CNDH crea Oficina Especial para investigar la “guerra sucia”

Los dibujos de algunos de los desaparecidos durante la guerra sucia. Foto: AP / Alexandre Meneghini Los dibujos de algunos de los desaparecidos durante la guerra sucia. Foto: AP / Alexandre Meneghini

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al considerar que las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante la llamada “guerra sucia”, de manera especial desapariciones forzadas “resultaron mera simulación”, sin sancionar a los responsables, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció la creación de una Oficina Especial para “hacer una investigación integral” de los abusos cometidos de los años sesenta a noventa del siglo pasado.

El organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra, hija de la fundadora del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, dedicada a denunciar las desapariciones forzadas, informó en un comunicado que abrió “un expediente de queja que permita la clarificación de dicho periodo y los casos concretos a investigar”.

En un comunicado la CNDH consideró que más de medio siglo de ocurridos esos hechos “es necesario y un derecho humano conocer la verdad de lo ocurrido y acceder a la información completa de esos hechos, ya que la verdad en torno de las desapariciones forzadas del pasado reciente es una necesidad imperante, una obligación ética y una deuda histórica”.

Agregó que para la CNDH que encabeza Piedra Ibarra, “los intentos por esclarecer los hechos del pasado relacionados con violaciones a derechos humanos, en particular la desaparición forzada de personas que formaron parte de movimientos sociales y políticos en las décadas de los años sesenta, setenta, ochenta y noventa del siglo pasado, (…) resultaron mera simulación y en los que no se fincaron responsabilidades”.

Resaltó que “la represión del activismo político, las detenciones arbitrarias, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas ha sido una estrategia de terror aplicada por el Estado que, de acuerdo con el Estatuto de Roma en su artículo séptimo, constituye un crimen de lesa humanidad, por lo cual es tiempo de abrir el paso a la verdad y justicia a las víctimas”.

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Funciones

La Oficina Especial tendrá como funciones realizar investigaciones sobre las desapariciones de la “guerra sucia” para conocer el destino de las personas desaparecidas, considerando “la presunción de vida”, así como establecer “la existencia de violaciones a derechos humanos, conociendo la verdad de lo sucedido”.

El organismo explicó que las investigaciones de las desapariciones forzadas cometidas en los años setenta y ochenta tomará como base “otros mecanismos de Justicia Transicional” como lo fueron la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creado y cerrado durante el gobierno de Vicente Fox, así como la Comisión para la Verdad del estado de Guerrero (Comverdad), “en tanto que documentaron parte de las graves violaciones a los derechos humanos y señalaron la responsabilidad del Estado mexicano”, así como en las investigaciones académicas.

El comunicado no menciona la Recomendación 26/2001 de la CNDH relacionada con violaciones a derechos humanos cometidos durante las décadas de los años setenta y ochenta, y que precisamente dio lugar a la creación de la Femospp que encabezó Ignacio Carrillo Prieto.

De acuerdo a lo descrito en el comunicado, la Oficina Especial implicará la creación de un consejo “conformado por víctimas y familiares de víctimas”, que se encargará de supervisar el trabajo de los integrantes de la nueva dependencia, cuyo titular será “un licenciado en Derecho con título expedido legalmente”.

El organismo explicó que la nueva oficina estará conformada por visitadores adjuntos de la Primera y Sexta Visitadurías Generales, que conocían los casos relacionados con la “guerra sucia”, así como “un grupo interdisciplinario de personas con perfiles profesionales de distintas disciplinas directamente relacionadas con la investigación y determinación de violaciones a derechos humanos: historiadores, abogados, histopatólogos, odontólogos, antropólogos y químicos genetistas forenses, psicólogos, criminalistas, etc.”.

Tras puntualizar la oficina se centrará en casos de desaparición forzada ocurridos entre 1969 y 1999, la CNDH resaltó que la Oficina Especial se abocará a la búsqueda de archivos “que no fueron parte de la apertura de información de sexenios pasados y que lleven a su consulta plena y sin restricciones, como archivos de instituciones psiquiátricas, penales, forenses, de inteligencia, policías locales y federales, militares y los Poderes Ejecutivos y Judiciales”, así como a reforzar con documentos y testimonios “de casos investigados por la Femospp, Comverdad, los archivos de diversas policías y aparato de seguridad del Estado y el Programa de Desaparecidas de la CNDH”.

Alcance de expedientes

El organismo agregó que también se analizará “el alcance que han tenido los expedientes cuyos casos fueron trabajados tanto por la Femospp, la Comverdad y el Programa de Personas Desaparecidas de la CNDH “, y realizará inspecciones a los “sitios de detención clandestina previamente identificados”, y de nuevos señalados, recurriendo a testimonios, “inspección de mapas, planos, fotografías aéreas de la época y diligencias en los lugares por personal de la Oficina Especial, que será acompañado de familiares de las personas desparecidas y/o sus representantes”.

De acuerdo al organismo, la Oficina Especial realizará entrevistas a “ex funcionarios de todos los niveles que pudiesen proporcionar cualquier tipo de información, dando atención especial a ex miembros de aparatos de seguridad del Estado”, situación que “implica hacer un llamado, e incluso la implementación de un programa de incentivos, a quienes tuvieran información verídica que pudieran aportar en la investigación de los casos, sin omitir los testimonios de sobrevivientes, familiares de víctimas y testigos”.

El organismo explicó que la Oficina Especial también tendrá competencia para documentar detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas y ejecuciones arbitrarias; gestionar “la reparación y dignificación de las víctimas y sus familiares, mediante el reconocimiento oficial por el Estado mexicano y sus fuerzas de seguridad de ser los responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos, así como generar las condiciones que pusieron sus vidas en riesgo”.

Al señalar que la Oficina tendrá como objetivos recomendar garantías de no repetición y difundir “los mecanismos institucionales represivos involucrados, así como las tramas represivas del Estado”, el organismo destacó la colaboración con víctimas y familiares de las personas desaparecidas, con sus representantes y organizaciones que los acompañan, para integrar expedientes de queja y revisar las investigaciones previas realizadas, así como cerciorarse “que las autoridades hubieran agotado todas las líneas de investigación que en términos del derecho humano de acceso a la justicia procedieran, además de procurar la información suficiente y que toda autoridad debe proporcionar”.

La CNDH informó que la Oficina Especial “no requerirá de gran presupuesto, ya que se integrará con personal comisionado en diversas áreas de este organismo nacional, y sólo algunas plazas serán creadas ex profeso y se incorporará a ellas nuevo personal”.

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