Gobernador de Yucatán cancela impuesto de infraestructura tecnológica para la seguridad pública

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Foto: Facebook @mauriciovilad Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Foto: Facebook @mauriciovilad

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Ante la creciente inconformidad de la ciudadanía, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció la cancelación del nuevo impuesto de infraestructura tecnológica para la seguridad pública, que pretendía recaudar a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

No obstante, anunció nuevas medidas de austeridad, entre ellas otro “adelgazamiento burocrático”, para afrontar la inversión que su gobierno continuará haciendo en materia de seguridad.

En diciembre pasado, el Congreso local aprobó al Ejecutivo el cuestionado paquete fiscal, que incluyó una serie de aumentos a los impuestos que ya existían, así como la creación de nuevos derechos, como el de infraestructura tecnológica para la seguridad pública.

La justificación fue el recorte en las aportaciones del gobierno federal previsto para este año.

La medida generó una creciente inconformidad entre la ciudadanía, e hizo caer a Vila 17 peldaños en la tabla de calificación de los gobernadores.

También provocó una ruptura entre los diputados locales de la bancada del Revolucionario Institucional (PRI), que aprobaron la impopular iniciativa, y la directiva estatal del partido, que a su vez impulsó una campaña para que los ciudadanos se ampararan contra los nuevos impuestos.

Además, Vila entró en conflicto con la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, quien semanas atrás expresó en su cuenta de Twitter que los recibos de la CFE no podrían ser usados para cobros ajenos a ese servicio, a lo que el gobierno estatal respondió con la exhibición de un oficio emitido por un funcionario menor de la CFE que decía que la petición era viable.

Entonces también advirtió que continuaría las gestiones a otros niveles, pero el director general Manuel Bartlett Díaz denegó la petición del gobierno yucateco.

Esta mañana, en un mensaje que dirigió a los yucatecos desde el Salón de la Historia del palacio de gobierno, Vila Dosal, quien el próximo domingo 19 rendirá su primer informe de gestión, aseguró que su gobierno “es cercano y escucha a los ciudadanos”, y por ello desistió del cobro del impuesto señalado.

De igual manera, precisó que aunque no se pudo hacer el cobro de este nuevo derecho a través de los recibos de la CFE, tampoco se activarán otros mecanismos de recaudación alternativos, entre los que se habían considerado los recibos del impuesto predial o el agua potable.

No obstante, advirtió que en materia de seguridad continuará la inversión.

“Sin bajar la guardia un centímetro, he tomado la determinación de continuar con la inversión en mantenimiento de la seguridad. Sin embargo, ésta será financiada ampliando las políticas de austeridad que están en marcha desde el primer día de esta administración”.

Añadió: “Seguiremos haciendo más con menos, con la firme convicción de que todo sacrificio que hagamos será para proteger uno de los bienes más preciados de las familias yucatecas, que es su seguridad”.

El gobernador recordó que para recaudar el nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública se realizaron gestiones con la CFE, que vía el oficio SSB/DW 01/0335/2019, con fecha 5 de noviembre de 2019, señaló que “[…] considera que es viable y está facultada para realizar el cobro de servicios distintos al suministro eléctrico a través de contratos de colaboración con entidades estatales”.

“Incluso, la paraestatal tasó la contraprestación a ese servicio: 5.8% más IVA de lo recaudado. Y siguiendo con estas gestiones, nos reunimos ayer martes 14 de enero con el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, quien nos informó que el cobro del nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública no era viable a través del recibo de la paraestatal, lo cual fue notificado horas después de manera oficial”, detalló el mandatario estatal.

Comentó que el resultado de esa reunión encaminaba al gobierno del estado a “un conflicto jurídico con el gobierno federal”, pues “como estado soberano estamos en nuestro derecho de interponer los recursos jurídicos pertinentes”.

“Sin embargo, como ustedes saben, la convicción de esta administración es que los ciudadanos ya no quieren confrontaciones estériles sino resultados tangibles”, argumentó Vila Dosal, quien ha sido exaltado públicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador como “un buen gobernador”.

