Ponen bajo llave documentación de la DIPS para someterla a un “proceso de revisión”

Archivo General de la Nación. Foto: Benjamín Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los investigadores que cotidianamente acuden al Archivo General de la Nación (AGN) para consultar la memoria histórica del país se llevaron una desagradable sorpresa el pasado lunes 6: la documentación de la extinta Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS), concentrada en más de 5 mil cajas, será puesta bajo llave para ser sometida a un “proceso de revisión”.

Ante la molestia de los estudiosos dedicados a hurgar el pasado de la policía política, el jueves 9 el AGN intentó aquietar la inconformidad, y a través de su cuenta de Twitter emitió una nota informativa donde precisó que la colocación del aviso obedeció a un “error involuntario” del personal responsable.

Pero lo cierto es que semanas antes se instruyó a los trabajadores sobre la medida, con el argumento de que supuestamente respondía a la puesta en vigor de las “políticas para la consulta de documentos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos (DDHH)”, anunciadas desde agosto del año pasado por Marco Palafox Shmid, director de Asuntos Jurídicos del AGN, y Mariana Gayosso, directora de Archivo Histórico Central.

Dichos parámetros responden al acuerdo presidencial publicado el 28 de febrero de 2019 en el Diario Oficial de la Nación, donde se establece la transferencia de documentos históricos relacionados con violaciones a los derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción.

En las “políticas” se establecía que a partir del 6 de enero de 2020 los usuarios de estos acervos podrían acceder a la documentación de forma directa cuando no contenga “datos personales de naturaleza sensible” y mientras el estado de preservación lo permita o, en su defecto, por medio de una versión pública testada, a fin de proteger la “información que afecta la esfera más íntima del individuo”.

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Según esos parámetros, el Comité de Transparencia del AGN –conformado en su mayoría por abogados– aprobó un “criterio novedoso” en marzo de 2019, bajo el cual justifican la eliminación de información de la versión pública de algún personaje cuando “no se advierta que sean servidores públicos”, “no se advierta que representen a algún sector social” o “no se advierta que sean dirigentes de algún movimiento político”, como se lee en casi cualquier versión pública revisada a partir de 2019.

De acuerdo con la nota informativa que el AGN difundió en las redes sociales, todos esos criterios para consulta han sido respaldados y validados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de las resoluciones RRA/5199, RRA/7373 y RRA/10070, emitidas recientemente.

A decir de no pocos investigadores, las implicaciones de esta medida resultan inquietantes, pues con esos criterios tan estrechos los historiadores tendrían que continuar escribiendo la “historia de bronce”, como llamó Luis González a la historia decimonónica que resalta las hazañas de los “grandes hombres”, y descartar, por ejemplo, la posibilidad de nuevos estudios históricos sociales, políticos, militares, ambientales, de la vida cotidiana, biográficos, prosopográficos, de las clases subalternas, entre muchos otros enfoques, ya que estos acervos contienen una riqueza informativa no sólo textual, sino también gráfica y audiovisual.

Frente a las ambiguas disposiciones y la instrumentación de criterios inadecuados para acceder a la documentación de carácter histórico relativa al fondo de la Secretaría de Gobernación, que ha ocasionado el descontento de investigadores nacionales y extranjeros, el próximo jueves 16 el AGN presentará una nueva estrategia para “promover un criterio que posibilite la consulta de dichos documentos sin testar”.

Ana Galindo, jefa del centro de referencias del AGN, afirmó que será posible consultar de manera directa los documentos que estén fechados de 1920 a 1949, mientras que los creados o gestionados por la DIPS de 1950 a 1982 serán accesibles sólo por medio de peticiones de información en formato de versiones públicas.

Además, abundó, sólo podrán solicitarse expedientes individuales y no cajas completas, puesto que todos pasarán por un proceso de revisión previo para rectificar su temporalidad.

La sección DGIPS del fondo Secretaría de Gobernación es uno de los acervos más importantes de la historia nacional. Fue abierto parcialmente en junio de 2002 por acuerdo presidencial del entonces mandatario Vicente Fox, supuestamente con el fin de investigar violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad relacionados con los movimientos políticos y sociales del pasado.

Este acervo de la historia ha sido revisitado por historiadores nacionales y extranjeros, e integra documentación producida por las agencias de inteligencia mexicanas de 1920 a 1982: el Departamento Confidencial de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil; la Oficina de Información Política y Social de Lázaro Cárdenas; el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales de Manuel Ávila Camacho, y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, después llamada Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, de Miguel Alemán en adelante.

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