Matanzas como la del pasado jueves 2 en el penal de Cieneguillas o la fuga del de Aguaruto, en Culiacán, en octubre de 2019, fueron posibles por las pésimas condiciones de ambos centros de reclusión. Esos y otros peligros los señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, en el que advierte de las deficiencias de seguridad, infraestructura y organización que padece un alto procentaje de prisiones del país. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Un partido de futbol en el que participaban miembros del narco en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, derivó en el asesinato de 16 personas la mañana del pasado jueves 2. A decir de las autoridades estatales, durante la jornada de violencia los internos utilizaron pistolas y puntas de fierro para herir y matar a sus contrincantes. Después de las 12:00 horas de ese día, cuando se realizaba la visita familiar con motivo de Año Nuevo y se llevaba a cabo el partido entre los reclusos, se desató la trifulca en el terreno de juego. En la cancha, entre pasillos y celdas, según la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) zacatecana, quedaron regados al menos 12 cadáveres. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó en su informe Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 que las condiciones de “autogobierno” en dicho penal podrían provocar un problema de violencia grave. Ese documento instó a Antonio Solís, director de la prisión de Cieneguillas, a mejorar la vigilancia sobre los custodios y le señaló diversas insuficiencias en el complejo. Pero las autoridades de dicho penal no atendieron las advertencias. En su informe, la CNDH también enlistó varias anomalías, como “insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos”, “insuficiencia de personal de seguridad y custodia”, “presencia de actividades ilícitas”, “deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias” y la más grave: “condiciones de autogobierno”. Un día después del primer enfrentamiento, el viernes 3, Ismael Camberos Hernández, titular de la SSP en el estado, reportó una nueva riña en el reclusorio, con resultado de un muerto y cinco heridos. Ese día, a las 08:30 horas –según la relatoría de Camberos–, internos de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, que poco antes mantenían una alianza, iniciaron una discusión en el que uno y otro bando se acusaron de traición. Uno de los hombres que participaba en la disputa, identificado como miembro del Cártel del Golfo, fue aplastado en medio de una estampida y posteriormente su cabeza triturada con una puerta. En total, esas 48 horas de violencia ocasionaron el asesinato de 17 internos y dejaron heridos a 15. A la mañana siguiente, efectivos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de Zacatecas tomaron el penal para esclarecer los homicidios y evitar más violencia. Pero ya había antecedentes de violencia. Durante 2019 el penal de Cieneguillas reportó 15 riñas y cinco “desórdenes” que produjeron decenas de heridos. Los problemas en la seguridad del complejo penitenciario, donde comparten celdas miembros de Los Zetas con los cárteles del Golfo, de Sinaloa y del Noreste, además de grupos locales, se conocen desde hace una década. El más escandaloso ocurrió en 2009, cuando zetas, con uniformes y patrullas clonadas de la extinta Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal Preventiva, ingresaron a las instalaciones penitenciarias y liberaron a 53 reos. Según la CNDH, en el país hay otras 40 cárceles en condiciones similares a las de Cieneguillas. Entre sus principales deficiencias destacan un alto grado de hacinamiento, presencia del crimen organizado, falta de sanciones para los reclusos y custodios que cometen ilícitos, venta de drogas así como falta de supervisión y de personal. Entre las carencias más apremiantes resaltan la de personal de custodia, de actividades laborales y de capacitación, la falta de separación entre procesados y sentenciados, de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; hay también actividades ilícitas y deficiencia en los servicios de salud, señala el organismo autónomo.

Riñas y motines

Entre octubre y noviembre de 2019 el penal de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, Morelos, fue escenario de cuatro motines en los que resultaron muertas nueve personas entre internos y custodios y al menos 20 heridos. Los enfrentamientos fueron encabezados por miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Los Rojos. La guerra entre esas organizaciones criminales se inició con el asesinato de Ray­mundo Isidro Castro Salgado, El Ray, uno de los cabecillas del CJNG en la entidad. La venganza se extendió a los supuestos perpetradores, identificados con Alexis Oswaldo “N”, El Carretito, hijo de Santiago Mazari, El Carrete, presunto líder de Los Rojos. La CNDH había alertado que la presencia del crimen organizado y deficiencias como la sobrepoblación, combinada con la falta de servicios y personal de custodia, podían hacer de Atlacholoaya un infierno. Dicho centro penitenciario alberga 2 mil 337 reos, cuando su capacidad es de 2 mil 19. El hacinamiento en Atlacholoaya llega a niveles de “violación de derechos humanos” particularmente en el área para mujeres, donde hay una sobrepoblación de 242%, uno de los índices más altos en las prisiones del país. Además, la CNDH le ha señalado deficiencias en prácticamente todos los rubros: la “insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos”, “insuficiencia de personal de seguridad y custodia”, “ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad”, “presencia de actividades ilícitas” y “presencia de extorsiones y sobornos”. Pero Atlacholoaya es sólo una muestra de las deficiencias en el sistema penitenciario mexicano. A decir de la CNDH, 41 reclusorios en 18 estados tienen condiciones similares a las de Atlacholoaya y Cieneguillas: sobrepoblación y hacinamiento, autogobierno, falta de custodios y de instalaciones médicas. Según la Comisión, esta situación recuerda al recién cerrado penal de Topo Chico, Nuevo León, donde en febrero de 2019 fueron asesinados 49 reos y otros 12 resultaron heridos. Así quedó en evidencia que la prisión estaba en manos del crimen, porque las autoridades federales y estatales lo habían abandonado. Los estados con más cárceles deficientes son, según el organismo autónomo: Puebla, con seis; Estado de México, con cinco; además de Veracruz y Tamaulipas, ambos con cuatro. Estas últimas dos entidades, junto con Guerrero, tienen también los sistemas penitenciarios peor evaluados del país. Entre los penales más deficientes destacan el Centro de Reinserción Social de Tecamachalco, Puebla; el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas; el Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo, Guerrero; y el Centro de Reinserción Social de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, en los cuales los internos padecen insuficiencias en seguridad, salud, alimentación y empleo.

Fugas, a la orden del día

El 17 de octubre de 2019 la jornada de violencia que produjo la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán volvió a llamar la atención sobre la falta de seguridad en el penal Aguaruto, en Culiacán. Esa tarde, en medio de bloqueos, enfrentamientos y la toma de la ciudad por el crimen organizado, 55 reos se fugaron del penal. Su director, Eduardo Arturo Bailleres Mendoza, fue destituido. Era el octavo designado en ese cargo en dos años y 10 meses. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, Aguaruto carece de personal suficiente de seguridad y custodia, tiene procedimientos deficientes para imponer sanciones disciplinarias y, de hecho, las funciones de autoridad las ejercen los reclusos. Hay además “presencia de actividades ilícitas y cobros”. No es el único. Según la CNDH, 74% de las cárceles del país padece la “insuficiencia de personal de seguridad y custodia”; en 40% existen actividades ilícitas; y 33% funciona con autogobiernos, principalmente del crimen organizado. Por si fuera poco, en 22% de los penales la colusión entre autoridades y reos, así como la falta de capacitación del personal de vigilancia, facilitan la fuga de presos y el autogobierno. Este reportaje se publicó el 5 de enero de 2020 en la edición 2253 de la revista Proceso