En su discurso, el panista, ofendido, sostuvo que “la seguridad de los yucatecos no se defiende en los tribunales, sino en nuestras calles y hogares. La defensa del estilo de vida de los yucatecos no merece atrasos ni distracciones. La seguridad de las familias yucatecas es tan importante que no podemos permitir que sea rehén de intereses mezquinos o víctima de intereses políticos”.

Asimismo, dijo que instruyó al consejero jurídico del gobierno estatal, Mauricio Tappan Silveira, para que “de inmediato active el instrumento legal correspondiente para que el nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública quede sin efectos”.

Añadió que hizo lo propio con la secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, “para que refuerce las medidas de austeridad anunciadas al inicio de esta administración, y los yucatecos sigan disfrutando de la calidad de vida a la que están acostumbrados”.

Agregó: “Todos los apoyos y los servicios se seguirán otorgando y mejorando. Específicamente, he ordenado que ningún mando medio y superior de este gobierno goce de aumento de sueldo, que se adelgace la estructura burocrática que no tenga que ver con prestación de servicios básicos y que se amplíen en general las medidas de ahorro presupuestal tomadas en esta administración”.

Recordó que el Presupuesto de Ingresos y Egresos para 2020 se elaboró con base en un diagnóstico en el que se alertaba “con claridad que la Federación había dejado de enviar recursos que en términos reales ascendían a 3 mil 860 millones de pesos”.

Sin embargo, apuntó, superaremos este reto con eficacia, disciplina financiera y transparencia. Y reiteró que no hay tiempo que perder en litigios ni en confrontaciones estériles en las que nadie gana. “Estos son tiempos de cambio y la transformación de Yucatán no puede esperar”, soltó.

La directiva estatal del PRI, que preside Francisco Torres, celebró como “legítimo triunfo de la sociedad” el anunció del mandatario.

En un comunicado destacó que “ante la genuina exigencia social y claros señalamientos sobre el atropello a la economía de las familias yucatecas que representaba el nuevo impuesto estatal en materia de seguridad, la CFE declina brindar el servicio de recaudación al gobierno de Mauricio Vila y el gobierno estatal da marcha atrás al cobro de dicho gravamen”.

Subrayó: “Tal y como señalamos en el Partido Revolucionario Institucional de Yucatán, una verdadera política de austeridad y el ajuste presupuestal a los gastos superfluos plasmados en el paquete fiscal 2020 son el camino para no cobrar nuevos impuestos a la sociedad yucateca”.

El PRI yucateco –expresó– celebra que el gobierno estatal haya tenido que dar marcha atrás al cobro del nuevo impuesto en materia de Seguridad, denominado “Derecho a la Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública”, toda vez que se trata de un triunfo legítimo de la sociedad en su conjunto y no de un tema político, como pretendieron hacer creer a la sociedad para desacreditar el rechazo al nuevo gravamen.

“Es claro que la CFE declinó brindar el servicio de recaudación al gobierno de Mauricio Vila ante la genuina exigencia social y claros señalamientos sobre el atropello a la economía de las familias yucatecas que representaba el nuevo impuesto estatal en materia de seguridad”, dijo, y advirtió que el partido continuará en la revisión jurídica del cobro de los otros impuestos y derechos.

“Como el derecho al transporte de carga, el impuesto a la compra-venta de vehículos usados, el aumento al cobro del impuesto al hospedaje, así como el ‘cobro excesivo’ al reemplacamiento vehicular o los ajustes desproporcionados a los valores catastrales municipales, que derivan en un aumento descomunal en el pago del impuesto predial y un impacto directo a la economía de las familias yucatecas”, detalló.

A su vez, el Partido Acción Nacional (PAN), que encabeza Asís Cano Cetina, reconoció “la disposición del gobierno del estado de evitar cualquier tipo de confrontación que ponga en riesgo el desarrollo de Yucatán”.

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