GUANAJUATO, Gto. (apro).- El juicio por daño moral que interpuso el empresario televisivo Jorge Alberto Rodríguez Medrano, en contra del activista Roberto Saucedo y el periodista Arnoldo Cuéllar, llegó a la etapa de cierre y alegatos finales. Los acusados pidieron que se resuelva con transparencia, sin intereses ajenos y privilegiando el derecho a la libertad de expresión. Saucedo y Cuéllar fueron acusados de daño moral, luego de que en información periodística revelaron un adeudo superior a 80 millones de pesos que la empresa Telecom (Cablevisión regional) León tiene con el municipio de Guanajuato. La cablera que transmite los canales locales --propiedad de Rodríguez Medrano y su familia-- tendría conflicto de interés porque la esposa del empresario, Silvia Rocha, fue regidora del ayuntamiento de la misma capital. El gobierno municipal, encabezado por el panista Alejandro Navarro Saldaña, no ha cobrado el adeudo por el derecho de uso de la vía pública a la empresa que transmite los canales de Rodríguez Medrano, lo que fue corroborado en una revisión efectuada por la Auditoría Superior del Estado (ASEG). También confirmó irregularidades en la contratación de dos hijos del empresario televisivo en la administración municipal y en el Sistema Municipal de Agua Potable, donde a su vez recibieron contratos por servicios efectuados a través de la televisora en varias administraciones municipales. Tras publicarse la información en diversos medios de comunicación, Rodríguez Medrano, su esposa --aún regidora en ese entonces-- y sus hijos interpusieron demandas en las que acusaron de daño moral a Roberto Saucedo, activista por la transparencia, y al periodista Arnoldo Cuéllar, y les exigieron el pago de 87 millones de pesos equivalentes al adeudo reconocido por el gobierno municipal hasta 2018, por el uso de la vía pública de la cablera y, por ende, de la televisora propiedad del mismo denunciante. La información difundida se basó en documentos oficiales obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información pública al propio gobierno municipal de Guanajuato, así como al Sistema de Agua Potable (Simapag) y a la Coordinación de Comunicación Social del estado, entre otros entes públicos. Las demandas fueron admitidas y acumuladas en una sola causa por Lorena Villaseñor, titular del Juzgado Primero Civil en la ciudad de Guanajuato, en mayo de 2018. En una alerta emitida, luego de conocerse las demandas, la organización Artículo 19 solicitó a la entonces regidora Silvia Rocha y a su esposo, el empresario televisivo Rodríguez Medrano, desistirse de las mismas. Ella, por su carácter de funcionaria pública, y ambos como personas con proyección pública por sus actividades. “Recordamos a la funcionaria y al empresario que, debido al interés público de sus actos, todas las expresiones hechas en ese sentido revisten una categoría especialmente protegida por el derecho a la libertad de expresión, por lo que el ámbito de injerencia en su vida privada, honor y reputación, es mayor”, refirió Artículo 19. El juicio continuó y se ha prolongado por casi dos años.

…Y hay cambio de jueza

La audiencia final estaba programada para mediados de enero, pero, de manera inesperada, el 13 de diciembre una jueza suplente emitió una notificación y citó a las partes el pasado lunes 6, aunque en el caso de Saucedo recibió la notificación hasta el viernes 3. Ayer se 6 se desahogó la audiencia para la presentación de alegados finales, y ahí se conoció que la jueza Villaseñor fue cambiada a otra adscripción, por lo que el proceso, en su parte final, será asumido por la jueza Circe León López. En los alegatos presentados por Roberto Saucedo y Arnoldo Cuéllar, ambos insistieron en llamar la atención sobre el hecho de que el Poder Judicial de Guanajuato, a través del Juzgado Primero Civil de Partido y Especializado en Extinción de Dominio en el Estado, a cargo de la jueza Lorena Dolores Villaseñor Garay, “haya considerado que había elementos para admitir la demanda y abrir un procedimiento, si se considera que la información publicada sobre la actuación pública” del empresario televisivo, su esposa y entonces regidora, así como sus hijos y nuera, “provino en su totalidad de documentales públicas obtenidas mediante consultas a los sistemas oficiales de transparencia”. Subrayaron: “Todas las informaciones relativas a las actuaciones presumiblemente irregulares de los integrantes de esta familia se relacionaron con uso de recursos públicos, lo que convierte a los hechos en temas de interés público y susceptibles de ser fiscalizados mediante trabajos de investigación periodística, cuyo único interés se basa en la mejora de las prácticas gubernamentales y la correcta aplicación de los recursos que de suyo son públicos”. Los acusados expresaron su inquietud por lo prolongado del juicio, los movimientos en las fechas de la audiencia final y el cambio de jueza. “Lo que está en juego en este proceso (es) el derecho de los periodistas de Guanajuato a realizar investigaciones fundadas en documentos de carácter oficial, para investigar el origen y destino de los recursos públicos utilizados para contratar servicios; el papel y la responsabilidad de quienes ostentan cargos en el gobierno, y las malas prácticas empleadas para contratar servicios de proveedores privados por parte de entidades públicas”. Y plantearon que este primer caso “donde se confrontan el derecho a la información y la libertad de expresión con el derecho privado a la buena imagen pública, debería ser realizado con la mayor transparencia y claridad posibles”. Se espera que la sentencia sea emitida en este mismo mes.