementar sus propios ejércitos, la mayor parte a partir del reclutamiento forzado de jóvenes”. El defensor señaló que el reconocimiento del gobierno de López Obrador del reclutamiento forzado no ha bastado para modificar la situación, ya que en 2019 se hizo evidente en redes sociales la participación de menores en enfrentamientos armados, manipulando armas o amenazando a miembros del crimen organizado. “No hay datos oficiales sobre la leva de menores. Nosotros considerábamos una cifra de 35 mil, pero la consulta infantil del Instituto Nacional Electoral (INE) de 2018 reveló que 45 mil niñas, niños y adolescentes sufrían presiones de miembros del crimen organizado para integrarse a sus filas, mientras que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, habló de 460 mil, sin explicar el origen de esos datos”, apuntó el defensor, y destacó que en su cuenta de Twitter el presidente sólo se refirió a la niñez en siete ocasiones durante su primer año de gobierno. Vargas Ayala agregó que durante el primer año de gobierno de López Obrador “no hubo un ápice de acceso a la justicia para la niñez ni de protección integral a niñas, niños y adolescentes”. “¿Cómo se puede mejorar la situación de la niñez si el 97% de los crímenes en que las niñas, niños y adolescentes son víctimas se mantienen en la impunidad? Peor aún, este año se cumplieron 30 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y no hubo un solo pronunciamiento al respecto por parte del presidente del Sistema Integral de Protección, que es el presidente López Obrador”, resaltó. Sostuvo que para los defensores de infancia es preocupante que la niñez “no forma parte de las prioridades”. Y ejemplificó que, si bien hay 805 víctimas de trata menores de 17 años en carpetas de investigación, “sólo se asignaron 18 millones en el presupuesto de 2020 para atender el problema”. En la conferencia, los integrantes de la Redim ofrecieron datos que dan cuenta de la desatención a este sector de la población. Diohema Anlleu precisó que de 2000 a 2019, 21 mil personas menores de 17 años fueron asesinadas y 7 mil están reportadas como desaparecidas; de enero de 2015 a julio de 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 3 mil 297 feminicidios, de los cuales 317 corresponden a población de entre cero a 17 años. Sobre las condiciones de pobreza, la defensora resaltó que “la mitad de la población infantil y adolescente vive en pobreza, y entre indígenas ocho de cada 10 viven en extrema pobreza”, en tanto que 3.2 millones de menores trabajan. Por su lado, el SESNSP identificó a 3 mil 320 víctimas de trata entre enero de 2015 a junio de 2019, de las cuales 805 son niñas, niños o adolescentes Rafael Castelán Martínez apuntó que los infantes también han sido víctimas de discriminación en este gobierno a causa de “los recortes presupuestales, que generan mayor discriminación, y el caso más evidente fue el recorte de 50% al programa de Estancias Infantiles, que afectó no sólo a los padres y madres trabajadoras, a los encargados de las estancias, sino a más de 300 mil niñas y niños de las comunidades más pobres a las que estaba dirigido el programa”. En esos casos, la discriminación se hace patente “porque no fueron afectadas las guarderías del Partido del Trabajo, que apoyó a López Obrador, ni las de IMSS o el ISSSTE”, instituciones a las que por cada menor se aportan 3 mil 200 pesos al mes, mientras que a los que tenían el servicio de Estancias el monto era de 950 pesos. Recordó que, por el tema de las Estancias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación, misma que “en un acto sin precedentes institucionales, cuatro secretarías de Estado rechazaron”. Castelán manifestó que en materia educativa uno de cada 10 niñas, niños y adolescentes no asiste a la escuela. “En niñas y niños de tres a cinco años, el porcentaje es de 49.3%, y en adolescentes de 12 a 17, de 36%, lo que aumenta su vulnerabilidad a la marginación, situación que se agrava entre las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que son unos 2 millones quienes tienen dos veces más probabilidad de no acudir a la escuela”. Otro sector afectado por el gobierno de López Obrador, abundó, fue la niñez migrante, ya que “durante 2019 se utilizó a la Guardia Nacional para detener a niñas, niños y adolescentes en contexto de migración, respondiendo a presiones económicas del gobierno de Donald Trump, registrándose 48 mil 723 deportaciones de niños en 2019, uno de los registros más altos en los últimos 10 años”. De acuerdo con el Balance 2019, entre los avances que se registraron destacan adecuaciones a normas ambientales, la aprobación de la legislación en materia de etiquetado frontal del contenido nutricional de los alimentos, el uniforme neutro en la Ciudad de México, la prohibición del castigo físico a la niñez --en revisión en el Senado--, así como la prohibición del matrimonio infantil. Finalmente, los defensores confiaron en que haya un cambio en la política pública de atención a la infancia, acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.