PUEBLA, Pue. (apro).- La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre se sumaron a la demanda planteada por directivos de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) para reclamar respeto a la autonomía de la institución. Los directivos de facultades y unidades académicas de la UAP hicieron un pronunciamiento donde señalaron una supuesta ilegalidad en las revisiones que la Auditoría Superior del Estado (ASE) pretende realizar en la casa de estudios, con la supuesta intención de “someterla a intereses externos”. En un escrito firmado por 43 directores de unidades académicas de la UAP se explica que en diciembre de 2019 la ASE inició una auditoría y una visita domiciliaria del ejercicio de ese año, lo que violentaría la legalidad, pues se lleva a cabo con base en un esquema inexistente. De igual manera, indica que la unidad fiscalizadora del Congreso local argumentó que realizaría una “auditoría preventiva”, pero esa figura no está contemplada en la Constitución federal. “En el caso de que hubiera pretendido realizar una auditoría en tiempo real, esta facultad sólo le compete a la Federación y requiere tener su origen en una denuncia, misma que en ningún momento se notificó haberse realizado. Es así que se convierte en un inusual e ilegal acto que parece ser más motivado de inmediato con un fin ajeno a la fiscalización”, sostiene el escrito. “Convocamos a la unidad y a la defensa de la autonomía universitaria y condenamos el hostigamiento y los actos ilegales que pretenden afectar la vida interna de nuestra Universidad en un afán de someterla a intereses externos”, destaca el texto. Cabe recordar que, apenas fue electo como titular de la ASE, el empresario Francisco Romero Serrano inició de inmediato la auditoría en contra de la Universidad poblana. Desde el arranque del actual gobierno estatal, el rector Alfonso Esparza ha tenido enfrentamientos públicos con el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Y, desde su nombramiento como auditor, a Romero Serrano se le señaló como un personaje cercano al mandatario, pues incluso fue promotor en su campaña por la gubernatura. Emilio Baños Ardavín, rector de la UPAEP, se pronunció por respetar la autonomía universitaria de la UAP y que el proceso de fiscalización de la ASE se apegue a derecho. "Yo solamente podría levantar la voz en el sentido de que se respete la autonomía de la universidad, que el proceso sea apegado a la legalidad, en tiempo y en forma, y no sólo en formalismos, sino el que tiene que aplicarse como en todo proceso legal", reclamó. En el mismo sentido, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre emitió un pronunciamiento donde acusa que la revisión iniciada por la ASE representa un acto violatorio a la autonomía de la UAP. “…tras el deceso de la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo, en elecciones extraordinarias decidimos acabar con ese régimen en el estado y pusimos al actual gobernador, porque se comprometió a reestablecer el estado de derecho y desarrollar la democracia”, recuerda la organización popular. “Sin embargo, ahora la Auditoria Superior del Estado, presuntamente realiza de manera irregular y sin fundamento una llamada ‘auditoria preventiva’, posiblemente con el propósito de construir pretextos que justifiquen sanciones a la administración de la BUAP e incluso la probable destitución de su rector”. Aunque reconoce que es “obvio” que la administración universitaria está obligada a rendir cuentas de los recursos económicos y materiales que maneja, la institución –subraya-- debe hacerlo ante la comunidad representada por su Consejo Universitario y ante la Federación. Finalmente demanda que entre el gobierno del estado y la administración de la BUAP se establezca “una política de diálogo y negociación con base en el respeto al estado de derecho”.