Por acoso sexual y nepotismo, el CJF inhabilita al magistrado Fernando Reza Saldaña

La sede del CJF. Foto: Especial La sede del CJF. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inhabilitó por 10 años al magistrado Fernando Reza Saldaña, integrante del Tribunal Colegiado en materia Administrativa y de Trabajo en Querétaro, denunciado por acoso sexual en contra de 17 mujeres. El órgano jurisdiccional comprobó al menos 10 de las denuncias.

Además, le fincó la responsabilidad por nepotismo, debido a que contrató a la esposa del entonces juez de Distrito Javier Loyola Zosa, hoy magistrado, “en acuerdo y beneficio personal de dicho juez”.

Reza Saldaña también recibió una sanción y fue suspendido “por su falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo”.

En pleno del CJF, encabezado por el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reafirmó su política de “cero tolerancia a la violencia de género”, y sostuvo que “la seguridad de las mujeres es prioridad”.

Añadió: “El combate a la violencia de género y al nepotismo son dos de los ejes principales del CJF, pues representan un cáncer para la sociedad que, de entrada, debe ser combatido desde la trinchera de aquellos servidores públicos que juraron velar por la justicia y los valores constitucionales”.

De acuerdo el CJF, “la vocación de un poder del Estado, como lo es el PJF, es de servicio público. Y son precisamente la ética, el profesionalismo y el absoluto respeto a los derechos fundamentales los valores que definen esa vocación”.

Según información difundida por el diario El Universal, se tiene registro de las denuncias contra Reza Saldaña desde octubre de año 2006, cuando el CJF y la SCJN eran encabezados por el hoy ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón.

Por solicitudes vía transparencia, el periódico confirmó que en dos de las 17 de las denuncias presentadas desde esa fecha –atendidas en el tercer y vigésimo circuito– no se acreditó que Reza Saldaña haya cometido esas conductas; otras trece fueron declaradas improcedentes, una improcedente e infundada, y una más infundada.

Desde octubre de 2017, el magistrado originario de Torreón dejó de despachar en su oficina luego de que fue suspendido tras la presentación de las denuncias, una de las incluso fue interpuesta por una juez de circuito y otras por empleadas del PJF.

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