MEXICALI, B.C., (apro).- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, destacó ante los medios nacionales que investiga a su antecesor, el panista Francisco Vega de Lamadrid, por un posible desvío de recursos, sin embargo omitió decir que la Fiscalía Anticorrupción en la entidad carece de “personalidad jurídica”, por lo que cualquier acusación puede ser recurrida por el afectado. El pasado 19 de diciembre, el secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, interpuso una denuncia contra el gobierno saliente por un desvío de mil 200 millones de pesos, el cual se habría efectuado a través de la contratación de servicios con 90 empresas fantasmas. Este día, previo al encuentro del gobernador con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el ejecutivo bajacaliforniano expresó: “sí hay denuncias, falsificación de facturas y porque falta dinero en las participaciones federales, la fiscalía estatal atrae las investigaciones”. Aunque el secretario general de gobierno interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ésta no pudo iniciar las indagaciones ya que esa área corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, la cual para ese momento no contaba ni con un reglamento ni con titular. A pesar de que al siguiente día el congreso local nombró como fiscal anticorrupción a Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, ésta aunque realice investigaciones y encuentre elementos suficientes para considerar responsabilidad penal y pida formalmente a un juez que habrá un proceso penal, el afectado, en este caso el exgobernador Francisco Vega, puede apelar bajo el argumento de que la fiscalía “no existe” porque “no cuenta con personalidad jurídica”. Por si fuera poco, la Fiscalía Anticorrupción no forma parte del esquema de la Fiscalía General del Estado. Si lo fuera, aunque no tuviera personalidad jurídica, podría apelar a que forma parte de la FGE y así alegar que su denuncia e investigación sí tiene validez. La Fiscalía Anticorrupción en el estado de Baja California es autónoma, pero no tiene personalidad jurídica ni presupuesto propio, lo que la hace un ente sin dientes. En el estado, además del posible desvió de 1,200 millones de pesos, existe una denuncia contra exfuncionarios del gobierno del propio Jaime Bonilla, a quienes se les acusa de haber realizado “el pase de charola” entre empresarios a cambio de futuros contratos con el gobierno del estado. Esta denuncia, aunque llegara a la Fiscalía Anticorrupción, tampoco tendría validez porque como se dijo, no tiene personalidad jurídica, por lo tanto, jurídicamente no existe. Y ello beneficia no sólo a los funcionarios de Kiko Vega salientes y al propio exgobernador, sino también a los actuales empleados morenista.