Cuando estalló el diferendo diplomático de España con Bolivia, la derecha española se enardeció y criticó al gobierno de Pedro Sánchez de querer afianzarse en el poder con el apoyo de Unidas Podemos. A su vez, el diario El Mundo publicó una entrevista con el político boliviano Jorge Quiroga, también de derecha, en la que éste dice que la visita de diplomáticos españoles a la legación mexicana en la paz –el motivo del escándalo– fue para “extraer” a los nueve colaboradores del expresidente Evo Morales.

MADRID (Proceso).– La intervención de la delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia parece ayudar a reconducir la crisis diplomática en la que se vio implicada España tras el polémico incidente del pasado 27 de diciembre en las inmediaciones de la legación de México en La Paz, que derivó en la expulsión de dos diplomáticos españoles, del personal de la Policía Nacional y de la embajadora mexicana María Teresa Mercado.

El gobierno de España –que guardó cautela desde que estalló el conflicto político boliviano que provocó la salida de Evo Morales de su país– expulsó a tres diplomáticos bolivianos acreditados en Madrid en reciprocidad por el “gesto hostil” de Bolivia al declarar persona non grata al cuerpo de diplomáticos y personal español acreditados en ese país sudamericano.

El 30 de diciembre, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció desde el Palacio de Gobierno en La Paz sobre la expulsión de Cristina Borreguero, encargada de Negocios de España; el cónsul Álvaro Fernández, y cuatro miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO), una unidad élite de la Policía Nacional entre cuyas funciones está la seguridad de sus legaciones y de sus diplomáticos, en especial en países en conflicto.

Ese día Áñez comentó: “Este grupo de representantes de los gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia… (este) grupo de presuntos diplomáticos encapuchados y armados (tuvieron una) conducta hostil, intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia desafiando a los oficiales policiales bolivianos y (a) los propios ciudadanos. Son hechos que no podemos dejar pasar”.

El gobierno de Pedro Sánchez reaccionó con sorpresa y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación emitió un comunicado en el cual negó que su personal tuviera “como objetivo facilitar la salida de personas” asiladas en las instalaciones mexicanas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, quien transitoriamente cubre la cartera de Exteriores, aseguró que no estaba al tanto de la reunión que los diplomáticos tenían en la legación mexicana en La Paz.

Las primeras informaciones confirmaron que los diplomáticos españoles hicieron una “visita de cortesía” a la embajadora Mercado, luego que México denunciara el asedio policial en torno a su legación, donde alberga a nueve colaboradores de Evo Morales.  

Los dos diplomáticos fueron escoltados hasta la residencia mexicana por los policías españoles acreditados, pasando el control impuesto en las inmediaciones por la policía boliviana; después se retiraron.  

Tras 40 minutos, tiempo que duró la reunión, los miembros del GEO trataron de recoger a los dos funcionarios de Exteriores, pero los uniformados bolivianos les impidieron el paso y un grupo de civiles comenzaron a increparles y a golpear y zarandear sus vehículos con matrícula diplomática.  

Al advertir que los estaban grabando y fotografiando, los agentes españoles se cubrieron parcialmente el rostro para evitar ser identificados por motivos de seguridad y decidieron retirarse, sin recoger a los diplomáticos.  

Esos hechos dieron pie a la versión de que la visita en realidad tenía como propósito sacar clandestinamente de la legación diplomática mexicana a los nueve antiguos colaboradores de Morales, entre ellos el exministro de Presidencia, Juan Ramón Quintanilla, a quien las autoridades bolivianas acusan de presuntos actos de terrorismo y sedición.  

El 30 de diciembre, luego de la salida del personal español, el gobierno de Pedro Sánchez anunció la expulsión de tres diplomáticos bolivianos: el encargado de Negocios acreditado ante España, Luis Quispe Condori; el agregado militar, Marcelo Vargas Barral, y el de policía Orso Fernando Oblitas Siles.

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Tras el diferendo diplomático la oposición española –los partidos Popular, Vox y Ciudadanos– lanzó fuertes acusaciones al gobierno de Sánchez, justo en el momento más tenso de las negociaciones que el socialista mantenía con Unidas Podemos y con Esquerra Republicana de Catalunya, de cara a la conformación de un posible gobierno este martes 7.  

La oposición exigió la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la ministra Robles para que explique el incidente.  

El dirigente del PP, Pablo Casado, criticó la opacidad con que el gobierno de Sánchez reaccionó ante las acusaciones de Bolivia, en su “empeño por garantizarse el apoyo de los independentistas”, en alusión a las negociaciones políticas para la conformación del nuevo gobierno en España.  

Tras reunirse en Madrid con el senador boliviano Óscar Ortiz, candidato presidencial de Movimiento Demócrata Social (centro-derecha), el líder de la derecha española se cuestionó si el incidente está relacionado con las relaciones de Podemos con el régimen de Evo Morales y acusó a Pedro Sánchez de “cambiar de aliados” tras su acuerdo político con Pablo Iglesias, el dirigente de Unidas Podemos.  

“España –dijo– vuelve a estar del lado de los países que liquidan las libertades y detienen a opositores políticos”.  

El líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, señaló: “Lo que ha pasado en La Paz es gravísimo. ¿Trataba la embajada de España de ayudar a asesinos y narcos cómplices de Morales?”  

En su comunicado, el Ministerio de Exteriores anunció que la ministra Robles comparecería en el Congreso para dar las explicaciones del caso una vez termine la investigación que ordenó y analice sus resultados. Este anuncio atenuó momentáneamente el sesgo que la oposición pretendía darle para enrarecer la posible conformación del nuevo gobierno en España.  

