Decisión de la SCJN sobre Comité de Participación Ciudadana neutraliza contrapeso para gobierno de BC

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, a prueba. Foto: Eduardo Miranda El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, a prueba. Foto: Eduardo Miranda

MEXICALI, BC (apro).- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalida diversas disposiciones en la integración del Comité de Participación Ciudadana, neutraliza el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), único contrapeso del gobierno morenista, y abre la puerta a un control de Jaime Bonilla sobre el organismo.

Este martes, el máximo tribunal del país determinó que los artículos 16 y 17 de la Ley del SEA son anticonstitucionales. Ello, porque el Comité Nacional de Participación Ciudadana está integrado por cinco ciudadanos, pero en el caso de Baja California cuenta con 15 espacios.

Además, en el Sistema Nacional Anticorrupción, los cinco ciudadanos perciben una remuneración, mientras que en la entidad 10 están por honorarios y cinco no perciben pago alguno. Ello fue considerado inequitativo por la Corte.

La resolución obligará al Congreso local a modificar la ley para que sólo haya cinco integrantes ciudadanos, pero eso tendrá un efecto negativo que beneficiaría al gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Lo anterior porque el Sistema Estatal Anticorrupción cuenta con tres instancias: el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y la Comisión Ejecutiva.

El Comité Coordinador es la autoridad máxima, con 11 representantes del gobierno y 15 ciudadanos (los mismos que la Corte pretende se reduzcan a cinco para estar en igual número que el Sistema Nacional).

Al reducirse, la composición le daría al gobierno estatal 11 asientos contra cinco de la ciudadanía, lo que provocaría un desbalance en la representación, y el gobierno del morenista tendría bajo su égida al SEA.

Los actuales 15 ciudadanos fueron electos por el Congreso anterior, mayoritariamente panista, y aunque la posición pasó a ser una “agencia de colocación donde ubicaron a gente a modo”, podían servir de contrapeso al actual gobierno.

Al considerarse inconstitucionales los artículos de la Ley y obligar a una reducción de ciudadanos, los actuales diputados locales tendrían que elegir a los nuevos consejeros.

El Congreso local cuenta con 25 diputados, de los cuales 17 son de Morena, por lo que las propuestas que ha presentado el gobernador, entre ellas el aumento de impuestos, se han aprobado sin discutir y sin conocer el contenido de los cambios.

De ahí el temor de que los próximos cinco consejeros también sean impuestos por el gobierno estatal a través de los diputados morenistas.

Y aunque fueran electas personas ajenas a cualquier partido o no sean afines al gobierno de Jaime Bonilla, éste no perdería el control sobre las resoluciones del SEA, hasta el momento único contrapeso que tiene el morenista.

El único beneficio que genera la resolución de la Corte es un ahorro de 150 mil pesos al mes, ya que se dejaría de pagar la remuneración de 30 mil pesos a 10 de los 15 ciudadanos.

Estos 10 ciudadanos, que se consideran posiciones del Partido Acción nacional (PAN), cabildearon en septiembre de 2018 ante el Congreso local para que su pago fuera de 84 mil pesos, sin embargo, el Sistema Estatal Anticorrupción pudo frenar la demanda y el pago quedó en 30 mil pesos.

Tras rechazarse el pago por 84 mil pesos, uno de los 10 ciudadanos renunció al cargo y hay tres que este 2019 concluyeron su labor. Sólo trabajan seis que reciben pago y cinco no perciben remuneración alguna, entre ellos el presidente del Sistema, el empresario José Francisco Florentini Cañedo.

El SEA resulta vital en Baja California porque, a diferencia de otros, sus decisiones son vinculantes, lo que implica que las políticas públicas que se establezcan tienen que ser acatadas por el gobierno.

Además, cuenta con mayor poder y dientes que la Fiscalía Anticorrupción Estatal, ya que firmó un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera, que lo llevaría a obtener información o compartirla con las autoridades y a la vez “acorralar” al gobierno para que se investigue y castigue la corrupción.

Sin embargo, con la resolución de la Corte, los dientes y el poder del Sistema dejan de ser y pasaría a ser un organismo controlado por el gobernador en turno.

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