Mochila Segura es “violatorio al derecho a la intimidad”: expertos de la ONU

Programa Mochila Segura, en Guerrero. Foto: José Luis De La Cruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El programa “Mochila Segura” aplicado en escuelas de educación básica en México es “violatorio al derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes”, aseguraron expertos que formaron parte del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y cuestionaron su efectividad para prevenir la violencia en los centros de enseñanza.

En una conferencia virtual titulada: “Infancia y Juventud frente a la crisis y el conflicto social en América Latina y el Caribe. Balance y perspectivas”, los expertos Norberto Liwski, Jorge Cardona y Sara Oviedo reflexionaron sobre la respuesta del Estado mexicano a casos como el ocurrido en Torreón, Coahuila, la semana pasada, cuando un menor de 11 años ingresó armado a su escuela y mató a una maestra, lesionó a otro profesor y a cinco alumnos, y posteriormente se suicidó.

También hablaron del contexto de violencia en que vive la infancia y adolescencia mexicanas en la lucha contra el narcotráfico, al que algunos menores han sido incorporados, muchas veces a partir del reclutamiento forzado.

La conferencia virtual fue mediada por Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien recordó que la política de “Mochila Segura” había tenido observaciones negativas por parte del Comité y había recomendado al país modificar la política de combate al narcotráfico para garantizar los derechos de la infancia y evitar el reclutamiento forzado.

Nota relacionada:

Detienen al abuelo del niño que disparó en colegio de Torreón

Sara Oviedo, de Ecuador, resaltó que la participación de menores en actividades delictivas como el narcotráfico se origina muchas veces en sus propias familias, “en las que son incorporados completamente todos los miembros en actos delictivos, como venta de droga en pequeñas proporciones en las calles”.

Al reconocer que los defensores de derechos de los niños no han visibilizado suficientemente el problema, en el caso de Torreón llamó a “analizar la situación concreta de seguridad del establecimiento educativo”, aunque puntualizó que el programa de “Mochila Segura” es una forma de “criminalizar a los niños, de ir endureciendo sus libertades en respuesta a un hecho dramático”.

A su vez, el experto argentino Norberto Liwski lamentó la criminalización de niñas, niños y adolescentes, “para darle una satisfacción a la sociedad de que se avanza en la lucha contra el narcotráfico”, por lo que convocó a los Estados a “incluir la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes de manera imprescindible en la agenda de la lucha contra el narcotráfico”.

Tras recordar que en Argentina se suscitó hace años un hecho “dramático” como el de Torreón, “un hecho doloroso triste que genera enorme conmoción”, dijo que frente a la tragedia “es un error considerar a las escuelas como ámbito generador de violencia”.

Añadió: “Cuando se instala el concepto de la inseguridad escolar, se agravia a la escuela, a la comunidad educativa, y se crea un falso escenario de tranquilidad social y familiar respecto a posibles hechos de violencia”.

Para el experto, “la historia de ‘Mochila Segura’ es una manifiesta privación de privacidad de los niños”, además de un elemento “anti pedagógico y anti social que está violando derechos”.

El también asesor del Instituto Interamericano del Niño (IIN), organismo especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA), dio cuenta de cifras sobre la situación de pobreza y pobreza extrema en América Latina, donde los menores son las principales víctimas del deterioro económico y social.

Liwski resaltó que los datos duros sobre la situación de pobreza en el continente –de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)– advierten que ha habido un retroceso en los países de la región en los últimos cinco años, reflejado en “un aumento de la desigualdad” social y económica de la población.

Partiendo de 2002, cuando 45% de la población de la región (230 millones de personas) estaba en niveles de pobreza y 12.2% (62 millones) en pobreza extrema, la Cepal establece que entre 2012 y 2014 hubo una leve mejoría al reducirse los niveles de pobreza en 27.8% y la extrema a 7%.

Sin embargo, apuntó Liwski, en 2019 los niveles de desigualdad y pobreza se dispararon nuevamente, con 31% de la población (191 millones) en condiciones de pobreza y 12% (72 millones) en extrema pobreza.

El experto apuntó que entre la población menor de 18 años la desigualdad tiene efectos devastadores, pues mientras entre los marginados 77% no terminaron la escuela secundaria, para los provenientes de familias de ingresos medios el porcentaje fue de 10%.

De igual manera, resaltó que, a 30 años de la aprobación de la Convención Internacional del Niño, otras violencias que les ha tocado sufrir a los menores en América Latina tienen que ver con la “violencia política”, derivada de la protesta social en diversos países en los que los adolescentes han sido protagonistas, como en Chile.

En este contexto, el experto hizo referencia a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como un asunto que “se mantiene en la impunidad, sin que hasta la fecha haya certeza de su destino”.

Jorge Cardona, abogado español y catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia, resaltó que siendo diversas las causas de la violencia, en todos los casos “las niñas, niños y adolescentes implicados en ella son víctimas y no victimarios”.

Tras señalar que no sólo la exclusión social, sino los medios de comunicación tienen una “enorme responsabilidad en la criminalización de la adolescencia” en contextos de violencia, Cardona destacó que en América Latina el acceso a la educación de calidad “sólo es para una élite”, de ahí que “si el sistema educativo expulsa a los más marginados y éstos terminan sin nada qué hacer, quedan a merced de bandas organizadas que los utilizan”.

El involucramiento de la infancia o la adolescencia en temas de violencia, abundó, “son efectos de otras causas”, a las que los Estados deberían enfocarse en lugar de criminalizar.

En ese sentido, llamó a combatir “la inequidad, exclusión, desigualdad económica, exclusión social, mala calidad de la educación y la falta de acceso de oportunidades”, detonadores de distintas problemáticas que estarían afectando a la infancia y a la adolescencia.

En cuanto a la reacción del gobierno mexicano ante la tragedia en Torreón, Cardona puntualizó que la solución “no es el Estado policial”, y el programa “Mochila Segura”, dijo, “es un atentado a la intimidad de los niños”.

Señaló que el programa de distribución de recursos públicos encaminado a tener entre los adolescentes a “becarios y no sicarios” es una “buena decisión, lástima que no se haga para luchar contra la inequidad y por el acceso a la educación con independencia de su nivel económico”.

Comentarios

Load More