El jueves 2, mientras en España se iban sumando algunos apoyos para el posible refrendo de Pedro Sánchez en el gobierno, Vox emitió un comunicado –con mínima difusión en medios– en el que anunciaba el viaje a Bolivia de su vicepresidente, el diputado Víctor González Coello de Portugal, y del eurodiputado Hermann Tertsch, para celebrar una reunión con los titulares de Gobierno y Defensa del país, Arturo Murillo y Fernando López.  

Tras el encuentro, Tertsch se dijo alarmado por el hecho de que en apenas 48 horas el líder de Podemos, Pablo Iglesias, formará parte del gobierno de España. “En España se vive un proceso complejo de investidura para un gobierno que, por desgracia, se parece muy mucho a lo que ustedes acaban de dejar atrás”.  

Tras recibir información de quiénes son los nueve miembros del gobierno de Morales refugiados en la embajada mexicana, el eurodiputado señaló: “Nos llena de alarma y preocupación. Queremos saber más, queremos que esas personas declaren ante la justicia y queremos saber qué vínculos hay entre ellos y Podemos en España”.  

El vicepresidente de Vox, González Coello de Portugal se comprometió a investigar los acontecimientos y “llevarlos por todas las vías legislativas y judiciales a las que tenemos acceso como la tercera fuerza política de España y estando en el Europarlamento”.  

Sus afirmaciones iban a tono con las declaraciones que Jorge Tuto Quiroga, representante de Bolivia ante la comunidad internacional, lanzó en una entrevista con el diario El Mundo, publicada el 30 de diciembre, según las cuales el polémico incidente en realidad es “una operación de extracción. Que no nos tomen por tontos”.  

Quiroga aseguró que a la embajada mexicana llegaron “cuatro rambos con esas armas”; ahí, dijo, “hay nueve delincuentes, incluido Juan Ramón Quintana, alias Capitán América, un tipo que ha ordenado el asesinato de ciudadanos europeos; el Diosdado Cabello de Evo Morales que tiene, a su vez, conexiones con el narcotráfico”.  

Las entrevistas  

El periodista de El Mundo no le pidió más información al respecto, ni Quiroga abundó sobre su acusación de “asesinato de ciudadanos europeos” ni sobre las conexiones “con el narcotráfico” que le atribuyó a Quintana.  

“En ese edificio – agregó el entrevistado– también está Héctor Arce, el abogado de Morales, ministro de Justicia de su gobierno y contraparte de Podemos en América Latina. Arce es quien trajo (Podemos) para hacer las famosas asesorías a la fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales)… Hay muchas fotos de Pablo Iglesias con Héctor Arce en hoteles de cinco estrellas (de España). En definitiva, México y España querían proteger a delincuentes que cometieron fraude electoral en Bolivia.  

En sintonía con las acusaciones que la oposición española lanzó contra el actual presidente en funciones y su inminente socio de gobierno, Unidas Podemos, Quiroga expresó a El Mundo su indignación por que Bolivia sea parte “de esta negociación con Podemos” para la investidura de Pedro Sánchez en España.  

“Es deleznable que la gobernabilidad en España se juegue a costa de la soberanía de Bolivia. Y todo por apoyarse en Podemos para conseguirla (la investidura). No me cabe duda de que han sido ellos los que han presionado a Pedro Sánchez para preparar todo esto (el incidente)”, expuso Quiroga.  

El mismo 30 de diciembre el diario El País citó fuentes gubernamentales en la que las autoridades españolas admitían que había sido un error aceptar la invitación de la embajadora mexicana a su legación.  

El diario recordó que Quiroga ya había insinuado que el supuesto operativo de los integrantes del GEO era para sacar a los colaboradores de Morales, quienes tienen información sobre el dinero pagado “a los socios de Pedro Sánchez, a los dirigentes de Podemos que ahora son burgueses de chalet”.  

En este contexto, la misión de la Unión Europea en Bolivia convocó a una reunión extraordinaria para analizar el incidente y emitió un comunicado en el que lamenta que esta “escalada de tensión diplomática” se haya “saldado con la declaración de persona non grata a la encargada de negocios y del encargado de la sección consular” de la embajada de España, medida que “rechaza”.  

“La expulsión de funcionarios diplomáticos es una medida extrema e inamistosa que debe reservarse a situaciones de gravedad”, señala la diplomacia europea.  

Tras un encuentro con la delegación de la UE y diplomáticos de Alemania, Francia y Dinamarca, la cancillería boliviana informó vía Twitter el jueves 2 que el gobierno de Jeanine Áñez desea “superar este impasse a la mayor brevedad posible y mantener estrechas relaciones con el Reino de España, en el marco del tradicional respeto y la amistad que siempre las han caracterizado”.  

También anunció que acreditará a “un alto representante diplomático” en España con el propósito de atenuar el conflicto. El anuncio se produjo después del encuentro que esa delegación sostuvo con el ministro de gobierno boliviano, Arturo Murillo, quien explicó los detalles de la determinación del gobierno para expulsar a los diplomáticos de España y de México.  

En este marco, el diario El País aseguró que la visita de los diplomáticos españoles a la embajada de México se dio por “un llamamiento del embajador de la UE en Bolivia, León de la Torre, a las misiones comunitarias en La Paz para que transmitieran su apoyo a la embajada de México, hostigada desde hace semanas por fuerzas militares y paramilitares bolivianas”. Este reportaje se publicó el 5 de enero de 2020 en la edición 2253 de la revista Proceso