Estudiantes chilenos y su boicot a una prueba clasista

Estudiantes chilenos protestan contra la Prueba de Selección Universitaria fuera de su escuela en Santiago de Chile. Foto: AP Fernando Llano Estudiantes chilenos protestan contra la Prueba de Selección Universitaria fuera de su escuela en Santiago de Chile. Foto: AP Fernando Llano

VALPARAÍSO (apro). El gobierno de Sebastián Piñera no pasó su primera gran prueba de 2020: la aplicación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) que debían presentar casi 300 mil estudiantes y que se “desarrolló” entre el lunes 6 y el martes 7.

Los estudiantes secundarios (su equivalencia en México es la de bachilleres) –los mismos que con sus protestas contra el alza del pasaje del Metro de Santiago detonaron la revuelta social en curso– boicotearon exitosamente la prueba, desatando la furia del gobierno.

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) alertó el viernes 3 del sabotaje: “En asamblea decidimos movilizarnos en contra de la PSU (…) El 6 y 7 de enero no será una fecha de normalidad para las secundarias #NoMasPSU”, señalaron en Twitter.

Las distintas generaciones de secundarios se han quejado desde hace lustros de que la PSU es una prueba que refleja y reproduce las feroces inequidades de la sociedad chilena.

En el test de 2017 el puntaje promedio entre los estudiantes de liceos municipales (estatales) fue de 458 puntos, mientras que el de los establecimientos particulares fue de 660 puntos.

En 2018 el patrón segregador se repitió: de los 50 establecimientos educacionales con mejores resultados, 48 fueron particulares y sólo dos municipales. Además, las cinco comunas con mejores resultados pertenecían a la zona oriente de la Región Metropolitana, el “barrio alto” de Santiago.

Los pobres, sin oportunidad

Salvo contadas excepciones, los pobres quedarán fuera de la universidad, mientras que los ricos, a menos que no quieran, podrán continuar estudios superiores.

El lunes 6, protestas estudiantiles (que se replicaron en casi todas las regiones del país) implicaron que la prueba de lenguaje no fuese realizada por 39 mil 907 postulantes (13.4%).

En Valparaíso –sede del Poder Legislativo– manifestantes irrumpieron en al menos cuatro liceos en los que se aplicaba la PSU. Levantaron barricadas en las entradas de los planteles y se apropiaron de las pruebas, que luego quemaron en la vía pública, como ocurrió en el colegio San Pedro Nolasco, a una cuadra del Congreso Nacional.

En Santiago hubo innumerables protestas en las afueras de los centros que aplicaban la prueba de selección, pese a lo cual no hubo incidentes que comentar entre estudiantes y manifestantes, y a que muchos aspirantes expresaron su pesar por no poder dar esta prueba de ingreso a la universidad.

Hubo muchos casos en que los jóvenes que iban a la prueba se unían espontáneamente a expresiones de protesta contra el sistema educacional, el gobierno y los Carabineros. El ya clásico “¡el que no salta es paco! (carabinero)” se escuchó fuerte en el Liceo 7 de Ñuñoa (Santiago) mientras el programa matinal Bienvenidos –de Canal 13– transmitía en directo la mañana del martes 7.

Ese día el problema se agudizó, puesto que nuevas protestas supusieron la suspensión de las pruebas de matemáticas (las de ese día) en decenas de otros establecimientos, lo que determinó que 82 mil 252 personas (27.7% del total) no rindiera el examen.

La situación se volvió aun más caótica la tarde del martes 7: la filtración en redes sociales del test de historia obligó a las autoridades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch) a suspender esa prueba, para la que estaban inscritos más de 202 mil estudiantes. Esto ocurría a las 14:00 horas, 30 minutos antes de que comenzara su aplicación.

El Cruch decidió el jueves 9 cancelar definitivamente para este ejercicio la realización de la prueba de historia y reprogramar las de lenguaje, matemáticas y ciencias, que debían aplicarse el lunes 27 y el martes 28.

Estas pruebas se darán en un marco de fuerte control policial, como anunció este martes 14 el subsecretario de Interior, Juan Galli.

Responsables

La suspensión de la PSU sigue exhibiendo las flaquezas de la conducción política del presidente Sebastián Piñera, quien no ha podido dar gobernabilidad al país.

En noviembre Piñera debió suspender la realización del Foro Apec Chile 2019, al que ya habían conformado asistencia varios de los más importantes líderes mundiales. Tampoco pudo organizar la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25) que debía realizarse en la primera quincena de diciembre en Santiago.

Desde el 18 de octubre Chile es un país semiparalizado y la hecatombe social y política que ha supuesto la cancelación de la PSU ha sido respondida de manera torpe por el gobierno. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, responsabilizó al Cruch y a la ACES de lo sucedido.

Concentró las críticas en los estudiantes: “La violencia tuvo cara y tuvo nombre. Acá hay voceros y organizaciones como la ACES que llamaron a ejercer la violencia. No hay disculpas por parte de la Fiscalía para hacer valer responsabilidades”.

Piñera señaló vía Twitter: “297 mil jóvenes debían rendir PSU, pero + de 80 mil no pudieron pq (sic) un grupo de violentistas les arrebató ese derecho. Serán juzgados y sancionados x la Justicia y los estudiantes tendrán otra oportunidad de rendir la prueba e iniciar una nueva vida en Ed. Superior”.

Estos ataques preparaban el terreno para una dura medida: el miércoles 8 Galli anunció que el Ejecutivo había invocado la Ley de Seguridad del Estado contra dirigentes de la ACES, por “incitar y promover” el boicot a la prueba de ingreso a la educación superior.

Galli específicamente indicó que se presentaron 16 querellas contra 34 personas, entre ellas el vocero de la ACES, Víctor Chanfreau, quien ha sido transformado por el gobierno de Piñera en su principal enemigo.

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Chanfreau, de 18 años, es nieto del estudiante de filosofía y militante del mítico Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el chileno francés Alfonso Chanfreau, detenido, torturado y hecho desaparecer en agosto de 1974.

“Cuando me tocó asumir la vocería tenía un objetivo, acabar c/injusticias q viene hace + de 40 años. Él es mi abuelo por el q se me ha insultado, detenido desaparecido y aun buscamos justicia. La querella del gob. NO nos asusta, #NoMasPSU no es violencia sino justicia @AcesChile”, escribió este recién egresado del Liceo Manuel de Salas, de Ñuñoa.

La Ley de Seguridad del Estado –promulgada en 1958 por el presidente Carlos Ibáñez del Campo (“el Perón chileno”)– acelera los procesos judiciales y reduce las garantías de la defensa, favoreciendo las excesivas condenas.

El doctor en derecho y académico de la Universidad de Chile, Claudio Nash, dijo en Twitter respecto de la persecución contra la dirigencia secundaria: “Definitivamente lo único que le interesa al Gobierno es profundizar el conflicto y generar un contexto para justificar su apuesta por la represión, sin solucionar los problemas de fondo. Ahora usa Ley de Seguridad del Estado contra niños y niñas. Violencia escalará. ¿Eso busca?”

Los medios masivos, especialmente la televisión, se han sumado a la criminalización de los estudiantes, llegando a imputarlos de pretender imponer una “dictadura”, como hizo la periodista Monserrat Álvarez en el noticiario de Chilevisión, del viernes 10, al entrevistar a Chanfreau.

El rol de los secundarios

Una de las cosas que más ha sobresalido del estallido social, es el rol que en él han tenido los estudiantes secundarios. Tal vez previendo la fuerza de su despertar, Piñera –quien asumió el 11 de marzo de 2018– promovió desde un principio de su mandato un fuerte castigo contra ellos.

Inicialmente, los más afectados con este proceder fueron los estudiantes de liceos emblemáticos de Santiago, como el Instituto Nacional, en el que se han formado 18 presidentes de Chile. En las semanas y meses previos al estallido social, éstos fueron objeto de feroces cargas policiales, que incluyeron golpizas en sus propias aulas.

Los institutanos, junto a estudiantes de otros liceos “emblemáticos”, habían encabezado el rechazo a la ley “Aula Segura”, promulgada por Piñera en noviembre de 2018. Esta, en los hechos, criminaliza la participación política de los estudiantes al facultar a los directores a expulsar a quienes “estén involucrados en actos violentos y que causen daños a la institución o generen algún perjuicio a quien forme parte de ella”.

El Premio Nacional de Historia (2006) Gabriel Salazar sostiene que “el rol de los adolescentes en la historia del país es extremadamente interesante”.

En entrevista con Apro fundamenta esta apreciación: “Ellos están en una edad en que tienen una extraordinaria sensibilidad a todas las cosas, que se vuelca, poco a poco, hacia el mundo adulto”.

Estima que esa etapa de la vida se caracteriza por “una sensibilidad crítica, porque cuando salen de la infancia, donde adoran al papá, a la mamá –cuando los tienen– están en la etapa en la que, por afirmar su yo, pueden ver críticamente el mundo de los adultos”.

Sigue: “Entonces, en la medida que ven lo que está pasando con los papás, sus deudas, la desesperación por poder pagarlas, por el costo de la educación, de la salud, de la cuota del auto, etc., ellos perciben ahí una situación crítica, que rechazan, pero que al mismo tiempo no logran definir en profundidad, aunque intuyen la salida”.

Salazar –autor del emblemático libro Labradores, peones y proletarios (1985)– estima que el actual proceso social –al que define como una “revolución”– le debe mucho al movimiento secundario. Subraya que sus movilizaciones de 2001 –conocidas como el “mochilazo”, en que unos 70 mil estudiantes protestaron durante una semana en Santiago– “fue la primera reacción al modelo masivo que hubo en Chile… y fue hecha por adolescentes”.

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De ese proceso rescata la concepción de que “la asamblea manda”. Esto implica, reflexiona, que dejaron de conducir el proceso los dirigentes y los partidos: comenzó a mandar la asamblea.

“Por eso crearon ellos esta función del vocero, que habla por la asamblea. No desde sí mismo y no desde los partidos políticos”, remarca Salazar.

El historiador y sociólogo de la Universidad de Chile afirma que el “mochilazo” es un antecedente directo del “pingüinazo” (2006), “en que un millón 400 mil se manifestaron”.

Expresa:

“El mochilazo y el pingüinazo siguen una misma línea. El 2011 empieza el movimiento estudiantil universitario y también las manifestaciones en asambleas territoriales”.

Salazar sostiene que el movimiento estudiantil universitario de 2011 no logró cuajar esta propuesta de organización en asambleas. Pero esto lo contrasta con la actual movilización: “Ahora salen los secundarios con esta otra manera de luchar contra el modelo que es, en palabras de Clotario Blest (fallecido líder histórico del movimiento sindical chileno), la acción directa, desobediencia directa, el ataque a la materialidad, el sabotaje al modelo”.

Y afirma que “los estudiantes secundarios nos están enseñando hacia dónde hay que caminar”.

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